Los precios no paran de subir: Cristina, Macri y Alberto fueron incapaces de bajar el gasto y la inflación

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Recuperar la cultura del trabajo y menos asignaciones sociales. Los alimentos, los impuestos, las expensas, los servicios y todos los precios en general se están tornando inalcanzables. Los sucesivos presidentes Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández han sido incapaces, todos por igual, de reducir el gasto público para bajar la inflación, como lo hicieron la enorme mayoría de los países del mundo. En la Argentina, reducir el gasto requiere de una vez abandonar un esquema en el que 9 millones de personas mantienen a 30 millones.

Para ello, hay que sustituir planes sociales por trabajo genuino. No es fácil, ni de la noche a la mañana. Pero es un proceso que se puede hacer de inmediato y los primeros resultados serían inmediatos y producirían un efecto contagio. El objetivo patriótico debe ser que incorporar a diez millones de los beneficiarios de subsidios sociales al lote de los 9 millones de contribuyentes. Y la única herramienta para ello es la educación, la formación laboral y una apuesta por la cultura del trabajo y el esfuerzo.

Esa es la verdadera epopeya que ningún Gobierno pudo lograr. Mientras no se intente, el nudo gordiano de la economía no se desatará y cada litro de leche será cada día más caro, porque incluirá dentro de su precio inalcanzable el costo de una carga impositiva desmesurada, cargas patronales, y una devaluación de la moneda generada por la emisión monetaria que sostiene aquel gasto.

De nada servirán los acuerdos de precios y de salarios como el que intenta ahora Alberto Fernández. En el gasto público existen 6 millones de jubilados, 4 millones de empleados públicos de la Nación, las provincias y los municipios, y unos 20 millones de planes sociales de diverso tipo.

Es cierto que los jubilados no se pueden eliminar: pero sí se podrían hacer reformas como hicieron la mayoría de los países con sus sistemas previsionales. También se podría pasar a la formalidad a millones de trabajadores y cuentapropistas informales. Hay que salir a cazar afuera del zoológico.

De los empleados públicos habría que bajar al menos 1 millón en Nación, provincias y municipios, pero progresivamente y sin enviarlos a la calle de un día para otro. Se les podría seguir pagando el sueldo por dos años mientras se capacitan para desarrollar trabajos productivos en el sector privado, en una coordinación conjunta entre el Estado, el sector privado y los sindicatos, con reglas de juego claras.

Este mismo criterio se debe aplicar a los beneficiarios de planes sociales: el Estado no puede seguir manteniendo beneficiarios de planes que no trabajan ni estudian y se dedican a hacer changas para completar un ingreso digno. Son personas que viven a costa de otras personas que pagan impuestos.

A partir de ahora, los planes sociales deberían tener una contraprestación laboral de beneficio directo para el Estado o de capacitación laboral para ingresar en el sector privado, en coordinación con las empresas y sindicatos, que definan la demanda laboral y que contraten en mejores condiciones económicas para lo cual hay que bajar los costos. Y aquel que no quiera capacitarse debería perder progresivamente el plan.

Para esto, el Estado debe aplicar toda su autoridad y la ley: si es capaz de encerrar a toda la población en su casa por diez meses, también debe ser fuerte para exigir educación y trabajo genuino a quienes cobran dinero de los contribuyentes. No pueden vivir de los demás.

Con eso, se reducirían los 20/22 millones de planes sociales. Toda esta ingeniería convertiría a los indigentes y a los empleados públicos en dignos trabajadores con autoestima, empoderados y en agentes productivos contribuyentes. Pasarían de la columna del gasto público a la de los ingresos.

Se podrían organizar millones de beneficiarios de planes sociales en cooperativas productivas con valor agregado, con gestión de proyectos y con capacitación en el asociativismo. Podrían ser muy eficientes en el reciclado de basura, la producción de bienes y servicios que se insertarían en las cadenas de valor y en la producción agropecuaria y tecnológica.

No se trata de inventar la pólvora, sino de replicar a nivel nacional y federal, con la coordinación activa del Estado y de todos los sectores económicos y sociales, las provincias y los municipios, los emprendimientos que surgen de la sociedad civil y potenciarlos y crear otros con la colaboración entre el Estado y los privados. Convertir a la Argentina en una gran escuela de oficios para la nueva realidad industrial. Enseñar las competencias y perfiles laborales que demandarán los privados. Ese es el gran acuerdo nacional al que deben llegar unos y otros.

Algunos de los ejemplos de que esto es posible y real son la cooperativa El Correcaminos, de “Coco” Niz; La Juanita, de “Toty” Flores; Los Espartanos, de “Coco” Oderigo o el emprendimientos de Gastón Vigo en Lima, provincia de Buenos Aires, discípulo del padre Pedro Opeka, que fundó Akamasoa (“los buenos amigos”) en Madagascar y cambió el mapa de la pobreza. En otras palabras: para salvar a la macro economía hay que revertir la pobreza y para esto hay que rescatar al ser humano.

De ese modo, virtuoso y sin ajuste, más que el de ponerse a trabajar en serio, se reduciría el déficit fiscal y el Estado no tendría que emitir moneda en forma desmesurada ni ahogar con impuestos a los pocos contribuyentes Pymes y privados que van quedando. Con lo cual todos los precios de la economía se desacelerarían. Porque la moneda recobraría valor y los costos de producción bajarían sensiblemente.

También existen, es cierto, muchos quioscos del Estado que hay que desarmar. Pero este sistema perverso de la cultura del asistencialismo en lugar del trabajo es la clave. De la crisis se sale con más trabajo, más educación y más meritocracia. No hay plan económico, ni tecnócrata ni estadista que reemplace estos valores.

Habrá que reducir además el número de ministerios, de secretarías, subsecretarías y de direcciones del Estado, desarmar progresivamente otros subsidios, como el de la energía eléctrica, el gas, y el transporte; eliminar estructuras ineficientes en el Estado, vender inmuebles ociosos, alquilar otros, reagrupar reparticiones del Estado, eliminar ventanillas de cobros de peajes, reducir la planta de automóviles y todos los gastos superfluos e improductivos. Mientas no se realice ese plan, la leche seguirá siendo inalcanzable y los impuestos y los precios, impagables.

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