Yedlin, el diputado que llegó de Tucumán en una lista provida y en el Congreso es abanderado del aborto

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Nos guardaron 7 meses en aras de cuidar la salud y la vida, en medio de una pandemia que aun no terminó, el derrumbe económico se agravó, cientos de miles de Pymes cerraron, se elimino IFE / ATP y es inminente la suba de tarifas y que se establezcan nuevos impuestos para el año próximo. Pero a todo esto, se sumó el anuncio del presidente es la presentación del proyecto de legalización del aborto.

Nada más inoportuno y nada mas incoherente. Fernández dice una cosa y hace otra. Son esas incoherencias las que tienen como consecuencia el descrédito de la sociedad hacia la diligencia política, porque no se trabaja en las cuestiones urgentes que angustian a los argentinos.

Y si hablamos de incoherencia, hay que hablar de un tucumano que en su carácter de presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados hoy es uno de los abanderados de la legalización del aborto, el diputado Pablo Yedlin. Es un caso llamativo porque se mostró evasivo siendo candidato respecto a este tema y llegó al Congreso en «caballo de Troya» en una lista donde los referentes que lo precedían se habían mostrado comprometidos con la defensa de la vida de la mujer embarazada y el niño por nacer (Osvaldo Jaldo y Gladys Medina). Hoy ocupa un lugar gracias a muchos tucumanos y a ese sentimiento popular en pos de la protección de las dos vidas.

Raúl Albarracín, diputado provincial de Tucumán

En febrero del 2018 había declarado públicamente que el debate sobre el aborto se debía a una cuestión política y no de salud pública. Él mismo, expresó: «Hablar de aborto, en este momento, me parece que tiene más un objetivo político de dividir las grietas en la Argentina y quizás de un enfrentamiento con el Papa, más que realmente un tema de salud pública». Hoy, en noviembre de 2020, el diputado Yedlin afirma: “El proyecto no va en contra de ninguna vida ni de la creencia de nadie. Está basado en salud pública”.

Es contradictorio porque cuando se jura al asumir un cargo político, se jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y nuestro ordenamiento jurídico nacional y supranacional defiende la vida. Si nos detenemos en el ordenamiento jurídico de la provincia que lo eligió, la Constitución de Tucumán expresamente establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vida desde la concepción, basta ver los art. 40 inciso 1 y 146 in fine.

Es incoherente y deshonesto que propicie y milite el proyecto de ley de aborto, mientras declara en medios públicos que “Acá, nadie está a favor del aborto. Al contrario, todos estamos en contra”.

Es doloroso para todos los tucumanos que traicione el sentir popular, la misma esencia que hace al cumplimiento de un mandato político cuando hay una representatividad por ejercer. Incoherencia por donde se lo mire. Incoherencia como representante del pueblo de Tucumán, incoherencia como médico y pediatra, desconociendo lo que dice la academia Nacional de Medicina, incongruencia cómo egresado de la Facultad de Medicina donde enseñan que hay ser humano desde la unión de los gametos masculino y femenino. Incongruencia entre lo que dijo en 2018 y lo que dice ahora.

Yedlin se recibió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán en 1990. Realizó la residencia en el Hospital Italiano, donde se especializó en Pediatría y en terapia intensiva pediátrica y Neonatología.

Incongruencia en decir que el aborto es un problema de salud pública con lo que dicen las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, que ubica en el lugar 56 bis a la muerte por aborto. Y el corolario de la incongruencia la terminó dando el mayor responsable de la falta de salud de los argentinos y ahora quiere atribuirse el mayor genocidio universal en Argentina, para quien los niños por nacer son «fenómenos» y no personas como dice el Código Civil y Comercial en su art. 19 y todo el ordenamiento jurídico y la ciencia médica, biológica, genética y la Academia Nacional de Medicina, por lo tanto, para Ginés, pueden ser abortados.

Un país con cerca de 40 mil muertos, con hospitales colapsados, con médicos y personal de la salud agobiados y agotados, el gobierno nacional pretende que en esos mismos hospitales y esos mismos médicos y personal de la salud sean obligados a eliminar seres indefensos y frágiles. Un gobierno y representantes que buscan sancionar una ley que nunca podrá ser ley, por injusta y cobarde, porque vulnera la base de todos los derechos, el derecho a vivir.

*Raúl Albarracín es diputado provincial por el Partido de la Justicia Social

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