La pobreza del conurbano no es culpa de los porteños, sino una tragedia causada por políticos de todo el país

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Cristina Kirchner obligó a Alberto Fernández a culpar a la Ciudad de Buenos Aires de la pobreza del conurbano bonaerense y del resto del país. La vicepresidenta también induce a otros referentes del Frente de Todos a enarbolar un discurso antiporteño. Pero la pobreza del conurbano no es culpa de los porteños, sino el resultado de una tragedia nacional causada por políticos de todo el país, gobernadores de provincias que no contuvieron a la gente con desarrollo y trabajo sino con clientelismo, y presidentes que venían como caudillos de todas las provincias y que fracasaron en la economía.

Sin embargo, Cristina apunta ahora a esa estrategia antiporteña para justificar la pobreza del conurbano bonaerense gobernado hoy por su delfín, Axel Kicillof. Y para blindarlo de la crisis policial por los salarios y de las sucesivas crisis que seguramente vendrán. Funciona como un escudo contra potenciales estallidos.

*Es por eso que la ex presidenta esgrimió un discurso hostil hacia la Ciudad al criticar la iluminación de los canteros de la avenida 9 de Julio.

*Luego ese argumento fue repicado por su hijo Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Ella.

*Alberto Fernández dijo avergonzarse de la “opulencia” porteña mientras anunciaba el traspaso a las provincias de la Hidrovía que siempre controló la Nación (no CABA) y que durante el kirchnerismo fue un foco de corrupción como confesó el concesionario Gabriel Romero (Emepa) en la causa de los cuadernos.

*El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, también hizo fuertes críticas a los habitantes de la Ciudad, que le dieron la espalda cuando él quiso ser candidato a senador por la CABA en 2013.

Pero la pobreza del conurbano, en todo caso, es la culpa de una histórica desidia de gobiernos nacionales, mayormente liderados por dirigentes provincianos, bonaerenses y excepcionalmente por porteños. Es una tragedia nacional de falta de estrategia económica, productiva, social y migratoria. La Ciudad, más bien, les da trabajo y presta servicios de educación y salud a millones de bonaerenses.

También es responsabilidad de los sucesivos gobernadores provinciales, que no pudieron, no quisieron ni supieron contener a las grandes masas migratorias.

Desde mediados del siglo pasado, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, el conurbano bonaerense fue la Meca de miles de familias de diversas provincias que migraban en busca de oportunidades que sus pueblos no les ofrecían. Se instalaban en el conurbano para trabajar en fábricas que se abrían o en los servicios, la construcción o las changas.

También el conurbano recibió el flujo de miles de extranjeros de países limítrofes pobres que buscaban trabajo en la Argentina rica. Así, esa geografía fue tornándose inmanejable porque a partir de los años 70 las sucesivas crisis recesivas e inflacionarias destruyeron empleos y fábricas y fue creciendo la pobreza.

Por añadidura, el crecimiento poblacional de las familias de bajos recursos agravó la situación de pobreza, en un contexto de deterioro educativo, una progresiva destrucción de la escuela pública y del sistema de salud.

¿Los porteños tuvieron la culpa de todos esos fenómenos? Seguramente no. Los gobiernos nacionales que dispusieron todas esas políticas estuvieron controlados en los últimos 50 años por presidentes riojanos como Carlos Menem, cordobeses como Fernando de la Rúa, puntanos como Adolfo Rodríguez Sáa, bonaerenses como Juan Domingo Peron, Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, y santacruceños como Néstor y Cristina Kirchner. Los ministros de economía y los principales funcionarios de esos gobiernos elegidos por el voto popular fueron también en muchos casos provincianos de todo el país.

Por lo tanto, las políticas nacionales sobre la economía y las estrategias productivas y migratorias obedecieron a decisiones políticas tomadas por hombres que provenían de las provincias. El único caso de un presidente porteño de pura cepa fue el de Mauricio Macri.

Con Macri en el poder, la Ciudad de Buenos Aires aumentó su índice de coparticipación por DNU, de 1,4% a 3,5%. Es decir, el líder del PRO le cedió 2,1% de coparticipación. Pero lo hizo para financiar el traspaso de una parte de la Policía Federal a los porteños, algo previsto en la autonomía de la Ciudad dispuesta en la Constitución.

Según el artículo 75, inciso 2, la Nación debe traspasar los servicios a cualquier provincia acompañados de los recursos que financian ese servicio. También ordena que debe hacerlo por ley y no por DNU.

Sin embargo, al mismo tiempo que hizo esta cesión Macri les reconoció a todas las provincias la devolución del 15% que la Anses les detraía de la coparticipación de todas ellas desde 1991 para atender gastos jubilatorios. El Presidente lo hizo porque la Corte Suprema ordenó esa restitución en diciembre de 2015 a Córdoba, Santa Fe y San Luis, que lo habían reclamado a todos los gobiernos anteriores, incluido el de Néstor y el Cristina Kirchner, pero con los santacruceños no tuvieron suerte.

Fue entonces el porteño Macri el que formuló esa reivindicación, no sólo a las tres provincias demandantes, sino a todos los Estados del país. Todos los gobernadores firmaron un Pacto Fiscal en 2017 en el que aceptaban de buena gana el programa de restitución de recursos, incluido el 2,1% de la CABA para su seguridad, y el giro de 10 puntos de coparticipación para la provincia de Buenos Aires perdidos en el Fondo del Conurbano. Los gobernadores y los diputados de todas las provincias no impugnaron nunca el DNU.

Con ese Pacto Fiscal, Macri no hizo más que facilitarles a las provincias el objetivo de llegar a un superávit fiscal, al tiempo que resintió las cuentas nacionales, que cayeron por diversos motivos, incluido ese, hasta tener déficit fiscal, merced a lo cual debió endeudarse en el mercado primero y luego en el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, pese a esa cesión de recursos federales a las provincias, éstas no hicieron el recorte de gastos necesario para sanear sus economías. Y tampoco le dieron a Macri un respaldo político en el Congreso para aprobar leyes clave para su gestión. Por lo tanto, el ex presidente hizo un negocio político perdidoso: cedía recursos a cambio de ningún beneficio político. La economía nacional cayó en recesión y Macri perdió las elecciones de 2019 con fuertes críticas de todo el PJ.

Una vez que asumió Alberto Fernández, la coparticipación se mantuvo en los mismos niveles para todas las provincias. En el período enero a julio de 2020, el aumento nominal de la coparticipación, que es automática y según un índice prestablecido, rondó para todas las provincias en un 25% respecto del mismo período del año anterior. Sin embargo, el Presidente privilegió notoriamente con transferencias discrecionales a Axel Kicillof, el pollo de Cristina Kirchner para 2023, y a la provincia de Buenos Aires.

Este beneficio se puede comprobar en el giro de las transferencias no automáticas, es decir las que se otorgan a simple voluntad política del Presidente o del Tesoro nacional. Son para cubrir gastos en salud, educación y obras públicas. En el caso de la provincia de Buenos Aires fueron de 102.000 millones de pesos en entre enero y julio; la provincia que le siguió fue Córdoba con 12.000 millones, luego Santa Fe con 10.000 millones, luego la Ciudad de Buenos Aires con 9000 millones, y luego Mendoza con 5000 millones, por mencionar las que más reciben por su envergadura administrativa.

Si se contempla el total de coparticipación y de las transferencias no automáticas, la provincia de Buenos Aires tuvo un salto del 65% respecto de 2019, mientras que el resto de las provincias rondaron el 27% en promedio. Adicionalmente a eso, Alberto Fernández anunció hace dos semanas un plan de seguridad para la provincia que costará 37.000 millones que saldrán de los recursos nacionales y que no contemplaban llamativamente el aumento de salarios policiales.

Luego de la crisis policial de la última semana, el Presidente le otorgó a Kicillof un 1,18% de aquel 2,1% de coparticipación que le había dado Macri a Horacio Rodríguez Larreta en 2016, que implicarán 13.000 millones en lo que resta de 2020 y 53.000 millones en lo que se estima para 2021, por efecto de la inflación. Ahora, el jefe del gobierno porteño interpondrá una cautelar ante la Corte Suprema para frenar esa quita.

Como respuesta a eso, el Gobierno anunció que quiere que el Congreso discuta el restante 0,92% de coparticipación que seguirá financiando la policía porteña, unos 32.000 millones de pesos. Porque según argumenta, fueron otorgados por DNU y sin una discusión sobre su actualización en el Congreso. Mientras tanto, el Gobierno sigue apuntando a culpar a los porteños de los males de los habitantes del conurbano.

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