Los militantes violentos se retiraron, pero sus jefes y funcionarios violentaron el orden, la Constitución y la seguridad

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Los delitos que se cometieron no pueden quedar impunes. La vicepresidenta instigó y violó varios artículos del Código Penal, agravada por su condición. Varios funcionarios la acompañaron en este raid 
Axel Kicillof, Horacio Pietragalla, el «Cuervo» Larroque, «Wado» De Pedro, Juan Grabois, Gabriela Cerruti, Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis, Martín Sabbatella y varios diputados nacionales y provinciales cometieron una seguidilla de delitos agravados por su condición de funcionarios públicos y dirigentes sociales, quienes deberían velar por la seguridad y el Estado de Derecho, pero atentaron contra todas sus obligaciones y pusieron en vilo a toda la sociedad con una actitud de patota y barras bravas.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, desesperada por su situación judicial y sin argumentos para rebatir el pedido de prisión de 12 años de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, desató el plan de instigar a la violencia para amedrentar a los jueces y para tapar el ajuste fiscal si la Justicia la condena. El presidente Alberto Fernández está obligado a seguir el juego porque también está amenazado al igual que todo el peronismo: si ella cae, buscará arrastrarlos a todos. Se abroquelan y cierran filas.
Mientras tanto, todos cometieron los siguientes delitos:
*Instigación a la violencia colectiva (artículos 211 y 212 del Código Penal), al grito de «si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar» y con apoyo a las hordas que fueron a agredir y a voltear las vallas.
*Cometieron el delito de resistencia a la autoridad (239 del CP)
*Lesiones graves (90 del CP) a policías.
*Atentado orden público (209 CP).
*Atentado al orden constitucional (226 CP)
*Atentado contra la seguridad de la Nación por ser funcionarios públicos (214 CP).
El Presidente apoyó el ataque a la Policía por Twitter, con lo cual hizo apología del delito (213 del CP) y avaló todo lo hecho por sus funcionarios. Y cuestionó al gobierno de la Ciudad por cumplir con su deber de garantizar el orden público.
Luego de convalidar y alentar a los violentos militantes y a sus funcionarios, la Vicepresidenta les agradeció todos por los delitos que cometieron para defender su situación judicial más que comprometida. Como una buena madre les dijo que fueran a descansar que habían trabajado mucho y había sido un día muy largo.
Les pagamos el sueldo y ellos delinquen. Los ciudadanos comunes tenemos que pagar los impuestos y cumplir las leyes puntillosamente mientras una clase política privilegiada provoca la violación permanente del Código Penal a través de los cortes de calles, la interrupción permanente de la vía pública y la generación de violencia, desorden y la amenaza a la democracia y a la Constitución.
Mientras tanto, ellos viven de nuestros recursos y los usan en contra de los ciudadanos y los vecinos de su propio barrio, y en contra de las fuerzas policiales y de la autoridad del Estado que debe tener el monopolio de la violencia y que ellos deben administrar.
Lo que hicieron es de una gravedad nunca vista y cruzaron un límite que no puede tolerarse. Quienes fueron elegidos para representarnos se transforman en nuestros propios captores, en quienes nos patotean y nos quieren tener de rehenes.
Los vecinos, damnificados directos, podrían o deberían denunciar por todos estos delitos a todos los funcionarios que participaron activamente o que los apañaron. No se requieren pruebas porque está todo filmado, registrado, y los policías tienen constancia de las heridas que sufrieron sin poder reprimir. Cualquier juez debería abrir la investigación y actuar con mucha premura para frenar esta escalada de violencia. También van por ellos.
Horacio Pietragalla en lo peor de la crisis
A la 1 de la mañana, ya no quedaban militantes

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