Alberto Fernández profundizará la pelea contra la Justicia para no hablar de economía, dólar e inflación

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El Presidente se corre de la gestión del día a día y profundiza su enfrentamiento contra la Justicia. Sergio Massa se mantiene al margen y reza porque la inflación de 2022 no llegue al 100%.
Mariano Obarrio
por Mariano Obarrio | 

El presidente Alberto Fernández profundizará la pelea contra la Justicia para desplazar a la economía de la agenda de 2023

El presidente Alberto Fernández profundizará la pelea contra la Justicia para desplazar a la economía de la agenda de 2023

El presidente Alberto Fernández eligió la agenda para la campaña electoral de 2023. Con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Kirchner montará un escenario de conflicto permanente sobre el Poder Judicial. Apelará a todo tipo de denuncias con o sin pruebas contra los jueces federales y contra la Corte Suprema, y evitará hablar de la economía, la pobreza, el dólar y la inflación.

“Se viene una campaña muy sucia, mugrienta, habrá carpetazos para todos lados. Se conocerán más hackeos y mostrarán conversaciones truchas de todos los opositores”, señalaron a A24.com fuentes de Juntos por el Cambio. No se descarta que los partidos miembros de esa alianza se reúnan para acordar posturas comunes, pero por ahora están de vacaciones.

La agenda real que gestiona Sergio Massa, ministro de Economía, la inflación, la acumulación de dólares y el tipo de cambio, quedará en un segundo plano para el Presidente. En los principales despachos de la Casa Rosada se resignan a que no hay buenas noticias para 2023 y apelará a la otra agenda electoral, según fuentes oficiales.

Hay estudios en la administración que indican que el dólar blue podría terminar el año electoral en 550 pesos y que el tipo de cambio oficial podría sobrepasar los 220 pesos previstos en el Presupuesto 2023 y acercarse a los 300.

La inflación de diciembre, arriba de 5%

¿De cuánto será la inflación de noviembre? (Foto: pexels)

¿De cuánto será la inflación de noviembre? (Foto: pexels)

Por lo pronto, según pudo saber A24.com, el índice de inflación de diciembre del Indec, que se conocerá el próximo jueves 12, podría superar el 5% mensual, por encima del 4,9% celebrado como un triunfo para noviembre. Los precios de los alimentos en el verano caliente y la temporada turística empujan los precios hacia arriba.

Aunque en el ministerio de Economía festejan como un triunfo si la suba se da en torno al 5,2%. Incluso se ilusionan con que puede ser menos. «Diciembre siempre es un mes de inflación muy alta», aclaran cerca de Massa. De hecho, están mirando algunos números de consultoras privadas como EcoGo (Dal Pogetto), PxQ (Alvarez Agis) o Ecolatina que dan en promedio subas del 5%.

De confirmarse esos números la inflación anual de 2022 sería inferior al 100%, el número más temido por el Gobierno. Los números igual son altisimos y alarman a futuro: “En un supermercado de Mar del Tuyú yo no veo Precios Justos”, dijo una diputada de la oposición a A24.com. Se puede comprobar en los distintos puntos turísticos que los valores de la hotelería, la gastronomía y los alimentos saltan por encima del cerco de los acuerdos de precios.

La otra agenda, los jueces y la Corte Suprema

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, anunció ayer que el Presidente enviará la semana próxima al Congreso el DNU de convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del 16 de enero para abrir el debate parlamentario del juicio político a los miembros de la Corte Suprema. También, quiere incluir en ese período proyectos de ley prioritarios para Massa: economía del conocimiento, blanqueo de capitales, agroindustria e hidrógeno verde. Con ellos busca asegurar la acumulación de dólares en el Banco Central y mostrar una señal positiva ante el Fondo Monetario Internacional.

Pero Juntos por el Cambio y el resto del arco opositor son reticentes a tratar cualquier ley en este clima de confrontación. “No hay clima para acordar nada”, dicen en Juntos por el Cambio.

Y menos aún tratarán el juicio político a la Corte Suprema. Es posible que el Frente de Todos logre dictamen de la Comisión de Juicio Político en medio de un escandaloso debate que quieren montar en el verano para acaparar la agenda política y disimular el malestar económico general. El distractivo del Mundial de Futbol de Qatar quedó superado.

Los culpables del malestar de la gente, los jueces

Tras la condena a Cristina Kirchner: dos amenazas de bombas falsas en el Palacio de Tribunales y Comodoro Py (Foto: NA).

Tras la condena a Cristina Kirchner: dos amenazas de bombas falsas en el Palacio de Tribunales y Comodoro Py (Foto: NA).

Según pudo saber A24.com de altas fuentes oficiales, el Presidente y la vicepresidenta tienen un acuerdo en procurar poner a los jueces federales y a los ministros de la Corte Suprema como los mayores culpables del malestar económico y social de la gente por sus decisiones judiciales.

El fallo de la Corte en favor reconocerle el 2,95% de coparticipación de la Ciudad será la causa fundamental de que las provincias no tengan recursos. Los fallos a favor de las empresas de telecomunicaciones serán el motivo del deterioro de la calidad de vida de los usuarios. Las sentencias sobre el Consejo de la Magistratura serán la mayor muestra de connivencia de los contubernios entre la Corte y la oposición de Juntos por el cambio.

En rigor, Alberto Fernández sabe que en el Congreso no tendrá el número suficiente de dos tercios para remover a los jueces de la Corte Suprema. Pero el escenario de debate público, escándalo y ruido, servirá para amplificar los supuestos chats privados, obtenidos con inteligencia ilegal, entre el licenciado ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

En medio de la guerra, Aracre llamó al diálogo sobre 5 puntos

El pasado 19 de diciembre el empresario y el jefe de Estado se reunieron en la Quinta de Olivos (Foto: @TonyAracre).

El pasado 19 de diciembre el empresario y el jefe de Estado se reunieron en la Quinta de Olivos (Foto: @TonyAracre).

El recientemente nombrado Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta y actual jefe de asesores de Alberto Fernández, debutó en el cargo con la propuesta de armar una mesa de acuerdo sobre cinco temas con la oposición. Pero en el contexto de la embestida del Presidente contra la Corte y contra D’Alessandro el bloque de senadores de Juntos por el Cambio anticipó que no se sentarán a hablar de nada. El Presidente lo inmoló a Aracre y lo hizo lanzar una idea muerta antes de nacer.

El partido GEN, en tanto, le reclamó a la conducción de Juntos por el Cambio que reúna a todos sus partidos políticos para unificar una postura en contra de la ofensiva del Presidente contra la Corte y la oposición.

En la oposición, ayer, tomaron nota de otra mala noticia. Sergio Massa se mostró moderado frente a las decisiones del Presidente sobre la Corte pero habilitó a sus diputados para que respalden el juicio político. “Massa hará un doble juego, pero en Estados Unidos se dan cuenta”, ironizó un diputado de Juntos por el Cambio para minimizar esa moderación.

Elisa Carrió mandó a los suyos a pintarse la cara

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, les ordenó a todos sus diputados que corten sus vacaciones a partir del 16 de enero para estar en el Congreso defendiendo con la cara pintada a la Corte Suprema de la embestida oficialista. “Van a tirar mugre para todos lados, la campaña será muy sucia”, señaló Carrió a sus mayores colaboradores.

Carrió le pidió al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que saliera a defender a D’Alessandro de lo que consideran espionaje ilegal y chats adulterados. La defensa de Larreta fue a medias, porque le aceptó el pedido de licencia hasta armar su estrategia de denuncia a los ataques, que recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos.

En esos supuestos chats se le imputan a D’Alessandro conversaciones con Silvio Robles para acordar los fallos judiciales que beneficiaron a la Ciudad e intervinieron en el Consejo de la Magistratura donde el kirchnerismo desplazó a diputados opositores como consejeros. El ministro licenciado niega la veracidad de esos chats y todo se dilucidará en la Justicia.

Las distintas posturas opositoras y la interna en Juntos por el Cambio

Cerca del senador Alfredo Cornejo, de la UCR, señalan que «tiene que investigar la Justicia: si hay un hecho grave y delictivo tienen que investigarlo y D’Alessandro tendrá que responder en esa causa. Si hubo delitos lo tiene que demostrar un fiscal y un juez”, señalaron.

Según pudo saber A24.com, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le dijo a sus colaboradores que “no podemos permitir que se use un aparato ilegal para meterse en los teléfonos de cualquiera y legitimar eso”. Y agregó: “No puede usarse eso para echar a un funcionario, a partir de ello pueden utilizar cualquier tipo de inteligencia y somos vulnerables a sus maniobras”.

“Si lo de D’Alessandro es verdad o mentira es algo que no entra en mis cálculos, porque esa información no debería de existir. Ni la verdad ni la mentira forman parte de un aparato ilegal. Como si te sacan una declaración bajo tortura”, dijo.

Los sótanos de la democracia en todo su esplendor

Cerca del presidente del Peronismo Republicano, Miguel Pichetto, aseguraron que “no caben dudas de que comenzaron a funcionar los servicios de inteligencia ilegal”. El titular de la AFI, Agustín Rossi, denunció a periodistas de La Nacion y de Clarin por difundir los nombres de un equipo de inteligencia de la AFI que había sido informado por la propia AFI ante los diputados y senadores por pedido de informes.

En las prácticas de inteligencia, todo se desmadró. La AFI informó los nombres a los legisladores y estos lo hicieron trascender a los diarios. Rossi pidió entonces que los periodistas dieran a conocer las fuentes de información.

Pero al denunciar la publicación, Rossi desconoció la libertad de prensa y de información. Y al pedir la revelación de las fuentes de información también desconoció el derecho a preservar el secreto de las fuentes. Ambos derechos están garantizados en la Constitución (artículos 14 y 43).

El Presidente denunciante podría terminar denunciado

Pero hay algo peor: si revelar el secreto de Estado es contrario a la ley de inteligencia 25.520, también lo es revelar contenido de información obtenida por espionaje ilegal como son los chats surgidos del hackeo del celular de D’Alessandro más allá de si el contenido revela supuestos delitos públicos. La difusión fue lo que hizo el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, y luego el propio Presidente.

¿Qué constancia tenía el Presidente de que esos hackeos, que son ilegales, tenían información verídica y no adulterada? Podría estar incurriendo en una falsa denuncia, difamación o apología del espionaje ilegal. “El Presidente debería haber denunciado el espionaje ilegal y ordenado a todos sus organismos del Estado que se certifiquen cómo se difundieron esas cosas”, dijo un fiscal del fuero federal a A24.com.

“No se puede usar para nada eso. Es un delito publicarlo y difundirlo porque te haces eco del delito”, señaló otro magistrado del mismo fuero.

Precisamente, el juez federal Sebastián Ramos tiene ahora la investigación de las denuncias de Rossi contra los periodistas y la de D’Alessandro contra el oficialismo por espionaje ilegal. El fiscal Carlos Stornelli formuló el requerimiento de instrucción y pidió declaración testimonial de D’Alessandro y que se revisaran todos los dispositivos tecnológicos involucrados. El ministro denunció una maniobra para ensuciar su imagen en el juzgado de Ramos. La campaña electoral transcurrirá entre expedientes de espionaje ilegal y hackeos permanentes.

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