El Gobierno fija el aborto hasta la semana 14, pese a que hasta allí el corazón del bebé latió 10 millones de veces

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Al limitarlo hasta ese tope, admite que hay vida en el vientre materno. El nuevo proyecto de ley de legalización del aborto que envió a la Cámara de Diputados el presidente Alberto Fernández considera al delito del aborto como un derecho hasta la semana 14 de embarazo, casi el 4to mes de gestación cuando el corazón del bebé no deseado que se eliminará haya latido unas 10 millones de veces. Pero si ese mismo bebé sí es deseado el Estado le garantizará ayuda económica y contención a la madre desde la misma gestación bajo el otro proyecto de ley, de los “1000 días”.

Se establece así un doble estándar para el valor y el derecho a la vida en el ordenamiento jurídico argentino: a las personas deseadas, todo; a las no deseadas ni justicia. A unas se las ayuda a nacer, y a otras a morir.

El proyecto es contradictorio en sí mismo, porque un Gobierno que asegura que privilegia la salud y la vida (pandemia del Covid) antes que las libertades o de la economía, ahora dice la libertad y la salud de una persona justifica la eliminación de la vida de otra persona, en este caso indefensa.

Por otro lado, el proyecto está reconociendo que existe la vida del niño en el vientre de la madre, porque limita el aborto hasta la semana 14, o sea 98 días. Si el bebé tiene 97 días puede ser eliminado, pero si tiene 98 ya no. ¿Cuál es la diferencia de esa persona y de los derechos humanos que le caben?

Lo que muchos militantes del aborto no conocen son las frecuencias cardíacas del embrión humano -la criatura más indefensa- que está dentro del vientre de su madre y cuyo corazón comienza a latir en la quinta semana.

*Embrión de 2 mm: 75 latidos por minuto.

*Embrión de 5 mm: 100 latidos por minuto.

*Embrión de 10 mm: 120 latidos por minuto.

*Embrión de 15 mm: 130 latidos por minuto.

Sin embargo, a la novena semana los latidos alcanzan a 175 por minuto y luego se estacionan entre 120 y 180 por minuto. Si tomamos un promedio de 106,25 latidos por minuto en ese lapso, algo conservador, podremos deducir fácilmente que el corazón latió 6375 veces por hora, 153 mil veces por día y 10.000.000 veces en los 63 días que conforman las 9 semanas a partir de la 5ta cuando empieza a latir el corazón. Pero a las mujeres no se les hace sentir el latido del corazón ni ver la ecografía antes de que tomen la decisión.

El proyecto de Alberto Fernández establece que el límite de 14 semanas para abortar se elimina en los casos de violación (sin necesidad de denuncia), si la paciente es menor de 13 años o si tiene cualquier edad y “peligra la salud física, mental o social de la madre”. Pero elimina la condición estricta prevista en el artículo 86 del Código Penal que indica que el aborto debe hacerse solo “si este peligro no puede ser evitado por otros medios”.

El texto establece que el plazo máximo y perentorio para realizar el aborto es de 10 días desde su requerimiento y si los médicos se demoran pueden ser sometidos a penas de prisión e inhabilitación. Esta es una amenaza, una Espada de Damocles, para todos los profesionales de la salud.

Además, ordena que se debe “proteger” a la paciente de personas que la puedan ayudar a rever o reflexionar su decisión. No se establecen consejerías obligatorias como en Uruguay donde se le da a la mujer cinco días de reflexión para tomar la decisión antes de esa práctica. La paciente podrá pedir no escuchar los latidos del corazón de su hijo ni ver las ecografías. Y el personal de salud tendrá la obligación de brindar información sobre el “derecho” al aborto aunque la paciente no lo solicite.

Entre los 13 y 16 años se presume madurez para decidir sobre el aborto, a menos que implique un riesgo grave para su salud física, mental o social. De 16 en adelante hay pleno consentimiento. Hasta los 13 el consentimiento lo debe dar un mayor, aunque no necesariamente sus padres.

La eventual norma fundamenta el derecho de la mujer a abortar en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución, que reconoce la adhesión a múltiples pactos y tratados internacionales. Pero esos acuerdos son precisamente los que ordenan la protección del derecho a la vida desde la Concepción, como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño. Otra contradicción más en el texto.

Y al limitar el aborto hasta la semana 14, el proyecto de ley reconoce que hay vida en la persona por nacer. No hay referencia al derecho a la vida del no nacido ni mucho menos se legisla sobre el destino del material orgánico resultado del acto médico que lo elimina.

Tampoco se hace referencia al artículo 19 del Código Civil de la Nación reformado durante el gobierno la ex presidenta Cristina Kirchner, quien lo presentó como uno de sus grandes logros jurídicos, que establece:

ARTICULO 19.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción.

El texto en cuestión mantiene el delito de aborto, pero con muchas reformas ad hoc y causales de no punibilidad para la madre a discreción del juez. Se vincula el derecho con la obligación de practicar la Educación Sexual Integral (ESI, ley 26150) de modo obligatorio y extendido a todas las provincias. Esa ley permite a los docentes divulgar los supuestos beneficios del aborto.

Reconoce la objeción de conciencia de los médicos, pero los médicos objetores igualmente deberán garantizar el aborto con derivaciones a otros profesionales “en forma temporánea, oportuna y sin dilaciones”, adoptar “todas las medidas para garantizar el acceso a la práctica” y no podrán negarse en el caso de que exista “riesgo para la salud física, psíquica o social de la madre”.

La salud psíquica o social son conceptos difusos que pueden implicar desde la tristeza, depresión o falta de trabajo. En ningún momento se alienta a la madre a entregar a su hijo en adopción para los casos en que no pueda hacerse cargo de su crianza.

El proyecto nada dice sobre la objeción de conciencia institucional, es decir de las clínicas o sanatorios que se opongan al aborto. Por lo cual este punto puede ser un conflicto en el debate ya que sí se los nombra para penarlos si no garantizan el derecho al aborto.

De hecho dispone que los profesionales de la salud “o instituciones” que “dilataren injustificadamente, obstaculizaren o se negaren, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados” tendrán de 3 meses a un año de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena. Criminaliza a los médicos que aconsejen preservar la vida.

Se establece la obligatoriedad de la prestación gratuita a todo el sistema de salud pública, para las obras sociales sindicales, de las FFAA y del Poder Legislativo, las prepagas, el PAMI y todas las organizaciones prestadoras de salud. “Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Plan Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo”.

Todos los ciudadanos, aporten donde aporten, financiarán esta práctica y posiblemente aumenten los costos de la salud pública y de las cuotas de las prepagas y de todos los seguros de salud. De hecho, se coloca en el PMO, porque de lo contrario muchas obras sociales no lo ofrecerían como servicio médico.

El proyecto modifica el Código Penal en su artículo 86 eliminando el delito del aborto hasta la semana 14 y establece la no punibilidad luego de la semana 14 para violaciones, sin presentar denuncia y sólo con la declaración jurada, y sin está para menores de 13 años de edad. O si estuviera en riesgo la vida o la salud integral, física, psíquica o social de la persona gestante. Otra vez, omite la condición “siempre que ese riesgo no pueda ser evitado por otros medios”.

Será obligatoria la capacitación en perspectiva de género y diversidad sexual a docentes y trabajadores de la salud. La ley del aborto será obligatoria en todas las provincias, pese a que hay doce provincias cuya Constitución prohíbe el aborto y cuyas poblaciones y gobiernos defienden las Dos Vidas, además de tener serios problemas para financiar la práctica en sus clínicas. Este punto avasalla al federalismo, porque no se “invita” a las provincias a adherir o dictar sus propias normas sino que se les impone una obligación pasando por encima de sus autonomías provinciales.

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