Bombas virales en trenes, pocos testeos y vacunas, cierres y superpoderes del Gobierno que “nos cuida”

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La policía puede clausurar, detener o causar un caos de transito, pero a los piqueteros los trata como a señores muy respetables, aunque provoquen la peor aglomeración de personas en plena pandemia. Bombas virales en los trenes, velatorios contagiosos, testeos y vacunas insuficientes, cuarentenas absurdas, vacunatorios Vip, y prohibición de testeos rápidos. Esas son las postales del gobierno de Alberto Fernández que dice que “nos cuida” del virus del Covid 19 y para eso necesita superpoderes.

Pretende que el Congreso le delegue facultades para suspender en cualquier provincia las clases presenciales y toda actividad comercial, gastronómica o productiva según los deseos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, mientras la impericia gobierna la pandemia.

El manejo de la pandemia por parte del Frente de Todos naufraga en un mar de contradicciones y decisiones absurdas. Hace dos semanas, la policía bonaerense ordenada por el gobernador Axel Kicillof dispuso un operativo de controles de pandemia y provocó un caos de tránsito con colas de tres horas por la Panamericana de autos que no pudieron salir de la Ciudad. Era un control sanitario.

Hoy la Policía Federal manejada por la ministra de Seguridad Sabina Frederic dejó que 26 ex trabajadores ferroviarios hicieran un corte de vías del ferrocarril General Roca por cuatro horas y provocaran el amontonamiento de 82.000 personas en la estación Constitución. La multitud se agolpó en las puertas de la terminal y luego en trenes repletos que eran verdaderas bombas virales y focos de contagios.

Si el Gobierno no nos “cuidara” estaríamos a salvo. Pero para “cuidarnos”, el Gobierno cierra escuelas y provoca retraso madurativo en los niños. Clausura los shoppings, comercios y locales de gastronomia y otras actividades, causando el quebranto de nuestras Pymes y emprendedores, para evitar la circulación de Covid en los medios de transportes. Si se violan esas disposiciones, la Policía Federal clausura negocios, labra actas de infracción y aplica el artículo 205 del Código Penal.

Pero la estupidez ideológica de “no reprimir” un piquete con la Policía Federal da por tierra con todo el esfuerzo de gente de bien, trabajadora, comerciantes y empresarios, y torna inútiles sus pérdidas económicas causadas para lograr la baja del contagio, y provocan una aglomeración popular mucho peor en los trenes del Ferrocarril Roca con vagones atestados que son verdaderas incubadoras del Covid.

Mientras los pasajeros del Roca recibían el trato de animales, los 26 piqueteros recibieron un gentil pedido de la Policía Federal para que desalojaran las vías. Con muy buenos modos, los oficiales de Policía les comunicaron cordialmente la condición que imponía la empresa Trenes Argentinos al petitorio formulado por los manifestantes de reincorporación laboral como paso previo a una negociación muy civilizada que tendrá lugar en la empresa el miércoles a las 12. Los buenos modales, ante todo.

La Argentina está enferma de una alarmante falta de sentido común. En cualquier país del mundo, los 26 manifestantes no hubieran durado ni 5 minutos en las vías y hubieran sido detenidos y juzgados por violación al artículo 194 y 205 del Código Penal. Y si se hubieran resistido a la autoridad, hubieran sido prolijamente molidos a palos y metidos a las patadas y machetazos en un camión celular.

Artículo 194: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

Artículo 205: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Pero en la Argentina, los piqueteros fueron tratados como grandes señores y Trenes Argentinos debió interrumpir la electricidad de las vías del ferrocarril para que no causaran una tragedia mayor. También debió contratar micros y choferes para derivar a los pasajeros que de todos modos se agolparon en las terminales mientras Trenes Argentinos negociaba un petitorio para que los revoltosos se bajaran de las vías poniendo en riesgo a otras miles de personas que también son trabajadores.

Mientras Alberto Fernández dice que “nos cuida” y por eso cierra actividades comerciales y educativas, el Presidente y sus ministros se trasladaron en caravana al velatorio y al entierro del fallecido ministro de Transportes Mario Meoni; se abrazaron con familiares y amigos, sin ningún distanciamiento social, y les importó tres pitos que otros ciudadanos no pudieron despedir a sus familiares muertos en la pandemia.

Tampoco les importó que hubo padres que no pudieron cruzar provincias para trasladar a sus hijos enfermos terminales a sus tratamientos oncológicos. El sinsentido de la clase política desnudó toda su crudeza en la pendemia del Covid. Ya se había visto en Ensenada: para sacarse la “foto de la unidad” se armó la foto del amontonamiento contra cualquier protocolo Covid, que no era más que una placa de la simulación de una unidad que no existe entre funcionarios que no cumplen lo que decretan.

El artículo 16 del DNU 287 dice en el inciso B que se suspenden las “reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de DIEZ (10) personas”. Y en el artículo 4 inciso A señala que “las personas deberán mantener, entre ellas, una distancia mínima de DOS (2) metros”. Ninguna de las normas se cumplía.

Más atrás en el tiempo, otras bombas virales fueron las que causaron las colas de jubilados en abril de 2020, que terminó en la renuncia de Alejandro Vanoli en la Anses, y el velatorio de Diego Maradona que juntó a millones en la Plaza de Mayo incentivados por Alberto Fernández con megáfono en mano.

A las impericias en la compra de vacunas, errores en los contratos y leyes, incumplimientos, malas decisiones, aplicaciones de vacunas a funcionarios o personas de privilegio, vacunatorios Vip o vacunagates, se suman los testeos truchos de Ezeiza y la decisión del Gobierno de hacer testeos insuficientes. El Ministerio de Salud no quiere testear más de lo que testea. Es una decisión tomada. ¿Para cuidarnos?

El testeo es la única carta que puede jugar si se tienen en cuenta las limitaciones de vacunas y el escaso margen para encierros y cuarentenas. Sin embargo, hoy hubo 82.000 testeos y 27.000 casos positivos, con una positividad del 33%, mientras que la OMS dice que debe ser menor al 10% para poder acorralar al virus. Para bajarla a esos niveles el Gobierno debería cuadruplicar los testeos.

El gobierno de Alberto Fernández, que “nos cuida”, corre al virus desde atrás y nunca lo alcanza porque termina cazando en el zoológico. Sólo se testea a los que acusan algún síntoma de Covid o a los contactos estrechos –y sólo algunos, nomás- pero no hay una política para encontrar contagios asintomáticos, pese a que esa es la única manera de aislarlos y cortar la cadena de contagios.

Testear sólo a los que tienen síntomas no ayudará a frenar el contagio porque una vez que el enfermo tiene tos, fiebre, dolor de cabeza o dificultades respiratorias, tiene que aislarse de todos modos por la sencilla razón de que no puede con su decaimiento. El verdadero freno, entonces, sería aislar al que es asintomático y está contagiando porque aún circula entre la gente. Solo así se corta la cadena de transmisión.

Sin embargo, Salud dice que el testeo “no es la única herramienta” y que los testeos dependen de cada jurisdicción. Pero no incentiva a multiplicarlos.

El gobierno de Kicillof, que está preocupadísimo por clausurar la educación presencial, también impide la ampliación de los testeos. Precisamente donde más debería testearse, en su provincia, la gobernación prohibió la venta de test rápidos en las farmacias para que la gente no se los pueda hacer por sí misma.

No es tarea fácil lograr que la provincia testee y algunos bonaerenses viajan a la Ciudad para testearse sin síntomas. Pero Kicillof cortó la cadena de testeos porque éstos no quedaban asentados en el sistema SISA y no se los podía computar. Hubiera sido más inteligente computar los testeos que prohibirlos.

El mismo gobierno provincial le prohibió a Matías Almeyda comprar vacunas para la ciudad de Azul pese a que tenía el dinero y los contactos. Por una simple razón burocrática: sólo pueden comprar vacunas la Nacion y las provincias, no los privados.

A esta altura, se debería permitir a las empresas y a cualquier institución de salud, farmacia o droguería comprar sus propias vacunas si están en regla y tienen la capacidad. Pero el gobierno nos cuida activando la “máquina de impedir”.

Las fuerzas de seguridad federales y la policía bonaerense están muy atentas a que los niños, niñas, jóvenes y adultos de la provincia no jueguen deportes de “contacto” como fútbol o rugby al aire libre. Pero el Gobierno habilitó en el mismo artículo del DNU 287 los deportes profesionales y federados. Como si el contacto de los deportistas de alta competición fuese menos riesgoso que el de los niños de colegio primario.

Eso sí, para cuidarnos, el gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso una ley de superpoderes, llamada ley de restricciones sanitarias, que faculta al Presidente a cambiar los parámetros epidemiológicos de las provincias para disponer el cierre o suspensión de cualquier actividad económica, social, comercial, gastronómica o educativa sin que las provincias puedan chistar.

En los DNU anteriores se invitaba a las provincias a adherir a las medidas nacionales. Pero ahora directamente se las conminaría a obedecer al Poder Ejecutivo si al Ministerio de Salud se le ocurre, en virtud del artículo 3 del proyecto, cambiar sorpresivamente los parámetros de los riesgos bajo, medio, alto o “alarma” con solo modificar los cómputos de contagios quincenales o de incidencia cada 100 mil habitantes.

También el Poder Ejecutivo puede disponer a gusto y piacere el cierre de escuelas para el caso de distritos con alarma epidemiológica. Y los distritos no se pueden oponer porque el Gobierno lo hace para “cuidarnos” aunque violen su autonomía. Eso justamente es lo que la Corte Suprema calificó como inconstitucional: violar las autonomías.

Hasta el presidente del gobierno de España, Pedro Sanchez, dijo frente a Alberto Fernández, dirigiéndose a la oposición de su país, que “ninguna ley está por encima de la Constitución”. Se trata de un gobierno socialista y no de la derecha anticuarentena.

Ahora, serán los senadores y los diputados de las provincias los que deberán decidir si la Nacion, en manos de un porteño, tomará las decisiones por ellos, influenciado especialmente la vicepresidenta Cristina Kirchner y Kicillof, que también son dos dirigentes bonaerenses y con aires centralistas. Y si de esa manera quieren ellos que “nos cuiden” a todos los argentinos.

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