El Gobierno confesó por ley que busca disciplinar ideológicamente a los medios con la pauta oficial

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El populismo suele caer en la torpeza de confesar sus abusos. La sanción de ley de “equidad de género” fue una autoincriminación del Frente de Todos, porque confesó de esa manera, sin medias tintas, que el gobierno de Alberto Fernández considera que la pauta publicitaria del Estado debe ser utilizada para disciplinar a los medios de comunicación a que digan lo que quiere el poder. A confesión de parte relevo de prueba.

La nueva norma aprobada la semana última por la Cámara de Diputados establece que se les quitarán los auspicios a los periodistas o medios de prensa que no utilicen el “lenguaje inclusivo”, una deformación idiomática que ni siquiera fue aprobada por la Real Academia Española que rige a nuestra lengua.

Ese lenguaje, que incluye la letra «e» o «x» para reemplazar al género masculino o al femenino, en un intento de igualar las sexualidades por una ideología que no todos tienen por qué compartir. Por lo tanto, es una forma de imponer una ideología, que es la ideología de género. Con el pretexto de buscar la igualdad de derechos de supuestos  géneros diversos se busca erradicar la riqueza propia de lo femenino y lo masculino. Y todo pasa a ser igual para que nada sea diferente.

En otras palabras, les dará pauta publicitaria a los medios que se subordinen a su ideología o se la quitarán a los que no lo hagan. Se trata de la ideología de una facción del Gobierno, la que determinará quienes reciban pauta oficial.

Se trata de un atentado contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información de los ciudadanos previsto en varios artículos de la Constitución y por lo tanto la ley resulta abiertamente inconstitucional. Además, resulta una falta de sentido común, por lo absurdo que resulta el razonamiento de manejar las pautas de auspicios de acuerdo a una visión filosófica o ideológica de los medios. Precisamente, los medios de comunicación tienen razón de ser en tanto tengan diversidad y pluralidad de voces.

La libertad por lo tanto queda restringida, porque los periodistas y medios no podrán expresarse de acuerdo a las normas idiomáticas vigentes, sino que estarán obligados  a alterar la lengua para estar en regla con la ley. Es una contradicción absurda por donde se la mire. Deberán alterar sus normas de estilo y sus usos y costumbres y deberán impostar un nuevo dialecto no previsto siquiera en los manuales educativos.

Y el derecho a la información estará restringido para los ciudadanos porque:

*Habrá medios que se verán afectados económicamente sin la pauta oficial y así se restringe la pluralidad de voces.

*Mucha información del Estado estará acotada a pocos medios de prensa con lo cual muchos ciudadanos quedarán afuera de esa información.

Todo nace de una aberración que queda confesada y de manifiesto en la ley. La filosofía de la ley parte de la premisa de que la publicidad del Estado es un premio o castigo para los medios de comunicación. Y ese premio o castigo se otorga en función del disciplinamiento político e ideológico. La aberración está a la vista.

Si bien todos sabíamos que el populismo se maneja con esos códigos de amigo-enemigo y de toma y daca, aunque nadie lo reconocía abiertamente por pudor, lo que hacen ahora es institucionalizar esa práctica por ley.

La publicidad del Estado no es un premio o un castigo. Se trata de una obligación democrática que tiene cualquier Gobierno que maneja cualquier Estado en una República de dar a conocer públicamente los actos de gobierno que son por definición de interés público. Es un servicio a la comunidad y no un premio a determinado medio.

A través de la publicidad del Estado, el pueblo puede conocer, por ejemplo, las fechas de una campaña de vacunación, o el calendario del cobro de los haberes jubilatorios, o las últimas medidas que tomó un gobierno nacional, provincial o municipal. Quiere decir que a través de esta ley el Gobierno está resignando canales de comunicación pública de sus actos de gobierno y por lo tanto no cumple su función esencial de informar.

Quiere decir, también, que por ley el Estado estaría determinando que los medios de comunicación que no respetan el lenguaje ideológico del gobierno de turno no podrán difundir campañas oficiales o mensajes que el Gobierno quiera o necesite comunicar. Y que el público no tendrá derecho a enterarse de ese acto de gobierno.

Por otra parte, el lenguaje inclusivo, que está objetado por la Real Academia, no es obligatorio para ningún ciudadano porque el idioma oficial en la Argentina es el español, que no tiene los giros que el progresismo políticamente correcto le quiere atribuir. Y si no es obligatorio para nadie, menos aún lo puede ser para un medio de comunicación.

Además, el carácter inclusivo de la lengua no se logra por el cambio de vocales, sino por la posibilidad de todos los ciudadanos puedan acceder a hablarla con corrección a través de la educacíón de calidad para todos, especialmente para los niños que hoy no están incluidos en un plan de educación masivo. Un gobierno que no garantiza la educación para todos incumple con un derecho humano básico y excluye a muchos. Por ende, para ser inclusivos hay que educar a todos y no cambiar el idioma.

Por todos los costados en que se lo analice, la ley resulta inconstitucional, lo cual prenuncia que más tarde o más temprano la norma será impugnada por decenas de recursos de amparos por violar la Constitución y finalmente los jueces dictaminarán que esa legislación es contraria a la letra y al espíritu de la Ley Fundamental. Nuevamente, se habrán gastado recursos y tiempo de legisladores en escribir una letra muerta.

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