Empresarios, sindicalistas y el PRO rechazan que el Gobierno le dará obras millonarias a cooperativas de piqueteros

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La Cámara de la Construcción y la Uocra cuestionan el decreto 728, mientras que el diputado Luciano Laspina fue muy duro con el otorgamiento de las obras. El Gobierno dice que es para transformar planes sociales en empleo

La Cámara Argentina de la Construcción, que preside Gustavo Weiss, la Uocra de Gerardo Martínez y el PRO, cuyo vocero fue el diputado Luciano Laspina, rechazaron el decreto por el cual el gobierno de Alberto Fernández intentó mostrar una política para convertir a los planes sociales en trabajo genuino, con políticas que mantienen las prácticas de la discrecionalidad, el amiguismo y siguen sin apostar a la capacitación en los oficios que necesitará la Argentina en el futuro.

El presidente Alberto Fernández firmó el jueves con bombos y platillos el decreto 728/2022 por el que supuestamente se congelan los planes sociales y se apostará a la inserción laboral, le darán el 30% de las obras de hasta 300 millones de pesos a los movimientos sociales piqueteros, y se privilegiará a las constructoras que contraten trabajadores por el programa «Puente Empleo» que no logra arrancar.

Pero en el sector de la construcción, tanto empresario como sindical, y en la oposición de Juntos por el Cambio calificaron el decreto como «escandaloso», porque le otorgará un privilegio a cooperativas informales de los movimientos sociales amigos del Frente de Todos para entrar discrecionalmente en las obras públicas de hasta $ 300 millones en desmedro de las Pymes que apuestan al trabajo formal real.

Por otra parte, el decreto dispone congelar los planes sociales actuales y destinar los recursos a herramientas e inserción laboral. La norma da por sentado que la inserción laboral se produce en forma espontánea y que los beneficiarios de los programas sociales están capacitados para entrar hoy mismo a trabajar en el sector privado.

Precisamente uno de los grandes cuellos de botella para que las empresas formales contraten a beneficiarios de planes sociales es la falta de capacitación técnica y actitudinal para las actividades laborales. La falta de valores vinculados a la cultura del trabajo, como el presentismo, la puntualidad, el trabajo en equipo y la constancia.

En la Cámara de la Construcción (Camarco) existe alta preocupación por este decreto. Un empresario influyente de esa cámara señaló a La Nueva República que “esto atenta, sin duda, contra la formalidad de un sistema económico, y atenta contra las Pymes, que son el 93 % de las empresas del Sector”.

En un comunicado oficial Camarco señaló: «PyMES constructoras en peligro de extinción por competencia desleal de cooperativas informales en la obra pública». El empresario constructor aseguró que “rompe con los comportamientos de transparencia de ejecución de las obras, y sobre todo no resuelve el problema del empleo formal dejando atrás los planes; la verdad la peor de las soluciones”.

El decreto no fue conversado con el sector de la construcción y tampoco estuvo presente el titular de la Uocra, Gerardo Martínez. “Con esto a futuro todos querrán ser cooperativas y no pequeñas empresas buscando crecer por competitividad y formalidad”, aseguró otro de los empresarios de la construcción.

El diputado Luciano Laspina, economista que responde a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió a criticar con fuerza el decreto 728 que fue firmado además por el ministro de Economía, Sergio Massa, y las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Trabajo, Kelly Olmos.

“El decreto 728/2022 es una carta de rendición ante la extorsión de las “organizaciones sociales” kirchneristas. Obliga a “realizar” $300.000 millones de obras públicas con esas organizaciones. Algunas cooperativas “tienen dueño” o son una nueva estructura de punteros. Un delirio”, dijo Laspina en un hilo de la red social Twitter.

“El decreto promueve canalizar en favor de estas cooperativas el 30% de la obra pública nacional (!) en obras de hasta 1 millón de dólares. No está claro el método de contratación. Además, permite un margen de preferencia (indeterminado) para estas cooperativas en licitaciones”.

Desde el sindicato de la construcción, la Uocra, su titular Gerardo Martínez dejó serias advertencias. “Las cooperativas no deben generar fraude laboral. Los trabajadores deben tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores en construcción. Deben garantizar transparencia y que sean cooperativas sustentables”, dijo a La Nueva República el secretario general del sindicato de la construcción.

“Por ejemplo, en el sistema financiero está el Banco Credicoop y sus trabajadores son afiliados a La Bancaria y tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores del Banco Nacion, o Santander por ejemplo”, señaló Martínez.

El Gobierno no convocó al sindicato de la construcción para la conformación del decreto. “Nos ignoraron. Esperemos que garanticen con transparencia el uso de los recursos públicos con licitaciones y cuidando el derecho de los que trabajan porque las cooperativas son unidades de negocios y siempre hay un consejo que son los dueños”, dijo el dirigente. “No hay margen para la informalidad en la gestión del dinero y del salario de trabajadores/as”, señaló Martínez.

¿Cómo es el decreto 728?

El decreto en cuestión dispuso que no se otorgarán nuevas altas en planes sociales de los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial.
En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.

El decreto 728 también otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta $ 300.000.000, bajo la modalidad de contratación que corresponda. Estas cooperativas están conformadas bajo los movimientos sociales y piqueteros, algunos de los cuales son afines al Gobierno.

Entre los movimientos más destacados están el Movimiento Evita, que dirige Emilio Pérsico; el Frente de Trabajadores Excluidos, que conduce Juan Grabois; Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que conduce Esteban “El Gringo” Castro. Pérsico y Menéndez son a su vez funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz.

El decreto, además, instruye a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa “Puente al Empleo”.

En su hilo de Twitter, Laspina señaló que “financiará con más impuestos las estructuras políticas del kirchnerismo con una opacidad nunca vista. Obras públicas hechas por cooperativas ignotas. La locura es total”.

También el diputado del PRO aseguró: “Seamos claros. Son USD 1.000 millones de dólares al año administrados por los líderes piqueteros. Una vergüenza”.

El comunicado de la Cámara de la Construcción

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), por expreso mandato de su Consejo Federal, rechaza enfáticamente los aspectos del Decreto 728/22, publicado hoy, que otorgan una reserva de mercado de la obra pública a favor de Cooperativas de Trabajo, que en la práctica son informales.

Desde CAMARCO afirmaron que “la consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas PyMEs constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores”.

“CAMARCO comparte la necesidad de la transición de los planes sociales a programas de empleo pero sostiene que es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o Cooperativas de Trabajo no formales contribuye a una ampliación, integra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública”, sostuvieron desde la entidad.

En esa línea, agregaron que “la medida dispuesta será un incentivo al trabajo informal en fraude a las normas laborales y previsionales vigentes y condenará a las empresas formales que deben atender costos salariales un 54 % superiores a los atendidos por una pseudo-cooperativa de trabajo”.

“Es la experiencia acumulada que esa figura es usada para cometer un verdadero y generalizado fraude laboral, pues los supuestos ‘cooperativistas’ no lo son, sino que son trabajadores dependientes encubiertos, informales. Así se evaden los aportes y contribuciones al sistema sanitario y previsional por esos trabajadores”, resaltaron.

Desde CAMARCO también enfatizaron que “esos ‘trabajadores-pseudo cooperativistas’ pierden la protección de derechos laborales, ven peligrar su seguridad física en la obra, no acceden a la capacitación en el oficio, y no tiene acceso al fondo de cese laboral, a una jubilación y cobertura de salud, entre otros beneficios de la formalidad laboral postulados por la Organización Internacional del Trabajo”.

Los argumentos del Gobierno para el decreto

En cambio la administración de Alberto Fernández lo presentó como un logro. “El gobierno avanza en la vinculación de planes sociales con empleo genuino”, señaló en su presentación ante la prensa. “Se profundiza el proceso iniciado con la creación del programa Puente al Empleo para transformar a los programas sociales en trabajo registrado”, agregó.

“El reconocimiento de la economía popular empieza a tener una definición clara: hay un techo a la incorporación de más personas al Potenciar Trabajo, una decisión que se dio en un marco de acuerdo con los movimientos sociales”, afirmó Tolosa Paz.

Puso el foco en que no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial. Y que en su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.

Así lo describió la titular de Desarrollo: “Lo que buscamos no es ahorrar partidas presupuestarias, sino redistribuir las bajas en políticas concretas de apoyo, mediante herramientas que amplíen las capacidades productivas de esa enorme cantidad de hombres y mujeres que necesitan el Potenciar Trabajo, pero mucho más necesitan el acompañamiento del Estado para entrar en un sendero de producción de bienes y servicios”.

Tolosa Paz también precisó que el decreto contiene un “reconocimiento a la actividad de la economía popular”, mediante la integración del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública.

Ese Consejo estará integrado por los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía, y también por las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica.

Lo que se busca, dijo, “es poder dialogar en un marco de institucionalidad sobre la agenda de la economía popular, cuáles son los ingresos, cuáles es la búsqueda del techo, tierra, trabajo y alimentación”, porque, dijo, “no somos un Gabinete que toma medidas mirando puertas adentro, sino más que nunca en articulación para poder abrazar al conjunto de los hogares en la Argentina”.

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