Villa Mascardi: el Estado ausente, los valores se invirtieron y la ilegalidad se impone sobre la soberanía

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La Villa Mascardi es el ejemplo perfecto de la eliminación de los valores fundamentales en la Argentina. El Estado presente brilla por su ausencia. El gobierno de Alberto Fernández no hace respetar la ley, ni la Constitución ni la soberanía nacional. Si bien la gestión de Mauricio Macri dejó mucho que desear en el conflicto mapuche, su sucesor directamente parece haber eliminado el Estado de Derecho. La ilegalidad se impuso sobre la soberanía del Estado.

Un grupo de la comunidad autodenominado Lof Lafken Winkul Mapu, organización que se hace pasar por mapuches originarios, usurpó parte del Parque Nacional Nahuel Huapi y una propiedad privada importante. Además, causa incendios, destrozos, vandalismo y robos en diversas propiedades de la zona, sin merecer sanción de la Justicia desde hace tres años.

También suelen cortar la Ruta 40 por sorpresa y agredir a quienes transitan por ella, sean lugareños, propietarios o turistas. Han tomado parte de una playa sobre el paradisíaco lago Mascardi.

Se trata de un grupúsculo de personas que no reconocen la jurisdicción del Estado argentino, ni se reconocen como argentinos. Las organizaciones mapuches de la zona, las originales, no reconocen a éstos como pueblo mapuche. Sin embargo, el Gobierno está paralizado sin actuar ni hacer cesar el delito. El secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, dice que negocia con todos los actores en una «mesa de diálogo».

Sin embargo, no hay nada que negociar. Los delitos deben ser reprimidos por las fuerzas de la ley, con la fuerza pública, los delincuentes detenidos en plena flagrancia y la Justicia debe castigar a los delincuentes de acuerdo a las penas que rigen en el Código Penal. No se puede negociar con los criminales y usurpadores tomando posesión de tierras que son de todos ni propiedades privadas.

Si por otra parte no reconocen la soberanía del Estado argentino sobre el Parque Nacional, deberían intervenir las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, y establecer un puesto de control para la defensa de una agresión externa, por parte de un grupo de personas que no se reconoce argentino y que agreden al territorio nacional.

Existen, como en todo el mundo, protocolos para que las fuerzas públicas del orden puedan hacer cesar delitos oponiendo una fuerza superior y sin causar ninguna víctima para ninguna de las partes. No cabe en ninguna cabeza que 20 o 100 revoltosos puedan tener sometidos a 45 millones de argentinos, a sus fuerzas del orden, a una provincia y a un Estado nacional a sus arbitrios.

Sin embargo, la ministra de Seguridad, Sabina Friederic, hizo todo al revés: denunció penalmente a los vecinos que organizaron una manifestación para peticionar al Gobierno que haga deponer a los delincuentes su actitud. El derecho a peticionar a las autoridades está garantizado en la Constitución. En cambio, la usurpación, el robo, el vandalismo y el corte de rutas está prohibido en la Constitución y el Código Penal.

Todos los delitos que han cometido están tipificados. La justicia provincial y la Justicia federal nacional deben actuar con celeridad porque de lo contrario no sirven y deben renunciar. Está en juego el valor del respeto a la ley, la propiedad privada, de la libertad de transitar, el respeto al Estado de Derecho y a la soberanía nacional.

Sin embargo, para el progresismo la cosa no es tan clara. Fuks sostiene que antes deben hacer un relevamiento de los reclamos mapuches de supuestas tierras ancestrales. En caso de que correspondiera un relevamiento de ese tipo, que no está claro, no puede ser nunca bajo la extorsión y la continuidad de un delito en pleno desarrollo. El Ministerio de Seguridad debe garantizar que no siga ese delito.

Por lo cual, lo primero es en todo caso desalojar a los usurpadores, detenerlos y juzgarlos por sus violaciones a la ley. De lo contrario, el propio Gobierno siembra la semilla del germen de la anarquía y la anomia.

 

 

 

 

 

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