Alberto Fernández cerró el 2020 “aliviado”, pese a varios traspiés, y prepara cambio de Gabinete para marzo

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El aborto y la movilidad jubilatoria le salvaron el fin de año. Apenas una sensación de alivio, sin triunfalismo, es lo que sobrevolaba anteayer en el último día del año del gobierno de Alberto Fernández. En pleno rebrote de la pandemia de Covid, con una recesión económica que no se recupera y una gestión totalmente condicionada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Presidente apenas pudo celebrar al cerrar 2020 la aprobación de la ley de legalización del aborto y de movilidad jubilatoria.

“No había triunfalismo ni espíritu ganador. Apenas había alivio, porque al menos nos salió el tiro del final”, confió a A24.com un funcionario del entorno del jefe del Estado.

El plan de vacunación había sido presentado como una “gran epopeya”, pero hasta ayer el Gobierno no podía brindar un número oficial de vacunados pese a que informa todos los días, rigurosamente, el número de contagios, fallecidos o de test diarios. Cuando A24.com consultó a un funcionario del Ministerio de Salud, ayer, la respuesta fue: “Sólo recibimos saludos de Año Nuevo”. Anteayer tampoco hubo información oficial.

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La desinformación carcomió en estos días la credibilidad de la gestión de la pandemia. Y las declaraciones del ministro de Salud, Ginés González García, no ayudaron: tras superar las idas y venidas con Rusia por la vacuna, comenzó la semana atacando al laboratorio Pfizer por “no tenerle confianza a su vacuna” y la terminó revelando que “el Presidente está nervioso porque no llegan los estudios de la vacuna Sputnik” para mayores de 60 años.

La Casa Rosada quiso montar una postal de gobernadores vacunándose para escenificar la epopeya. La primera foto fue la del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Pero faltaron las del propio Presidente y la del jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. No obstante decenas de médicos se vacunan con mucha fe, en Salud dicen que hay emoción y agradecimiento, pero sin documentación publicada sobre la vacuna rusa.

Para llegar a 5 millones de vacunaciones por mes, el Operativo General Belgrano II (de vacunación en todo el país) debería inyectar 167 mil dosis por día. Entre los científicos y los infectólogos dudan de que puedan llegar a esa cifra cuando en lo que va del año apenas se hicieron 4,7 millones de testeos, a razón de 15.000 por día. La logística para una cosa y para otra tiene ciertas similitudes, con el agravante de que sólo existen 53 centros de vacunación en el país que podrían manejar la vacuna de Pfizer a menos 70 grados de temperatura. Y sólo 1700 la de Sputnik, que necesita menos 18 grados.

Sólo la de Oxford-Astrazéneca funciona a 4 grados, y es la más barata, pero esa sólo llegará entre marzo y abril. Sin embargo, todas ellas están aprobadas.

A las intrigas del plan de vacunación se suman las políticas. La llegada de 2021 no promete revertir la subordinación de Alberto Fernández respecto de su vicepresidenta y mentora, Cristina Kirchner. Alberto debió levantarle la mano al jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, con un respaldo para que asuma como presidente del PJ bonaerense desde febrero, en contra de los intendentes del peronismo, que eran sus aliados. Como contrapartida, ella respaldará la designación de Alberto como presidente del PJ nacional.

“Entre los barones del conurbano existe decepción respecto de Alberto”, dijo un allegado a uno de los intendentes. No se sabe qué instrumento usarán para tumbar a la dupla Fernando Gray-Gustavo Menéndez, electa por el voto de los afiliados en 2018 y con mandato hasta diciembre de 2021. La única manera posible es un golpe de Estado, una presión para que renuncie el binomio. Gray se resiste, pero todos los demás intendentes se resignaron al pedido del Presidente.

“Van a acatar porque se los pide el Presidente, pero estas cosas quedan marcadas”, susurran en el peronismo bonaerense. Además, Alberto había acordado con los gobernadores e intendentes la suspensión de las PASO para que La Cámpora no se metiera en sus territorios. Pero Máximo –es decir, Cristina- frenaron esa iniciativa. El ministro del Interior, el cristinista Eduardo De Pedro, les dijo a muchos allegados esta semana que las PASO se harán, excepto que haya una catástrofe sanitaria, que no está prevista. Los gobernadores ya entendieron el juego: todas las decisiones del Presidente deben pasar por el visto bueno de Cristina.

Otro ejemplo es la inminente designación de Sabino Vaca Narvaja como embajador en China. Hasta ahora era el segundo de Luis Kreckler, diplomático de carrera, que será despedido por el Presidente y por el canciller Felipe Solá con la acusación de no haber logrado un acuerdo con China por la vacuna Sinopharm. Sin embargo, Kreckler firmó un acuerdo por 30 millones de dosis para 2021 y destrabó las gestiones de Ginés con el laboratorio, avanzadas. El problema era político y personal: había que ascender a Sabino y el canciller no se lleva bien con el embajador.

Termina el año con sabor agridulce: el PBI cayó un 12%, hubo 43.000 muertos por Covid, hay rebrote de la pandemia a niveles de octubre, el desempleo real trepa al 35%, la pobreza al 50% y el Gobierno no pudo avanzar en la reforma judicial, la del Ministerio Público y la de las PASO, porque en la Cámara de Diputados no consigue los votos.

La única cucharada dulce de la gestión para el paladar del gobierno consistió en que sobre el final del año logró sancionar las leyes de impuesto a la riqueza, la movilidad jubilatoria y la legalización del aborto. Sin embargo, esos logros serán judicializados y una vez más Alberto y Cristina quedarán a merced de los jueces y de los tribunales, con quienes no se llevan bien.

La reforma jubilatoria será impugnada por las pérdidas que implicó la suspensión de la fórmula de Mauricio Macri (100 mil millones en 2020) y por eventuales pérdidas de la nueva fórmula de cálculo sobre el crecimiento de salarios y recaudación. El impuesto a la riqueza es considerado confiscatorio y una doble imposición por todos los tributaristas. Y la ley del aborto, como explicó el jefe del bloque de diputados del propio Frente de Todos, José Mayans, contradice la Constitución, los tratados internacionales incorporados en ella sobre derechos humanos, y el Código Civil que sancionó Cristina en 2014: en todos se señala que la persona humana existe desde la concepción y tiene derecho a vivir.

El propio Mayans presentará impugnaciones judiciales, junto a otros referentes de la oposición, como la senadora Silvia Elías de Perez, y organizaciones provida. Vale repetir: Mayans es el jefe de bloque del kirchnerismo en el Senado.

De allí el enojo de Cristina Kirchner con Alberto Fernández y su ministra de Justicia, Marcela Losardo. La vicepresidenta le recrimina a Alberto que no pudo controlar al Poder Judicial: en 2021 se sustanciarán los juicios orales sobre lavado de dinero Hotesur y Los Sauces y sobre el encubrimiento al atentado a la AMIA, además del juicio por lavado de dinero de Lázaro Baez.

Por un lado, la Justicia determinará las condenas o las absoluciones de decenas de funcionarios kirchneristas que podrían seguir el camino del ex vicepresidente Amado Boudou, que anticipo que “en febrero van por Cristina”. Por otro, los jueces decidirán sobre las leyes jubilatorias, impositivas y reproductivas, y todo en plena campaña.

Un elemento positivo que computa el Presidente en su balance del año es la “consolidación” del Frente de Todos. Se atribuye para él mismo la capacidad de haber logrado que no se fracture pese a todas las presiones de Cristina Kirchner contra el presidente designado.

También rescata la “unidad” de los bloques parlamentarios. Para mantener esa unidad, debe pagar un precio: prepara un relanzamiento del gobierno con cambios o reducción del gabinete, donde seguramente podría haber bajas de ministros reclamadas por el Instituto Patria: Losardo, Solá, Gines, Kulfas, Paula Español, Claudio Moroni, Luis Basterra o Nicolás Trotta, entre otros.

Sería en marzo para comenzar con el pie derecho la campaña electoral con miras a los comicios legislativos de 2021. También, en aras de esa cohesión partidaria, Alberto se prepara para dar la batalla por los precios, las tarifas, los salarios y las jubilaciones, tal como le marcó Cristina desde una tribuna en el Estadio Unico de La Plata hace dos semanas.

Comenzó anteayer con la suspensión hasta marzo de las exportaciones de 4,7 millones de toneladas de maíz para destinar a la producción local de alimentos con proteína animal como carnes porcinas, pollo, huevos, leche y feedlot y resguardar sus precios. Vuelve el fantasma de Guillermo Moreno. El premio de haber preservado la unidad del Frente de todos tuvo un costo: la subordinación indisimulada del Presidente a la vicepresidenta.

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