El juez federal Alfredo López ordenó que no se aplique la ley del aborto, cuestionada por inconstitucional

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El caso seguramente llegará a la Corte Suprema. Desde que se aprobó la ley del aborto legal en diciembre último, decenas de recursos de inconstitucionalidad se presentaron en distintos tribunales del país. El juez federal Alfredo López hizo lugar ayer lunes 7 de junio a un recurso de amparo presentado por un ciudadano particular “en favor de los derechos del niño” y por estar la ley en contradicción de la obligación del Estado de proteger la vida desde la concepción.

Los derechos que invoca el demandante están contemplados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional a través de los pactos internacionales a los que el Estado argentino adhirió en la reforma de 1994. Este fue siempre un argumento central entre los sectores celestes que defienden las “dos vidas” y nunca pudo ser debidamente rebatido por los activistas del aborto legal del pañuelo verde.

Los recursos judiciales se sucedieron desde la sanción del aborto y una sentencia como esta era sólo cuestión de tiempo.

El escrito había sido presentado por Héctor Adolfo Seri con el abogado Mauro D’ipolito Blancat y recayó en el Juzgado Federal Nº 4 luego de que en primera instancia el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata (Justicia provincial) se excusara de intervenir pese a que la demanda había sido presentada allí.

En su escrito, Seri reclamó “que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.610 denominada ‘Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo’, toda vez que el mencionado plexo normativo iría en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino en virtud de la protección integral del derecho a la vida desde la concepción”.

En ese sentido, pidió “que se dicte una medida cautelar a fin de que se ordene la suspensión de la resolución 1/2019 atento estar en juego el derecho de la vida de niños por nacer”.

A partir de ahora, Lopez deberá resolver el fondo de la cuestión, la supuesta inconstitucionalidad. Luego, seguramente la sentencia será apelada ante la Cámara Federal y muy posiblemente la causa llegue a la Corte Suprema, donde podrían recaer otros fallos en diversos sentidos. Precisamente, el magistrado fundamentó su resolución en jurisprudencia del máximo tribunal, previendo que la causa seguirá un curso ascendente y deberá resolver la Corte.

En ese sentido, Lopez señaló que “reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional”. Pero también citó otros fallos. “La Corte ha reafirmado en posteriores pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud -comprendido en el derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas”.

El magistrado, por ese motivo, señaló que “en consecuencia, he de tener en cuenta que si en lo que refiere a la consideración del animal que debe hacer el ordenamiento jurídico para decidir si debe ser considerado sujeto de derecho y merecer la tutela estatal como tal o continuar con la conceptualización como cosa, tanto más estimo, debe tenerse en cuenta lo normado por la ‘Ley de Protección integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes’ ley Nro. 26.061, en cuanto esta norma instituye de modo expreso en su artículo 1ro., una acción idónea respecto de la defensa de los derechos fundamentales y humanos de las niñas, niños y adolescentes”.

El magistrado señaló que la Corte Suprema deberá definir si la ley es o no anticonstitucional y, hasta entonces, no puede ser aplicada. Es por ello, que dispuso “ordenar medida cautelar de no innovar” y en virtud de ello “decretar la inaplicabilidad de la ley de Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Además, ordenó que Poder Ejecutivo suspenda la aplicación de la norma, protocolos y resoluciones “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en el momento de dictarse sentencia definitiva en autos”.

Apenas fue sancionada la ley del aborto legal en diciembre último, muchos sectores jurídicos se movilizaron para presentar acciones de inconstitucionalidad por la violación de esa ley al articulo 75 inciso 22 de la Constitución en la que se incluyen tratados internacionales que protegen la vida del niño por nacer.

Además, el inciso 23 también establece que la Argentina debe dictar normas para proteger la vida del niño en la etapa del embarazo.

¿Que dice el articulo 75 inciso 22?
Inciso 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.

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