La Coalición Cívica comenzó a denunciar al Gobierno ante la OEA por atentado al orden constitucional

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Es para generar el caso argentino ante un avance autoritario. La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, trabaja con sus diputados más incondicionales en una estrategia de judicialización internacional de los avances del gobierno de Alberto Fernández sobre el Poder Judicial y las instituciones. De ese modo, comenzó a hacer presentaciones ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con denuncias de atentados y alteración del orden constitucional para que sean tomados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En caso de que los avances del Presidente y de la vicepresidenta Cristina Kirchner registraran una escalada, esas presentaciones serían el preludio para pronunciamientos internacionales como los que existen sobre el caso Venezuela. Para esto, la Coalición de Elisa Carrió cuenta con el visto bueno de toda la alianza Juntos por el Cambio.

El bloque de diputados de la CC anunció ayer lunes 154 que presentará un pedido de juicio político contra Cristina Kirchner por atentar contra el orden constitucional. Este pedido se fundamenta en la carta de la vicepresidenta en la que acusó a la Corte Suprema de ejercer una persecución judicial con fines políticos, lo que ella denomina lawfare y dejar a entender que podría impulsar el juicio político a los miembros del tribunal.

Además dijo que la Corte es el único poder autónomo que no llega por el voto popular y muchos interpretaron ese pronunciamiento como un intento de instalar la posibilidad de una reforma constitucional para cambiar a la Corte.

«El juicio político a la Corte lo hacemos para plantear la cuestión internacional. Estamos haciendo presentaciones en la OEA. Por alterar el orden constitucional», dijo una diputada cercana a Carrio.

La diputada Paula Oliveto, junto a otros legisladores, estan presentando denuncias sobre cada acción de Cristina Kirchner que pueda configurar un atentado contra la independencia del poder judicial y acompañarán las pruebas ante la OEA para que sea analizado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). «Estamos armando el caso argentino que va a servir de base si es que ellos acentúan el proceso autoritario», dijo una diputada.

“Cada cosa que hizo para atentar contra la independencia del Poder Judicial fue acompañaba a la OEA armando el caso argentino que va a servir de base si es que ellos acentúan el proceso autoritario”, dijo un allegado a Elisa Carrió. De ese modo, hubo presentaciones vinculadas a la remoción de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, a los intentos de reforma judicial y del mecanismo de nombramiento del Procurador General mediante la Ley de Ministerio Público.

La coalición de Juntos por el Cambio comenzó ayer una nueva relación con el gobierno de Alberto Fernández. Además de la embestida judicial, le preocupa a JXC el intento de desfinanciar a la Ciudad de Buenos Aires y atacar a la oposición.

Se terminaron los buenos modales y ello incluye al jefe del gobierno porteño, el dialoguista Horacio Rodríguez Larreta. Todos los líderes de la alianza opositora acordaron ayer frenar como sea el avance de Cristina y del Presidente.

El primer gesto inminente de la oposición será presentar una nueva demanda contra la Nación ante la Corte Suprema de Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley de quita de coparticipación a la Ciudad que el Senado, presidido por Cristina, sancionó el jueves último. Esa ley le detrajo $65.000 millones a la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2021, justo un año electoral. Eran los recursos para seguridad ciudadana y obligarán a un ajuste porteño.

Luego de ello la coalición que lideran Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y Alfredo Cornejo, desplegará una batería de acciones de Juntos por el Cambio en procedimientos parlamentarios, manejo del quórum, comisiones, presencialidad en las sesiones, la convocatoria a marchas, resistir la suspensión de las PASO, obstaculizar el nombramiento de jueces amigos del kirchnerismo y, si se puede, bloquear la sanción de la ley del aborto legal en el Senado, que sería un trofeo del Gobierno.

En ese sentido, la coalición Juntos por el Cambio difundió ayer un comunicado en el que denunció “un golpe a la Constitución” y un intento de “avasallamiento a las instituciones”.

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