Alberto Fernández anunció una ley agroindustrial y habló de diálogo, pero divide al campo de la industria

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La Mesa de Enlace no asistió al acto en el que se presentó el nuevo régimen de fomento agroindustrial porque no baja retenciones; sólo asistió el Consejo Agroindustrial que recibe incentivos con el proyecto

El presidente Alberto Fernández anunció el proyecto de Ley del Régimen de Fomento Agroindustrial con invocaciones a al consenso y al diálogo, con un pretendido acercamiento al campo, pero profundizó la fractura del sector agropecuario porque quedó en evidencia que la Mesa de Enlace no concurrió a la Casa Rosada para respaldar un proyecto que fue negociado y apoyado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que preside José Martins.

Las entidades que representan a los productores primarios, Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria (FAA) y Coninagro se lamentan en general de que el proyecto de ley dejó afuera la baja de retenciones a la soja, el maíz y el trigo, que es el núcleo del problema de su rentabildidad. Además, no quedaron conformes con la liberación parcial de las exportaciones a China y el conflicto de la carne continúa.

En cambio, el CAA negoció el proyecto de incentivos a la industria a través de beneficios para los insumos, los impuestos y las exportaciones. Sólo Coninagro respaldó abiertamente el proyecto porque en su entidad coexisten productores primarios e industrias, cooperativas y economías regionales. La postura de Coninagro es que hay que comenzar por esta ley para después incorporar al sector productivo y no quebrar la unidad sino complementar a ambos sectores.

En cambio, entre los ruralistas muchos opinan que es el Gobierno, en el que no confían, quien quiere dividir al sector beneficiando a unos para quitarle a otros. La Mesa de Enlace, incluso, emitió un comunicado en el que consignó que se trata de un “proyecto menor” y que se necesitan más proyectos de ley para dar previsibilidad. El centro del conflicto son las retenciones que impiden la rentabilidad de los productores.

Por eso, de la Mesa de Enlace participaron del anuncio sólo segundas líneas de la Rural y Coninagro, pero no de CRA y de FAA. Estas entidades representan a los productores primarios perjudicados por retenciones del 33% en las exportaciones de la soja. CAA integra a industrias que manufacturan productos primarios y commodities de los productores y son las grandes cerealeras y aceiteras, los pollos, cerdos, harineros y frigoríficos. Por sus exportaciones pagan retenciones del 30% y ese diferencial es el que los productores consideran un beneficio desigual para unos y otros.

También dejó heridas el anuncio del Gobierno de liberación parcial de las exportaciones a China, lo cual dejó sabor a muy poco a todas las entidades de la Mesa de Enlace. Alberto Fernández deslizó frases significativas. “Terminemos con el desencuentro”, dijo. “Todos digamos sí para avanzar”, exclamó. “No hace falta que todos pensemos igual”, señaló.

Pese a que buscó instalar que el proyecto era el producto de un consenso de un año y medio de diálogo, en el marco del Consejo Económico y Social, que dirige el invisible Gustavo Beliz, Alberto Fernández sabía que el campo, es decir los productores del campo, no fueron escuchados y más bien fueron desoídos.

El anuncio del “Régimen de fomento al desarrollo agrobioindustrial”, según el Presidente, tiene el propósito de aumentar a 100.000 millones de dólares las exportaciones, a 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres, la creación de 700 mil puestos de trabajo y la incorporación de tecnologías de última generación.

“Esta es una ley que reivindica la cultura del encuentro, el diálogo, una mesa común en donde sentarnos a construir las políticas de Estado que hacen falta para que Argentina sea el país en el que merecemos vivir”, dijo el Presidente.

Sin embargo, profundizó la fractura entre el campo y la agroindustria. El ex presidente de la Rural Daniel Pelegrina escribió un tuit que decía: “En el campo NO necesitamos nuevas leyes de fomento con nombres rimbombantes. Ni tampoco nada que ofrezca “devolver” lo que nos sacan por un valor muchísimo mayor vía derechos de exportación, impuestos de todo tipo, restricciones, regulaciones, burocracia, etc., etc…”

Un alto dirigente ruralista dijo que “la Mesa de Enlace sigue entrampada en el Consejo Agroindustrial, un dechado de buenas intenciones pero funcionales a la politica K. El campo no necesita nuevas leyes sino una buena política económica general y agropecuaria y confianza hacia el largo plazo”.

El proyecto de Ley anunciado por el Gobierno define cinco criterios para producción, empleo, comercialización, exportaciones e inversiones, con beneficios fiscales sujetos al incremento de la productividad.

Alcanza a más de 150 actividades agrobioalimentarias y agrobioindustriales, y a los sujetos contenidos en esas cadenas como productores, emprendedores, cooperativas, formas asociativas, empresas industriales y de base tecnológica.

Entre los beneficios se incluyen la amortización acelerada y el menor tiempo en la devolución del IVA para nuevas inversiones, y la promoción de prácticas de cuidado ambiental y del suelo a través de la cesión de bonos correspondientes al 50 por ciento de la inversión como créditos fiscales.

Promueve la llamada semilla fiscalizada para especies hortícolas, cereales, oleaginosas y legumbres mediante un bono del 50 por ciento de la inversión como crédito fiscal.

En Coninagro marcan la mayor aceptación del proyecto. “Hay un desequilibrio entre la mayor exportación del sector agroindustrial, sobretodo la industria, nosotros colocamos al sector cooperativo y las economías regionales e intentaremos que haya un balance hacia lo productivo”, dijo un allegado al ex presidente de la entidad Carlos Iannizzotto.

“En Coninagro el mayor consenso está en estar, algunos no lo ven bien porque son antiindustria. Hay que romper esa dicotomía, proponiendo y haciéndose sentir en el buen sentido, protagonizando y no yéndose. Son dos sectores diferentes que se complementan y nosotros estamos en los dos lados; la unidad del sector productivo e industrial es interesantísima”, dijo. “Tenemos que estar integrados al sector industrial, entonces sí apoyamos esta ley”, dijo.

No obstante, un dirigente cooperativo señaló que la ley “en términos generales da previsión y el borrador se hizo desde la CAA, pero luego fue reducida por la gestión de Luis Basterra y Julián Domínguez frente a las falta de consenso prefiere que termine de discutirse en el Congreso”.

En CRA, cerca de Jorge Chemes, aseguraron directamente que “esto no coincide con lo que empezamos a armar en el CAA el incremento de exportaciones y de baja de retenciones; se fue desvirtuando y fueron cambiando, y hoy nos encontramos con este proyecto de incentivo a la inversión, que sí te amortiza los bienes antes, te desgrava impositivamente los insumos pero nos borraron de un plumazo la baja de retenciones y nosotros eso no lo vamos a permitir porque es una condición no negociable”.

En la Rural, cerca de su presidente Nicolás Pino, aseguraron que “esta ley es una ley menor, porque el sector agropecuario necesita un conjunto de leyes que brinden un largo plazo más previsible, por cuestiones biológicas y por los continuos cambios de regla de juego del país, por lo cual es una ley más, un pequeño aporte o un aporte menor”.

Los allegados a Carlos Achetoni, de Federación Agraria, aseguraron que “participamos e hicimos muchos aportes, no es mala, pero es insuficiente y para el sector agropecuario es muy poco lo que hay, porque favorece principalmente al sector industrial y exportador y falta un alivio de la presión impositiva para el sector primario”.

En ese sentido, la Mesa de Enlace emitió un comunicado en el que señaló que “aspiramos a que nuestro país algún día tenga una “Ley Agroindustrial” que englobe a todos los sectores involucrados y por la cual hoy estamos integrando la iniciativa del CAA”. Pero señaló que el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial no es más que un aporte menor” y que “son solamente medidas de fomento e incentivos para ciertas actividades” y “debemos lograr una ley de contenido mucho más amplio donde queden claras las premisas fiscales de reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación para todas las actividades” y un “único tipo de cambio”.

Los productores primarios tienen una pelea interna sorda con los impulsores del CAA, porque consideran que se prestan a un juego del Gobierno que divide al campo. El Gobierno mantiene las retenciones del 33% para las exportaciones de soja y en cambio rebajó a 30% las de aceite y otros derivados de los productos primarios, por lo cual los primeros consideran que existe una transferencia de recursos del sector primario al industrial.

“Para muchos aceiteros, polleros, chancheros, frigoríficos o harineros es mejor que los productos primarios tengan altas retenciones porque entonces ellos compran el producto más barato en el mercado local y lo exportan con menos retenciones”, dicen dirigentes ruralistas que no forman parte de la conducción de Nicolás Pino. Allí radica el centro del conflicto.

 

COMO ES EL PROYECTO DE LEY DE FOMENTO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

OBJETIVO GENERAL

Intensificar el desarrollo de la cadena agrobioindustrial a partir de nuevas inversiones, articulada con un Plan Estratégico sectorial con horizonte 2030.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  1. Incrementar las exportaciones de bienes y servicios agrobioindustriales, retomando el objetivo de alcanzar los USD 100 MM al 2030 creando 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030.

  1. Promover nuevas inversiones con agregado de valor en origen sentando las bases de un camino de desarrollo sostenible que contribuya a la reducción de la pobreza y de la desigualdad.
  2. Generar estímulos fiscales para fertilizar el suelo y, consecuentemente, mejorar los rendimientos.

LINEAMIENTOS LEY RÉGIMEN DE FOMENTO AGROINDUSTRIAL

Una ley que otorgará previsibilidad a las cadenas de valor agrobioalimentarias con beneficios fiscales sujetos al incremento de la productividad.

Se establecen 5 criterios (producción, empleo, ventas, exportaciones, inversiones) para establecer las líneas base de la incrementalidad.

Alcanzando a más de 150 actividades agrobioalimentarias y agrobioindustriales.

Abarcando a los diferentes sujetos de la cadena agrobioalimentaria y agrobioindustrial: productores, cooperativas, formas asociativas, emprendedores, empresas de base tecnológica, empresas industriales, etc.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Amortización acelerada para nuevas inversiones.

Menor tiempo de devolución del IVA en nuevas inversiones.

Impuesto a las Ganancias para la hacienda: cambia el concepto de “tenencia” por “realización” para el cálculo.

Armoniza débitos fiscales en actividades agrobioindustriales con IVA diferente.

Promoción para prácticas de cuidado ambiental y del suelo mediante un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal para los insumos promovidos

Promoción de la semilla fiscalizada para especies hortícolas, cereales, oleaginosas y legumbres mediante un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal.

ARGENTINA LIDER AGROBIOALIMENTARIO Y AGROBIOINDUSTRIAL

Buscamos consolidarnos como proveedores de alimentos de origen animal y vegetal en un mundo que cada día nos demanda más.

PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Vamos a acompañar al sector para la generación de 700 mil puestos de empleo de calidad hacia 2030.

FOMENTO DE NUEVAS INVERSIONES

Vamos a promover la inversión en las distintas cadenas agrobioindustriales.

IMPULSO A LA INDUSTRIALIZACIÓN

Incrementaremos el agregado de valor en origen a través de la incorporación de tecnologías de ultima generación y con desarrollo científico.

PREVISIBILIDAD

Marcaremos reglas claras y de largo plazo, que aseguren estabilidad y generen confianza.

 

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