El sindicato gastronómico denunció irregularidades en el servicio de alimentos de un penal de Mendoza

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El conflicto laboral tiene connotaciones políticas. El sindicato gastronómico que dirige Luis Barrionuevo denunció ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza supuestas anomalías en la empresa concesionaria de alimentación de la Cárcel Federal de Luján de Cuyo, en esa provincia, lo cual significó un tiro por elevación contra la interventora en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, fundadora de Justicia Legítima y mujer que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Garrigós de Rébori fue nombrada por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, pero pertenece al núcleo judicial que tiene una buena afinidad con el kirchnerismo duro.

María Laura Garrigós de Rebori

En concreto, la seccional Mendoza del sindicato gastronómico (Uthgra) reclamó ante la subsecretaría que la empresa concesionaria del servicio de alimentación de la cárcel federal de Luján de Cuyo “realice el registro de los trabajadores y regularice la situación de los empleados activos”.

El reclamo lo hizo por medios de prensa locales la secretaria administrativa del sindicato, Carolina Montivero, quien confirmó que “existe un gravísimo problema con la concesión del servicio de alimentación en la Cárcel Federal de Luján de Cuyo”. Consultada por La Nueva República, señaló: “Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo y a buscar la solución para los compañeros”.

Carolina Montivero, secretaria de gastronómicos Mendoza

Montivero cuenta con el firme respaldo de Barrionuevo en su conflicto con la empresa concesionaria, Foodrush Gastronómica SA, la cual negó todas las acusaciones en una nota dirigida a Uthgra, en la cual le exigió retractación a Montivero por los medios en los que había realizado tales afirmaciones.

“Los trabajadores del concesionario que tiene a su cargo la provisión y elaboración de la comida para el personal e internos, no sólo que no llegan a percibir la mitad de su sueldo básico de convenio, sino que también hacen trabajo que no les corresponde”, ratificó Montivero en diálogo con La Nueva República.

“No tienen condiciones dignas de trabajo ni un bromatólogo profesional que certifique que la cocina y lugares de trabajo sean aptos”, agregó.

Según los reclamos sindicales, es necesario hacer inspecciones rutinarias, pero al ser territorio federal no dejan ingresar inspectores. De este funcionamiento responsabilizan a María Laura Garrigós de Rébori actual interventora del SPF.

Luis Barrionuevo respalda la denuncia

Su actuación en el SPF como interventora iba a durar 180 días con el objetivo de mejorar las condiciones del servicio penitenciario; luego Losardo debía nombrar un director definitivo, pero aún no se sabe quién será el titular de la entidad.

La empresa Foodrush negó todos los reclamos que hizo el sindicato. “No es cierto que nuestros dependientes perciban la mitad de su sueldo, que no existan condiciones dignas de trabajo y que no contemos con un bromatólogo. Por el contrario, todos nuestros empleados se encuentran debidamente registrados ante los organismos de contralor y perciben la remuneración mensual correspondiente acorde al convenio colectivo de trabajo”, dijo la compañía concesionaria en una nota dirigida a Uthgra.

“Las condiciones de trabajo, así como también la calidad, salubridad e higiene de las materias primas y maquinarias utilizadas son óptimas y se encuentran debidamente supervisadas por personal idóneo. Además, todo ello también es supervisado por el Servicio Penitenciario Federal, a quien debemos rendir cuenta de la legalidad y transparencia de nuestros vínculos laborales y de la debida prestación del servicio contratado”, señalo el comunicado de la compañía, firmado por el apoderado de Foodrush, Darío Martin Affonso.

También aseguró que “durante todos estos años de crisis social y económica, profundizada por la pandemia de Covid, la empresa no sólo no despidió personal sino que lo fue incrementando, alcanzando una nómina de 200 empleados”. También señaló que “la empresa se encuentra al día y sin deuda alguna de aportes sindicales con su entidad” y negó que hubiera habido una denuncia de Uthgra en sede judicial o administrativa.

Sin embargo, Montivero envió una nota del sindicato que indicó que “luego de reiterados reclamos formulados por empleados de dicha firma, el sindicato realiza denuncia ante la Subsecretaria de Trabajo de Mendoza, mediante la cual se solicita una inspección a los fines de verificar una serie de puntos relativos a deficiencias cometidas por la empresa respecto a sus trabajadores”.

Insistió en que existía una incorrecta categorización laboral de casi todos los empleados quienes figuran en su mayoría como “peones de cocina” pese a que existen muchas categorías superiores a ésta, actualmente prestando servicios.

Consignó así que en esa oportunidad, la empresa no se presentó a la audiencia convocada, sino que envió documentación consistente en recibos de sueldo sin las formalidades exigidas legalmente, sin la firma de los empleados.

También agregó que en el mes de enero de 2021, a raíz de insistentes reclamos de los empleados por la supuesta persistencia de las irregularidades se solicitó nuevamente la Intervención de la Subsecretaria de Trabajo para que convoque a una audiencia de conciliación urgente, lo que dio origen al expediente administrativo N° 530395/2021.

Señaló también que la audiencia fracasó el día 04/02/2021 por el incumplimiento de la empresa ante la Subsecretaria de Trabajo lo cual se reiteró en otra audiencia fijada para el 02/03/2021. “Por lo que estamos esperando realizar la manifestación y corte de ruta”, señaló una nota del sindicato.

También afirmó que “no es verdad que los trabajadores perciban su remuneración conforme al convenio colectivo de la actividad, lo cual se demuestra con recibos de sueldo acompañados en este acto y presentados por la propia empresa”.

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