Entre Ríos le suspendió la matrícula a un médico que salvo a una joven de la muerte, al impedir un aborto

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Se trata de Leandro Rodríguez Lastra, que había sido condenado en la provincia de Río Negro por haber impedido un aborto para salvar la vida de una joven de 19 años, que llegó a la guardia del hospital de Cipolletti en donde el médico trabajaba, con un complicado cuadro clínico, porque en otro hospital la derivaron a un centro de abortos con consecuencias gravísimas para la salud de ella y complicaciones que estuvieron a punto de terminar con su vida.

El gobierno de Entre Ríos, que encabeza Gustavo Bordet, le suspendió de manera inexplicable en noviembre la habilitación de la matrícula que le había otorgado al médico tocoginecólogo en septiembre.

El delito que le imputan, paradójicamente, fue haber salvado la vida de una mujer, cuyo aborto estuvo a punto de matarla, y la de un bebé que hoy tiene 3 años y vive con una familia adoptiva y lleva una vida normal. Lo hizo cuando trabajaba en Cipolletti, en la provincia de Río Negro.

En la última semana, Rodríguez Lastra apeló la decisión del Ministerio de Salud de Entre Ríos, que le impidió desempeñarse hasta que se cumpla el plazo de la pena que le impuso en 2019 un tribunal de Río Negro, condena que no se encuentra firme. La matrícula se le había otorgado en septiembre pasado por la misma provincia.

Hasta aquel 2 de abril de 2017, cuando le tocó salvar a la joven y a su bebé, Leandro Rodríguez Lastra se dedicaba a practicar abortos denominados ILE o no punibles. Y le llegó al hospital público, donde trabajaba, el caso de una mujer de 19 años, víctima de una violación. La joven llegó con 40 grados de temperatura, una fuertísima descompensación y signos de una infección generalizada que hacía peligrar su vida en caso de continuar con el aborto en proceso.

Al evaluarla, Rodríguez Lastra determinó que si decidía proseguir adelante con el embarazo podía matar a la mujer y por el avanzado estado del embarazo optó por esperar el tiempo suficiente para inducir un parto natural.

Fue entonces que el médico suministró una medicación para detener la amenaza de parto pretérmino, producto de un fallido tratamiento con Misoprostol, una medicación que suele causar gravísimos trastornos y hemorragias en las mujeres. El 31% de esos abortos farmacológicos terminan en internación hospitalaria.

La joven se recompuso en unas horas y pudo salvar su propia vida y el bebé que dio a luz fue entregado en adopción a una familia.

Esa experiencia traumática convenció a Rodríguez Lastra de que los abortos se indicaban indiscriminadamente, representando un enorme riesgo para las mujeres y de que lo más sano desde el punto de vista médico es el nacimiento natural del bebé en gestación por lo cual se convirtió en un firme defensor y referente de las “Dos Vidas”.

En lugar de agradecerle a Rodríguez Lastra por haber salvado su vida, la joven de 19 años fue contactada por ONGs abortistas y por el lobby verde, que denunciaron al médico y luego de un proceso judicial insólito fue condenado en un tribunal de Río Negro. Atento a una propuesta de Entre Ríos para trabajar, realizó los trámites para la matrícula en esa provincia.

Su caso no pasó inadvertido y los lobbies abortistas, omnipresentes, no lo dejaron tranquilo. Lo que no se explica es que si Rodríguez Lastra proseguía con el proceso de aborto iniciado por esa joven, esta podía morir junto con el bebé. Pero en cambio su decisión médica pudo salvar las dos vidas, tal como reza la máxima próvida de los sectores celestes.

Pese a que fue habilitado en septiembre de 2020 por la provincia de Bordet para ejercer la medicina, luego el Ministerio de Salud entrerriano, vulnerable a las presiones de los lobbies feministas y abortistas, emitió la resolución ministerial N° 4649, firmada por la ministra Sonia Velázquez, que dejó sin efecto la matrícula otorgada anteriormente al médico. “La suspensión de la matrícula se mantendrá hasta que se cumpla la pena inhabilitación que le impuso la Justicia”, dice la resolución firmada por Velázquez.

La matrícula N° 12.642 le fue otorgada a Rodríguez Lastra por la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud de Entre Ríos desde el 1° de septiembre de 2020 y hasta 2025.

El médico tocoginecólogo había sido condenado el 4 de octubre de 2019 por la Justicia de Río Negro a “dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos” y “a un año y dos meses de prisión en suspenso”.

Se lo acusó de impedir un aborto legal en curso y obligar a gestar y parir a una joven de 19 años, víctima de una violación.

Apenas se conoció la habilitación en septiembre en Entre Ríos, más de 80 organizaciones feministas, sociales, políticas, culturales y de Derechos Humanos de Entre Ríos, Buenos Aires y Río Negro, más funcionarios de la Municipalidad de Gualeguaychú, le pidieron a Bordet y a Velázquez que dé marcha atrás con esa medida.

El ministerio entonces determinó mediante la resolución 4649 que “la situación actual de Rodríguez Lastra como médico matriculado en el sistema provincial no responde a las exigencias actuales del bien público tutelado por la Ley N° 3818”.

Y encontró conveniente dar “cumplimiento por lo dispuesto por la Justicia de Río Negro”. La cartera de Salud estableció “la conexión entre la condena de inhabilitación y la situación administrativa de Rodríguez Lastra frente al sistema de matriculación que lo habilita para el ejercicio de la profesión” y determinó que “está claro que aunque exista un certificado de buena conducta lo cierto y real es que el mencionado galeno ha sido condenado por delitos relacionados a su actividad de médico y que los efectos de parte de la condena que no ha cumplido (inhabilitación)”.

Se consigna también que «Rodríguez Lastra, ha sido condenado a una pena de prisión en suspenso e inhabilitado para el ejercicio de la profesión por el plazo de dos años y cuatro meses para desempeñar cargos públicos y conforme al alcance que tiene dicha inhabilitación, se entiende que el mismo debería ser suspendido en la matrícula de médico en atención a la condena recibida, mientras y hasta que tal condena sea cumplida”.

En los argumentos para inhabilitar a Rodríguez Lastra se dijo que «el ejercicio de la medicina y su habilitación local para ejercer, implica estar sustanciados con los más altos valores sanitarios y humanos que animan dicha profesión desde el juramento «hipocrático», que los médicos en todas las circunstancias deben cumplir, y conforme a la juridicidad imperante, lo que implica estar librado de este tipo de antecedentes, cuyas condenas están directamente relacionadas con el incumplimiento a deberes que impone el ejercicio de la profesión».

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