Una jueza de Salta le aplicó un «bozal legal» a un exdiputado por criticar a una médica que hace abortos

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Andres Suriani fue condenado a no emitir sus opiniones en contra del aborto porque fue considerado como «violencia de género». El ex legislador había tildado de «sicarios» a los médicos que cometen abortos.

La Jueza subrogante Gisela Centeno, de Salta, le prohibió mediante un fallo arbitrario a un ex diputado provincial, Andrés Suriani, hablar en contra del aborto y lo encuadro en un acto de “violencia de género”, porque el ex legislador criticó a una médica que suele practicar abortos en un hospital de la provincia.

El audio con la nota a Andres Suriani en Radio Cultura FM 97.9

Se trata de la jueza subrogante del Juzgado de Violencia Familiar y de Género 2 de Salta. Suriani desarrolla una campaña en contra del aborto en su provincia y apeló a la Cámara de Apelaciones de la provincia.

El ex diputado provincial había criticado a una médica en un grupo de whatsapp privado y había expresado libremente su opinión respecto del tema, que es muy conocida en su provincia. Y por esa crítica privada la jueza dispuso un bozal legal para que el ex legislador no pueda hablar públicamente del tema.

“Yo comentaba un par de artículos en donde la médica con su foto, contaba cuántos abortos hacía por semana (entre 8 y 10). Ad-hoc de la foto del artículo, puse: ‘vamos conociendo el rostro de los sicarios que hacen abortos en Salta’”, dijo Suriani.

“Alguien maliciosamente (de los contactos míos) hizo una captura de pantalla y fue a mostrarle a la médica y al director del hospital. Eso dio lugar a la denuncia”, contó.
En su descargo, Suriani agregó: “Violaron mi correspondencia y mi intimidad. Además tengo derecho a la opinión”, señaló el ex diputado provincial.

Si bien el calificativo “sicarios” tiene una carga acusatoria, de la cual la médica se tomó para su denuncia, Suriani manifestó una opinión personal derivada de sus convicciones religiosas, personales y jurídicas.

En ese sentido, el papa Francisco dijo el año pasado que quienes realizan abortos son “sicarios” porque se los “llamaba para matar a sueldo para resolver un problema” más allá del debate que esa afirmación causó en su momento.

Suriani es un reconocido católico y pudo haber sido influido por esas declaraciones papales. https://es.euronews.com/2021/09/15/papa-francisco-el-aborto-es-un-homicidio-y-quien-lo-practica-mata

Se trata a las claras de un avance sobre la libertad de expresión expresamente prohibido en la Constitución nacional, que consagra en el artículo 14 el derecho a todas las personas de “expresar sus ideas y opiniones sin censura previa”. También la Constitución consagra la libertad de cultos.

Además, el derecho a la vida desde la concepción también está garantizado en la Constitución. Lo hace en el artículo 75 inciso 22 donde incorpora todos los tratados internacionales, muchos de los cuales protegen la vida desde la concepción y les otorga la jerarquía constitucional, superior a las leyes. También el inciso 23 de ese artículo constitucional se refiere al derecho a la vida de los niños.

Por otra parte, el artículo 19 del Código Civil y Comercial señala que «la existencia de la persona humana comienza con la concepción».

Es decir, que ese artículo de la Constitución y el del Código Civil tornarían inconstitucional e ilegal a la propia ley del aborto sancionada por el Congreso en diciembre de 2020 en plena pandemia del Covid 19. Sin embargo, a Suriani se lo condenaría por defender una convicción de valores consagrada en la Constitución nacional y en el Código Civil y Comercial, lo cual es un contrasentido.

De ese modo, Suriani fue víctima de un fallo arbitrario por donde se lo mire. La sentencia impone un bozal legal que intentó justificar en los compromisos internacionales que acompañaron a la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, desconociendo que la libertad de expresión y la inclusión de los tratados próvida en la Constitución.

El fallo, para colmo de absurdos, consideró que Suriani incurrió en violencia de género por expresar sus ideas en contra del aborto y en favor de la vida. Como si una simple opinión pudiera encuadrarse en un acto de violencia. Por demás está decir que nunca el ex diputado tuvo un cruce de palabras con la médica.

La propia ley del aborto plantea que los médicos pueden ejercer la objeción de conciencia y negarse a abortar, con lo cual concede la posibilidad de que muchos ciudadanos puedan estar en contra del aborto y por lo tanto tienen derecho a decirlo.

Una vez más, un fallo judicial reafirma la idea de que existe una ideología extendida a nivel mundial y que muchos pretenden introducir en la Argentina. Consiste en perseguir a quienes se oponen al aborto o a quienes objetan la ideología de género, que plantea como ideal del neomarxismo una guerra de sexos para igualarlos.

En ese conflicto, con el pretexto de luchar contra el femicidio, el hombre aparece siempre como “culpable” de alguna opresión o violencia en cualquier circunstancia en relación con la mujer, incluso cuando le marca diferencias de opinión.

La causa se inició por la demanda de una médica señalada en un comentario en redes por Suriani como responsable de numerosos abortos que se realizan en el hospital Materno Infantil de Salta. La Jueza no circunscribió el fallo a las expresiones de Suriani sobre la médica, sino que estableció “una prohibición genérica para hablar contra el aborto” como si tal cosa constituyera por sí misma una violencia de género.

Esto resulta una arbitrariedad absoluta y un avance sobre la libertad de expresión del ex legislador Andres Suriani. La médica del Hospital Público Materno Infantil realizó una denuncia luego de que éste cargara contra ella por los abortos llevados a cabos en el marco de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Centeno dijo en su resolución que «su honor se vio afectado» (en relación a la médica) luego de que Suriani la escrachara en un grupo de WhatsApp, en el que ella no tenía participación, pero que se viralizó”.

El ex legislador afirmó que «el mensaje fue emitido dentro de la órbita privada, amparada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, por lo que rechazó la acusación realizada en su contra por la médica y aseguró que lo sucedido fue como resultado de la violación de su intimidad».

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