El Gobierno dictó la resolución 2021 para legalizar las vacunas a funcionarios y salvar la irregularidad

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El gobierno de Alberto Fernández publicó ayer la nueva resolución 2021 para determinar qué funcionarios pueden recibir la vacuna y cómo deben pedir autorización al Ministerio de Salud. Con esa nueva norma reconoció que hasta el viernes 19 de febrero estaba cometiendo irregularidades en la vacunación, las que ahora se investigan en la justicia federal.

En su peor crisis de gabinete, el Presidente echó a su ministro de Salud por vacunar a funcionarios, parientes y amigos del poder en forma discrecional, por amiguismo y sin ningún tipo de normativa que permitiera esos privilegios de acceder a una vacuna a algunos por sobre otros que tenían más urgencia y derechos.

El propio Presidente aseguró que “ponerse primero en la cola antes que otros para recibir una vacuna no es delito” y así reconoció que su propio gobierno realizaba esa práctica. Y si es delito lo determinará la jueza federal María Eugenia Capuchetti que investiga la causa con el fiscal Eduardo Taiano; no el primer mandatario ni su Ministerio de Salud.

Con la resolución que anunció ayer la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, queda legalizada la práctica de aplicar vacunas a todos los funcionarios y de alguna manera se hace un blanqueo para regularizar a aquellos que se la pusieron, muchos de los cuales deben aplicarse la segunda dosis en medio del nuevo conflicto.

En suma, la nueva normativa es un dispositivo más de la “operación rescate” al Presidente para despegarlo definitivamente de la responsabilidad por la vacunación irregular de funcionarios: el plan de inmunización debía ser una epopeya para ganar las elecciones y termina siendo un papelón internacional. Un funcionario comentó en tono confidencial: “¿Con qué elementos decimos ahora que somos un gobierno que va contra los privilegios de unos pocos?”

La Resolución 2021 dispone:

  1. Se creará un observatorio para monitorear el cumplimiento con organismos externos sanitarios y académicos. En realidad, esta función podría cumplirla la Sigen, organismo interno de control del Poder Ejecutivo, o la Auditoría General de la Nación, órgano de control del Congreso. Seguir sumando organismos no hace más que complicar la administración pública.
  2. El personal estratégico deberá especificar los alcances de su función y deben ser relevantes para garantizar el funcionamiento del Estado. El periodista Horacio Verbitsky o Eduardo Duhalde no cumplirán la condición de estratégico. En realidad, no debería hacer falta ninguna aclaración para determinar qué funcionario es estratégico o no, se los podría definir por categorías y cargos.
  3. Se comprenderá como personal estratégico a:

– Las personas que desarrollen funciones presenciales que impliquen riesgo.

– Los representantes del Estado en organismos internacionales.

– Las personas que realicen viajes afuera del país o que deban recibir comitivas oficiales del exterior.

  1. Deberán pedir autorización o “anuencia” por el sistema informático a Salud. Esto debió ser desde un comienzo de esa manera, de la misma forma que el Gobierno autoriza los permisos de circulación o los testeos.
  2. Deberán completar un formulario donde autorizan la difusión de sus datos. La difusión de los datos de un funcionario público deberían ser públicos por definición.
  3. Se deben vacunar en establecimientos autorizados. Este punto no hace más que admitir que hasta ayer se vacunaba a funcionarios en vacunatorios VIP no autorizados.
  4. La vacunación se notificará en el Registro Federal de Vacunación Nominal. No es ninguna novedad, igual que la de todos los ciudadanos.
  5. Se constituirá un listado público que se actualizará y Salud podrá difundirlo. Como todos los datos que son públicos, el Ministerio debe difundirlo por obligación.
  6. Se invitará a todas las provincias al mismo procedimiento.
  7. Hasta ayer el orden de prioridades establecido por el Gobierno para vacunar era: 1, personal de salud, 2 mayores de 70, 3 mayores de 60, 4 fuerzas de seguridad, 5 adultos entre 18 y 59 con enfermedades de riesgo, 6 docentes y 7 poblaciones vulnerables. Nunca figuraron como prioridad los funcionarios. Con la Resolución 2021 se estableció esa autorización que antes no estaba.

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