Alberto sube la apuesta y quiere discutir por ley a Larreta otros $32.000 millones de su coparticipación

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Luego de que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que recurrirá a la Corte Suprema por los 36.000 millones de pesos que le quitó la Nacion por decreto, el gobierno de Alberto Fernández le discutirá en el Congreso los restantes 32.000 millones de pesos que le había dejado a la Ciudad para financiar la seguridad de los porteños. La batalla por los recursos promete nuevos capítulos y serán feroces.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, todavía no definió si el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso o si será un diputado del Frente de Todos el que lo presentará. “Eso todavía no está definido”, revelaron ante La Nueva República fuentes del Ministerio del Interior.

Esta nueva declaración de guerra del Gobierno contra la Ciudad busca subir la apuesta como respuesta a que Rodríguez Larreta anunció que apelará a la Justicia y dijo que estaba “enojad” por el recorte “inconsulto, inconstitucional y arbitrario”. En el Gobierno admiten que es un mensaje para ablandar la respuesta de Larreta. Pero no se descarta que la escalada continúe creciendo si la Ciudad no cede.

Hasta el miércoles último, la seguridad de la Ciudad se financiaba con un presupuesto de 70.000 millones anuales que habían sido transferido por DNU en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Para solucionar la crisis policial bonaerense por mejores salarios, Alberto Fernández aprovechó para poner en marcha el viejo plan de Cristina Kirchner: quitarle aquellas transferencias a Larreta, futuro rival en las elecciones de 2023.

Por el decreto 735, el Presidente dispuso la quita de 1,18% de la coparticipación, que equivalen a 36.000 millones de pesos. Y dijo que los gastos de la Policía de la Ciudad eran en realidad sólo del 0,92% del PBI, unos 32.000 millones de pesos. Y que el resto había sido un exceso de aquel DNU de Macri de 2016.

En el Gobierno de la Ciudad negaron tajantemente ese cálculo. El ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, asegura que el total de la seguridad porteña cuesta 70.000 millones de pesos, es decir más que el total del 2,1% del PBI que les transfirió Macri (68.000 millones). Con lo cual tiene que destinar fondos extras. De manera que para cubrir el manotazo de la Nacion la Ciudad tendrá que reasignar partidas destinadas a otras finalidades menos prioritarias.

Un poco de historia. Hasta 2016, la Ciudad aportaba el 22% de la masa coparticipable total a la Nacion, pero recibía el 1,4%. Macri mantuvo una feroz disputa con Cristina Kirchner por el traspaso policial cuando era jefe de gobierno porteño, pero nunca la logró. Cuando asumió como presidente en 2015, Macri cumplió ese objetivo para su delfín, Rodríguez Larreta. De ese modo, la Ciudad pasó a recibir parte de la Policía Federal que se convirtió en la actual Policía de la Ciudad, con los recursos que antes la Nacion destinaba a esa misma prestación en manos nacionales.

Es decir, Macri no les quitó recursos a las provincias porque solo destinó el equivalente de lo que usaba para la Policía Federal que presta servicios en la Ciudad. El error cuestionable de Macri fue hacerlo por DNU y no por ley acordada en el Congreso, teniendo en cuenta que el kirchnerismo algún día podía pagarle con la misma moneda cosa que ocurrió.

Según el artículo 75 inciso 2 de la Constitución, las transferencias de todas las competencias de la Nacion a las provincias deben hacerse junto con los recursos y por una ley del Congreso. Faltó esto último. La cuenta de almacenero era así:

*La Ciudad recibía hasta allí el 1,4% de la coparticipación nacional.

*Macri le dio el equivalente a un 2,1% (68.000 millones a valores de hoy) de la coparticipación, con lo cual la ciudad pasó a tener un 3,5% del total de recursos coparticipables.

*Alberto Fernández le quitó el 1,18% (36.000 millones) de ese 2,1%, con lo cual le dejó a la Ciudad el 0,92 (32.000 millones) de todo lo que le había dado Macri.

*Pero ahora, tras el anuncio de Larreta de recurrir a la Corte, el Gobierno resolvió que también ese 0,92% debe ser nuevamente discutido en el Congreso porque se transfirió por DNU y debe ser por ley según la Constitución. Y porque el Congreso de definir nuevamente cuánto cuesta la policía porteña.

Cuando le conviene, Alberto Fernández es un legalista apegado a la Constitución. Lo que no dice ahora el Presidente es que su zarpazo a las arcas de la Ciudad fue por decreto simple, que ni siquiera tienen que pasar por la aprobación del Congreso como los DNU. Por lo tanto, también incurriría en una falta contra el artículo 75 inciso 2 de la Constitución, argumento que hará valer la Ciudad ante la Corte.

Con toda claridad, esta respuesta del Gobierno es un gesto para redoblar la apuesta ante el anunció de Rodríguez Larreta de que recurrirá a la Corte el lunes próximo con una medida cautelar para frenar el recorte de coparticipación. El jueves y el viernes, la Nacion ya giró la coparticipación diaria: fue el 2,32%, que es la suma entre el viejo 1,4% y el 0,92% que le dejó Alberto, o sea que el decreto ya se implementa desde hace 48 horas.

La argumentación de esta nueva declaración de guerra de Alberto Fernández a Rodríguez Larreta la dio el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, en un mensaje en cadena anche: “No se le sacaron fondos al Gobierno de la Ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima, y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada”.

Un alto funcionario del Ministerio del Interior reveló ante La Nueva República: “El 0,92% ya lo estamos mandando en la coparticipación diaria: en total, 2,32. O sea 1,4 más 0,92 y esto va a seguir así hasta tanto no nos pongamos de acuerdo como va a ser la transferencia de fondos. Queremos que haya una ley donde se apruebe el servicio transferido (Policía) en 2016 y la metodología de actualización que tenía todo lo transferido hasta hoy”.

“Proponemos que se mande ley para hacer la transferencia como dice la Constitución. Cualquier servicio que se transfiera tiene que tener ley y esa transferencia de 2016 no la tuvo”, señaló otro funcionario. “Todavía no lo tenemos definido si lo presentará el Poder Ejecutivo”, agregó. “Nosotros vamos a ser parte de la redacción técnica, ya sea que lo presente el ejecutivo o algún legislador. Pero no tenemos definido aún el vehículo”, se sinceró el funcionario cercano a Alberto.

“La Constitución Nacional establece que la transferencia de competencias, funciones y servicios debe hacerse por ley del Congreso y con los recursos correspondientes. El gobierno de Macri incumplió las dos cosas”, dijo Wado De Pedro en su mensaje grabado.

“La transferencia de la policía se realizó por decreto y los fondos asignados a tal fin representaban más del doble del costo real para su funcionamiento”, agregó el ministro del Interior.

“Si consideran que este decreto es inconstitucional, entonces también lo es el decreto con el que Macri casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional los fondos del Gobierno de la ciudad”, señaló De Pedro. Es curioso: el Gobierno justifica infantilmente una inconstitucionalidad propia con el pretexto de una inconstitucionalidad ajena. Si yo no cumplo la ley, el otro no la cumplió antes. Sin embargo, el Frente de Todos nunca había impugnado esta transferencia en la Justicia.

“El costo funcional de la policía equivale a menos de un punto de los fondos nacionales. Macri les transfirió más del doble”, dijo De Pedro. Es decir, hablaba del 0,92% de la coparticipación.

“No se le sacaron fondos al Gobierno de la ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima, y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada”, dijo.

Desde la Ciudad contraponen los siguientes argumentos:

*La seguridad porteña cuesta 70.000 millones al año y no 32.000 millones como dice el Gobierno.

*La Ciudad aporta a la masa coparticipable entre el 22 y el 25% del total, en tanto que recibe el 3,5%, el distrito que más diferencia tiene entre lo que aporta y lo que recibe.

*El 75% de los recursos la CABA son propios, sólo el 25% es por coparticipación. La mayoría de las provincias es a la inversa.

*Esta reducción unilateral viola el artículo 75 de la Constitución.

*Tras esta reducción, para lo que resta del 2020, la Ciudad dejará de percibir 13.000 millones de pesos. Para el 2021, la pérdida de ingresos se estima en más de 53.000 millones de pesos.

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