El Gobierno analiza un decreto para una licitación de la Hidrovía por 12 meses y con control estatal

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De ese modo, controlaría una concesión definitiva. En medio de las presiones del kirchnerismo sobre la Casa Rosada por la estatización de la Hidrovía, el gobierno de Alberto Fernández analiza un llamado a licitación por un período corto, de 12 meses, para que un concesionario administre el corredor fluvial estratégico del Paraná, por donde pasa el 80% del comercio exterior, y generar más tiempo para organizar una licitación más larga.

Entre los empresarios circula un proyecto de decreto del Ministerio de Transportes que le delegaría a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión por 12 meses para luego licitar en forma definitiva la Red Troncal Navegable del Paraná. Cerca del ministro Alexis Guerrera aseguraron que ese proyecto se analiza, pero que todavía puede haber muchas modificaciones.

De por medio está el debate de las tarifas. En la actualidad, los peajes que cobra la empresa Hidrovía S.A. rondan los 200 millones de dólares anuales. La tarifa es de 3 dólares por tonelada de carga de cada buque. La concesión actual, que ya venció en mayo, está en manos de la empresa Jan De Nul y de Emepa SA.

Pero existen muchos candidatos para presentare a una licitación y la favorita del kirchnerismo es la china Dredgin Shanghai. Se comenta en el mercado que el gobierno de Xi Jimpin busca controlar el negocio estratégico de la soja.

En el oficialismo se percibe una nueva ola estatizadora. Luego del fracasó en Vicentín, donde el Gobierno no pudo expropiarla, la semana última el Presidente anunció la capitalización estatal de Impsa en Mendoza y quedó bajo control del Estado. Por eso, lo que pase con la Hidrovía también tiene su costado político.

Entre los empresarios comentan que el proyecto de decreto de Transportes que se conoció en estos días podría ser parte de una estatización encubierta, que se sospecha busca el kirchnerismo, para delegarla en los chinos.

“El proyecto está en línea con una estatización encubierta. Lo firma alguien del gabinete del gabinete de Ministerio de Transporte. Igualmente lo tomamos con pinzas”, dijo un empresario vinculado a las exportaciones.

El proyecto pone la concesión en manos de la AGP mientras que el propósito declarado de la nueva gestión de Alberto Fernández era delegar la gestión del corredor fluvial en manos del Consejo Federal de la Hidrovía, compuesto por las provincias involucradas en la actividad de esa vía de transportes de cargas.

“Hay algunos borradores q tendrán cambios de todas maneras”, dijeron escuetamente en el Ministerio de Transportes. Cerca de Guerrera aseguran de todos modos que el cobro del peaje, si bien podría quedar en manos del Estado, finalmente el dinero siempre terminará en la concesionaria, que genera servicio de dragado, pase de los buques, mantenimiento y las obras.

“El Consejo federal de la Hidrovia ya está en funcionamiento con las provincias. Está en evaluación el cobro pero el privado tiene la concesión”, señalan en Transportes. Ahí está uno de los puntos de conflicto, porque para los privados esa sería una estatización encubierta. En el negocio existen muchos postulantes para presentarse a la licitación, entre ellos dos empresas belgas, como Jan De Nul, dos holandesas, una china y la argentina Emepa SA.

De la Hidovía depende gran parte de las exportaciones agropecuarias de la Argentina. Por eso causó inquietud que el Gobienro ahora quiera concesionar por 12 meses las obras de mantenimiento con una nueva licitación corta.

El borrador de decreto de 6 páginas, con fecha del viernes 29 de mayo, que nunca se publicó, lleva la firma del jefe de asesores del Ministerio, Abel De Manuele, y comenzó a circular entre los empresarios del sector exportador.

El contrato había vencido en mayo, pero el Gobierno lo extendió por 90 días. Pero ese tiempo puede ser exiguo en las pujas internas del oficialismo y con las presiones estatizadoras del kirchnerismo sobre la Hidrovía. La postura de Alberto Fernández y de Sergio Massa, padrino político de Guerrera, es una licitación tradicional con un concesionario privado.

El borrador del decreto establece que la Administración General de Puertos (AGP) tendrá la concesión, el mantenimiento, señalización y tareas de dragado y redragado de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior. El Ministerio de Transporte formula el contrato de concesión de doce meses.

El Ministerio de Transporte establece la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje, que percibirá la AGP. Es decir, que el Gobierno podría cambiar las tarifas del peaje que hoy están fijadas por la concesión. La AGP cobraría los peajes y no el concesionario.

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