Escándalo en Salta: liberan a una médica que hizo un aborto cruento y una ministra pidió echar a una concejal

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La bebé tenía 6 meses de gestación y no se cumplían las causales legales para la práctica; fue extraída con vida y arrojada a un cesto de basura. Elizabeth Gómez Alcorta pide echar a la concejal Claudia Subelza que denunció el hecho 

Luego de siete horas de detención, la justicia salteña resolvió la liberación de la médica del Hospital Juan Perón de Tartagal que había sido detenida por haber realizado un aborto a una joven de 21 años que llevaba un embarazo de seis meses de gestación y que había manifestado su arrepentimiento de avanzar en esa práctica, confirmó que prefería proseguir con el embarazo y sin embargo se le realizó el aborto contra su voluntad.

Según los denunciantes, el aborto fue cruento, porque la bebé estaba en edad gestacional de poder tener autonomía vital y fue extraída del vientre de la joven con vida y fue asfixiada fuera del seno materno y arrojada a un cesto de basura junto con otros residuos patológicos. Allí fue encontrada por una enfermera.

La ley de aborto legal permite el aborto hasta las 14 semanas o hasta el noveno mes de embarazo si el embarazo fue producto de una violación o si hay riesgo de muerte o de salud integral de la madre.

Los abortistas se escudan en que la causal de salud integral justificaba el aborto. Pero ese supuesto nunca estuvo demostrado ni fue invocado por la madre, según su familia y según el fiscal que pidió la detención de la médica ahora liberada.

La concejal Claudia Subelza, del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, destapó este escándalo e instaló el conflicto en los medios salteños. Días después la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, llamó a la presidenta del Concejo Deliberante, María Ester Valdiviezo, para sugerir que sea removida la concejal. Valdiviezo habló con Subelza del conflictivo llamado y ésta se comunicó con otros legisladores salteños.

“La ministra dijo que no podían permitir lo que había pasado con Subelza y dando a entender que la tenían que echar”, señalaron fuentes legislativas de Salta. Consultada la vocera de Gómez Alcorta por este medio no respondió a los mensajes.

La presidenta del Concejo Deliberante le respondió a Gómez Alcorta que el cuerpo municipal es autónomo para resolver cualquier medida. La ministra contestó que iban a tener noticias de ella.

Días después llegó al Concejo una nota de la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, Ana Pérez Declercq, y reclamó que “el Concejo Deliberante ejerza las facultades disciplinarias que considere pertinente en los términos del Art.183 de Constitución Provincial de Salta por las manifestaciones públicas realizadas por la Concejala Claudia Subelza en un programa de radio, así como también en el diario El tribuno, la noticia se titula ‘Denuncia penal por el aborto de un bebé de seis meses de gestación’ de fecha 27 de agosto de 2021″.

El fundamento de la petición, dijo Declercq, “recae en que la Concejala a través de sus dichos y actuaciones ejerció violencia institucional contra las personas gestantes ya que impide el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la integridad física y psíquica, a la autonomía, el derecho a la libertad no reproductiva, entre otros”.

Pero más “violencia institucional” sufrió la joven de 21 años que se vio forzada a abortar una bebé contra su voluntad, porque ahora se encuentra en una crisis psicológica, ya que había manifestado su arrepentimiento pero los médicos avanzaron de todos modos en el proceso del aborto.

El abogado de la médica liberada, Cristian Villagra, confirmó al portal elDiarioAR que la profesional sigue imputada penalmente.

La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir había reclamado con pañuelazos en la provincia y el país para exigir su libertad. La familia que denunció a la médica señaló que la joven de 21 años se había arrepentido de acceder al procedimiento.

El bebé eliminado tenía 22 semanas de gestación, es decir mucho más que las 14 semanas que se permiten para acceder al aborto legal. Y no había riesgo de muerte ni de salud para la madre. Sobre esto giran ahora las denuncias contra los médicos.

En el hospital aseguran que intervino un equipo psicosocial y una consejería. Pero la fiscalía ordenó la detención de la médica por la denuncia que hizo la familia.

Rambert Ríos, abogado de la tía de la joven, dijo: “La chica fue con intenciones de practicarse un aborto pero al estar ahí y ver su estado de gravidez, de 22 semanas y 2 días, desiste del procedimiento y le pide a la médica que desista de la práctica”.

Prosiguió: “Aún así, se le indujo un parto, la bebé nació con vida y apareció en una bolsa de basura como residuo patológico. En la causa consta el testimonio de la enfermera que encontró el feto”.

La joven de 21 años está en una crisis nerviosa. Debía declarar este viernes ante la Justicia pero no pudo: “No está en condiciones de hacerlo. Intenta hablar y llora, está de duelo. Suponemos que declarará martes o miércoles”, dijo Ríos.

Según el abogado, la médica está acusada por el inciso 2 del artículo 85 del Código Penal, que ordena que para realizar un aborto con el consentimiento de la persona gestante más allá de la semana 14 se requiere una causal.

“Pasado ese tiempo para que sea una ILE tiene que mediar alguna causal y acá no había ninguna causal”, dijo Ríos.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, había requerido ante el Juzgado de Garantías 2, la detención de la médica del Hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad.

La Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo dispone en su artículo 4 que el derecho a acceder al aborto legal es hasta la semana 14, inclusive, de la gestación. Fuera del plazo, solo hay dos causales, una que el embarazo sea producto de abuso sexual, o bien el peligro de la vida o salud integral de la persona gestante. Y para el fiscal no surgió de la historia clínica ninguno de los dos casos.

El fiscal Vega consideró que existen motivos suficientes para que la médica intente evadir los requerimientos del proceso o influir en testigos.

Según fuentes legislativas de Salta, “la médica, con consentimiento expreso del director del hospital, practicó un aborto a una bebé sana y viable de casi 6 meses de gestación para luego matarla por asfixia, siendo encontrada luego en la basura por una enfermera”. Esto sucedió ignorando planteos institucionales de la Dirección de la Niñez del municipio de Salvador Mazza y avasallando inclusive los deseos de la propia madre.

Apenas ingresó la joven al hospital fue “asistida” por una médica que le entregó y prescribió 16 pastillas de Misoprostol para que se le “produzca el aborto”.

Su familia al enterarse, efectúa un pedido de intervención ante la Dirección de la Niñez de Salvador Mazza (donde se encuentra domiciliada la joven embarazada), quien luego de que el Director del Hospital de Tartagal le informara de mala manera que el procedimiento “está avalado por la Ley de IVE”, solicita la urgente intervención de la Secretaria de la Niñez de Tartagal.

Esta secretaría se contactó con el Juzgado de Incapaces y las fiscalías de Atentado con las Personas y de Violencia de Género, sin que ninguno de los funcionarios Judiciales actuantes entablen contacto directo con la joven a fin de constatar su real situación.

En el medio de todo y luego de hablar con su padre de crianza, la joven madre desistió del aborto y le comunicó esto a la doctora de manera inequívoca, sin perjuicio de lo cual fue trasladada al quirófano, momento en el cual llegó su tía a quien le manifestó lo mismo, es decir su deseo de continuar con el embarazo.

El equipo de la médica que la llevaba, le aseguró que todo estaría bien y que luego de una reunión con la psicóloga y la médica, le darían de alta, llevando adelante la práctica.

Como todo aborto el procedimiento seguramente fue cruento, la bebé nació con vida, se tomaron sus huellas plantares y después su madre ya no la escucho, la tía que la acompaño interpuso luego de lo vivido una denuncia penal, esperando que se haga justicia y nunca más vuelva a repetirse un hecho similar.

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