El Frente de Todos, al borde de la fractura, pero nadie renuncia a las «cajas» ni a su suerte en 2023

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El tuit del «Cuervo» Larroque pone más tensión a la fractura expuesta. Pero ni Alberto quiere echar a La Campora de sus cargos públicos ni los militantes de Máximo están dispuestos a renunciar a los privilegios. La suerte electoral de 2023 los condiciona

El ataque directo del ministro Andrés “Cuervo” Larroque al gobierno de Alberto Fernández abrió serios interrogantes acerca de si el Frente de Todos puede encaminarse a una fractura formal antes de 2023: una división de los bloques parlamentarios, y una escisión de la alianza de gobierno. Lo primero que tendría que ocurrir para ello es que el Presidente expulse a los kirchneristas puros y a La Campora de los cargos públicos y las «cajas» que administran y por ahora no tiene intención de hacerlo. Tampoco ellos tienen intención de abandonarlas, por los privilegios que otorgan los espacios de poder.

Pero Larroque fue directo contra el Presidente. “Aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la Vicepresidenta”, escribió Larroque, que es ministro de Desarrollo Humano de la provincia bonaerense que gobierna Axel Kicillof, que respaldó el acuerdo con el FMI a contramano de los K. Kicillof y Larroque necesitan el acuerdo con el FMI para seguir cobrando, tanto como Cristina Kirchner lo critica.

Pero semejante acusación contra el Gobierno es grave: si el Gobierno no condena los ataques de la izquierda de alguna manera es sospechoso o cómplice de esos ataques.

Sin embargo, el Presidente no responde a esas agresiones cada vez más frecuentes y privilegia la unidad del Frente de Todos. Es su base electoral y su reaseguro de no tener conflictos internos de gobernabilidad.

Como Alberto no echará a los camporistas de sus “cajas”, serían los propios camporistas liderados por el comandante Máximo Kirchner quienes tendrían que renunciar a sus cargos en el Estado, que implican recursos, nombramientos de militantes en el Estado y el manejo de políticas públicas. Y tampoco está en los planes de ellos irse del Gobierno. La escena de Juan Domingo Perón echando de la Plaza de Mayo a los Montoneros está muy lejos de reproducirse.

Andres «Cuervo» Larroque

La Campora controla gran parte del gasto público que el FMI exige reducir: los ministerios del Interior (Eduardo «Wado» de Pedro), de Justicia (Martín Soria) y de Ciencia y Técnica (Roberto Salvarezza), la Anses (Fernanda Raverta), el PAMI (Luana Volnovich), Aerolíneas (Pablo Ceriani), YPF (Pablo González), la Secretaría de Energía (Darío Martínez y Federico Basualdo), entre otras “cajas” de relevancia. O el Presidente los echa, para facilitar la gestión, que seguramente será entorpecida más de lo que fue hasta ahora por los camporistas, o estos se deberían retirar dignamente. Ninguna de las dos cosas ocurrirá, por ahora.

Por lo tanto, la unidad forzada y atada con alambres continuaría. Esto es doblemente problemático, porque una gran parte del ajuste fiscal que prevé el acuerdo con el FMI depende de políticas que se digitan desde los organismos que dirige La Campora, que masivamente rechazó el acuerdo.

¿Cómo hará el Presidente para bajar los subsidios a la energía y el gas y subir las tarifas que se administran desde la Secretaría de Energía? ¿Qué pasará con la política petrolera y el mercado del gas en un contexto de suba exponencial de los precios internacionales? Ese es el corazón del ajuste de gastos previstos con el FMI. ¿Cómo podría hacer Alberto una mejor administración en la Anses, el PAMI, para reducir el gasto? ¿Y en Aerolíneas o en la relación del Ministerio del Interior con las provincias, administradas por La Campora?

Martín Soria, Roberto Salvarezza, Fernanda Raverta, Wado De Pedro y Luana Volnovich

La otra complicación ante la hipotética división del Frente de Todos serían las elecciones de 2023. La fractura sería la garantía de una derrota de ambos bandos en los comicios. El peronismo y Alberto Fernández quedarían al borde de perder la reelección del Presidente. Y La Campora no tiene fuerza en el país como para imponer un candidato propio. Le servirían así en bandeja un triunfo demasiado fácil a Juntos por el Cambio. ¿Están dispuestos unos y otros a suicidarse políticamente?

Incluso, la división del peronismo les garantizaría una derrota segura en la provincia de Buenos Aires, bastión que Cristina Kirchner quiere conservar aunque el Presidente o el peronismo sufran una derrota a nivel nacional. También pondría en riesgo la continuidad del Frente de Todos en varias provincias y municipios y en los bloques parlamentarios. La debacle política y electoral sería colosal y ello significa pérdida de poder, de recursos y una segura aceleración de las causas judiciales que comprometen a Cristina Kirchner, la que podría intentar arrastrar a Alberto Fernández a los tribunales.

La vicepresidenta y sus acólitos juegan con fuego si avanzan en esa dirección, porque el incendio podría consumir a unos y a otros. Ante este escenario ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner quieren la ruptura. Pero ella y sus herederos andan con los fósforos en la mano. En este curso de acciones, la ruptura sería inevitable.

El único jugador de la coalición oficialista que puso paños fríos, cabeza y muñeca política en las últimas horas, ante la rigidez de Guzmán y de Alberto Fernández, embarcados en posturas extremas, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El tigrense puso en juego su pragmatismo y salvó al Gobierno de una derrota catastrófica y del rechazo al acuerdo en el Parlamento, lo que hubiera desnudado la debilidad política y una hecatombe económica.

El Presidente debe agradecerle a Massa por los servicios prestados y a Juntos por el Cambio por tener la clemencia de poder sancionar la ley del FMI frente a la fractura de su propio Frente. Si Alberto Fernández criticaba a Cambiemos por haber sido parte del problema, ahora deberá reconocerle de por vida de haber sido parte de la solución. Máximo Kirchner y madre Cristina Kirchner fueron su problema.

Se abre un nuevo escenario impensado. Con la fractura expuesta con los K, el Presidente podría verse obligado a acordar políticas de racionalización económica con la oposición, o parte de ella, si quiere llegar sin problemas a 2023. Por primera vez, Alberto Fernández deberá incluir la palabra negociación en su diccionario. El jueves quedó de manifiesto que sólo 77 diputados le responden para las medidas difíciles. Y está por verse cuántos serán en el Senado, aproximadamente unos 20 de 72.

En medio de ello y pese a todo, Alberto Fernández lanzó su reelección 2023 y alineó a los leales para apuntar contra el kirchnerismo duro: Aníbal Fernández, Mario Ishii, Mariano West y Luis D’Elía salieron a criticar a Máximo y a La Campora con acusaciones de «traición». West le pidió la renuncia al PJ bonaerense. ¿Puede Máximo Kirchner seguir como presidente del peronismo del mayor distrito? Kicillof, su gobernador, apoyó el acuerdo con el FMI al igual que lo hizo Wado De Pedro, amigo personal de Máximo y Cristina y ministro del Interior de la Nacion.

Un legislador de fuerte predicamento mediático dijo en estas horas: “Mira Mariano, la verdad es que no tengo la menor idea de que carajo tienen en la cabeza. Es un manicomio esto”. Nunca mejor definido. Aníbal Fernández les pidió a los camporistas que «se saquen la careta»; D’Elía que no delarruicen a Alberto, e Ishii que no sean traidores. Cualquier semejanza con el peronismo y sindicalismo de Juan Domingo Perón y los Montoneros en los 70 es pura coincidencia.

La locura llegó a extremos inquietantes. Las críticas de Larroque al Gobierno por su supuesto silencio tras las piedras que se estrellaron contra el despacho de Cristina Kirchner le agregan un extremo de tensión a la fractura expuesta en el Frente de Todos. También profundizan la debilidad del Presidente, que ahora depende de Juntos por el Cambio el resto de la oposición para gobernar.

El video de la propia Cristina Kirchner había sido la punta de lanza de esta provocación tras el voto de rechazo al acuerdo con el FMI del propio Máximo Kirchner y 28 legisladores K. La vicepresidenta también hizo silencio y en lugar de condenar a los violentos, más bien condenó al FMI e implícitamente al Gobierno por acordar con el Fondo. «Otra vez… inmensa pena», dijo. Y así justificó la ira de los inadaptados porque nuevamente se había acordado con el Fondo.

Tanto es así que Cristina Kirchner dijo que «una multitudinaria marcha protestaba contra plan económico del FMI”, lo cual desmereció al programa económico que propusieron al Congreso Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ese programa fue boicoteado por el voto en contra de 28 diputados kirchneristas y la abstención de 13 legisladores.

Incluso, Cristina dejó entrever que el ataque a pedradas a su despacho podría ser “intencional”. Y si lo fue, quien podía haber tenido la idea de perpetrarlo: ¿El peronismo no K, la izquierda, el gobierno de Alberto Fernández, grupos de inteligencia, un autoatentado para victimizarse? Las afirmaciones de Larroque parecen continuar la línea del video de Cristina Kirchner e inculpar a la Casa Rosada por los ataques de piedras. O al menos desliza algún tipo de complicidad.

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