Revelación de la “lista negra”: acusan de “derecha desdemocratizadora” a los que piensan diferente

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Acusatorio, persecutorio, discriminador y estigmatizante. El lenguaje utilizado en el portal “La reacción conservadora” para difundir una “lista negra” coloca a los damnificados por esa investigación de inteligencia ilegal en una supuesta condición de ser los enemigos de la República, porque los califica como “la derecha desdemocratizadora” una gravísima acusación que busca discriminar, estigmatizar y perseguir a quienes piensan diferente como antidemocráticos, autores de todos los males y de no respetar los derechos de los buenos.

Precisamente, esa acusación de atentar contra la democracia convierte a la nómina, no en una enumeración periodística e inocente, sino en una “lista negra” para hacer un señalamiento público o linchamiento mediático.

El portal de la “lista negra”, ahora dado de baja por el bochorno que significó, demostró el carácter autoritario en el que incurrieron los seis periodistas financiados por la International Planned Parenhood Federation (IPPF) para desarrollar ese trabajo burdo de inteligencia ilegal más parecido a una Gestapo que al periodismo.

A partir de ese razonamiento de culpar al diferente de “desdemocratizador”, sólo puede ser democrático quien piensa igual a la ideología abortista y de género o quien apoya a un gobierno determinado, en este caso el de Alberto Fernández.

El resto de los mortales no es plural ni diverso. De ese modo, se llega al absurdo de que los que defienden la supuesta diversidad no respetan el pensamiento diverso. Los únicos que respetan la diversidad son los que descalifican al que piensa diferente, un contrasentido profundo de alcance psiquiátrico.

El adjetivo calificativo “desdemocratizadora” demuestra la intencionalidad de adjudicarle al pensamiento diferente una supuesta finalidad de terminar con la democracia, lo cual es una acusación grave, una injuria y una calumnia.

Eso y decir que son autoritarios o golpistas es casi lo mismo. Por lo tanto, si están fuera de la ley, y son contrarios a la democracia, hay que perseguirlos, hostigarlos y aplicarles el rigor de la ley, buscando una condena social y ponerles al pueblo en contra. Es una suerte de linchamiento mediático que incita a las represalias. ¿Pensarán en una ley del odio para encarcelar a quienes piensan diferente?

El texto y la “lista negra” del portal, de ese modo, resultan discriminatorios, estigmatizantes, persecutorios, hostigadores y violan la ley de protección de datos personales, al establecer al público una calificación sobre supuestas filiaciones políticas, maneras de pensar y vínculos personales a los que se describen como supuestamente antidemocráticos.

Datos que deben ser reservados a la intimidad porque no son de interés público. Es también una abierta persecución ideológica y cuesta creer que los grandes medios de prensa no se hicieron eco aún de que existe una violación aberrante a la libertad de expresión, de opinión y al libre ejercicio del debate de las ideas.

Los autores del portal “la reacción conservadora”. Ingrid Beck, Paula Hernández, Paula Rodríguez, Flor Alcaraz, Soledad Vallejos y Juan Elman

La nueva “Gestapo Argentina” se constituyó así en una “policía del pensamiento” que descalifica y sitúa fuera de la democracia a un grupo de personas por pensar diferente de su ideología y por ese sólo motivo los califica de “antiderechos” y “desdemocratizadores” como si los únicos democráticos fueran los que descalifican las opiniones de otros.

Por otra parte, los supuestos “derechos” que atacan los miembros de la “reacción conservadora” están siendo discutidos en la Justicia y no están convalidados en la Constitución Nacional sino que están fuera de ella, fuera de la norma institucional más elevada de la Nación en jerarquía.

Por el contrario, la Constitución y el Código Civil protegen los derechos defendidos por la “derecha desdemocratizadora y antiderechos” y soslayados por los policías del pensamiento: el derecho a la vida desde la concepción del ser humano y hasta su muerte. Por lo tanto, la falsa progresía abortista se constituye así en una casta superior a la Ley Fundamental y discrimina a su arbitrio quien es o deja de ser “antiderchos” según sus propios parámetros y no según la ley.

Pero esos parámetros se convierten en falsos luego de que la ley del aborto acaba de ser declarada inconstitucional por el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, y seguramente ese pleito llegará a la Corte Suprema. Por lo tanto, hoy esa ley está declarada inconstitucional y es probable que el máximo tribunal convalide ese fallo por los antecedentes. La Corte, de ese modo, se convertiría en “desdemocratizadora y antiderechos”, cuando es precisamente el principal tribunal constitucional.

El texto del portal “La reacción conservadora” fue financiado por una cadena de clínicas abortistas con 40.000 filiales en todo el mundo y cuya finalidad económica está a la vista de cualquiera. De lo cual se desprende que el financiamiento a esa operación de inteligencia ilegal persigue objetivos económicos y no “derechos” ni menos aún la defensa de la democracia, que no está en peligro a menos que estos grupos de feminazis siga avanzando en sus propósitos. Lo único que la IPPF puede ver amenazado es su negocio si la Corte declarara que el negocio es ilegal.

El vocabulario de ese panfleto informático es propio de los servicios de inteligencia que el presidente Alberto Fernández denominó “sótanos de la democracia”. Curiosamente, parece que los antidemocráticos serían ellos entonces.

La prosa revela el carácter persecutorio y estigmatizante de su propósito: da por sentado que determinados grupos son “llamados” como “reacción conservadora”, “nueva derecha”, o “derecha desdemocratizadora”, cuando en realidad sólo ellos los llaman de esa manera. Un intento solitario de poner rótulos. Ridículo. Veamos:

“En los últimos tres años, a partir del debate parlamentario por la legalización y la despenalización del aborto, emergieron fuertemente en Argentina -a través de movilizaciones masivas, participación en los medios de comunicación y gran incidencia en las redes sociales-, sectores de la sociedad agrupados en la llamada “reacción conservadora””, comienza el texto en modo parte de inteligencia.

Los únicos que llaman así a esos sectores son ellos, por lo tanto no se entiende de dónde sale que son “la llamada reacción conservadora”, cuando solo ellos la llaman así.

“También llamada “derecha desdemocratizadora” o “nueva derecha”, en la Argentina se vio con fuerza a partir de 2018, aunque se trata de un fenómeno transnacional previo”, agrega, insólitamente. También aquí adjudican un supuesto rótulo supuestamente propagado y conocido, que sólo ellos han denominado de esa manera.

“El objetivo de esta investigación es identificar a sus principales integrantes y su red de vínculos; contar cómo actúan en la Argentina y su relación con España, y aportar una mirada histórica sobre este “nuevo” conservadurismo”, señala el portal. Con lo cual pareciera confesar –relevo de prueba- la intencionalidad de “identificar” (al mejor estilo de los servicios) o meterse en los vínculos privados de los investigados, en una violación a los datos personales.

“Red de vínculos. Aquí se pueden encontrar personas y organizaciones y sus relaciones identificables con la reacción conservadora”, reza el portal ahora dado de baja.

“La búsqueda puede hacerse a partir de distintos filtros: por actividad (redes sociales, partidos políticos, iglesias, medios, poderes del Estado, think tanks, organizaciones de la sociedad civil, entre otros), territorio, o individualmente por nombre. Al cliquear en cada foto, aparece la biografía correspondiente y su red de vínculos”, señala el informe de inteligencia que hace hincapié en identificar los vínculos personales de los investigados. Los “desdemocratizadores”, a todas luces, son los supuestos defensores de derechos y de la democracia.

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