El Gobierno anuncia cupos de igualdad de género, pero las mujeres pobres mueren en hospitales discriminadas

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El gobierno de Alberto Fernández avanzó esta semana en medidas de equidad de género. Obligó a las empresas a fijar igualdad de mujeres y de hombres en sus directorios. Impuso que las audiencias del Presidente deberán tener un 33% de cupo de mujeres o personas LGTB. El Banco Central incorporó el lenguaje inclusivo. Pero al margen de las bombas de humo la discriminación a la mujer es mucho más profunda y cruel.

En Santa Cruz el sistema de salud desatendió a una mujer humilde que tuvo que dar a luz en un baño a sus mellizos ya sin vida. Y en la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Fernández envió a su casa a una mujer del Barrio 31, con dolores de embarazo, que a las pocas horas murió junto a su bebé no nacido.

Durante la pandemia del coronavirus, el aborto fue considerado un “servicio esencial” por el Ministerio de Salud que dirige Ginés González García. Para los abortos sobran los quirófanos, aún en tiempos de Covid. Pero a las mujeres embarazadas, y más si vienen de barrios vulnerables, se las discrimina. Más que lenguaje inclusivo se necesitan políticas de salud inclusivas.

El gobierno peronista es el menos indicado para esgrimir que en la Argentina existe discriminación cultural y que por eso es necesaria una resolución de cupos en los directorios o en las reuniones presidenciales. Durante 8 años gobernó el país una mujer, Cristina Kirchner, quien fue votada en 2007 por el 45,3% de los ciudadanos, mientras que en esos comicios fue secundada por otra mujer, Elisa Carrió, que obtuvo el 23% de los vostos. Los argentinos no discriminan a las mujeres para el acceso a los grandes cargos.

No solo eso. En la actualidad, el presidente Alberto Fernández reconoce que debe compartir el poder con Cristina Kirchner, a quien se le atribuyen la mayor cantidad de políticas.

Sin embargo, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, impulsó una resolución que finalmente fue adoptada por la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que dirige Ricardo Nissen, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, de Marcela Losardo. Se trata de obligar a todas las entidades civiles y sociedades comerciales a ” respetar la misma cantidad de mujeres y hombres en la composición de sus órganos de administración y fiscalización”.

La Resolución General 34/20 de la Inspección General de Justicia (IGJ) abarca a entidades de la Ciudad de Buenos Aires. “Las entidades civiles y sociedades comerciales deberán respetar la misma cantidad de mujeres y hombres en la composición de sus órganos de administración y fiscalización”, establece.

“En caso de que fuese impar la cantidad de miembros a cubrir, deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de miembros femeninos”, especifica. La medida tiende a evitar “cualquier forma de discriminación contra la mujer”.

“Creemos que tal como lo fue la ley de paridad en cargos políticos y la ley de cupo sindical, este tipo de normativas colaboran con la consolidación de una sociedad más justa y más igualitaria”, añadió Gómez Alcorta en un comunicado.

Lo mismo ocurrirá en las audiencias presidenciales. Gomez Alcorta firmó el viernes último en la Casa Rosada un convenio con la dirección de Audiencias de la Presidencia representada por Nicolás Ritacco. El encuentro se hizo en el Salón de las Mujeres. Y fue presidido por la ministra de la Mujer.

Si bien el convenio se iba a dar a conocer ayer, el Gobierno lo pospuso. Pero fuentes allegadas a Gomez Alcorta adelantaron que todas las audiencias de cuatro personas o más deberán contar con al menos un 33% de representación femenina, o sea de mujeres, o de representantes de la comunidad LGTB (gays, homosexuales, travestis, trans, drag queen, etcétera).

Es todo un atentado a las libertades, a la Constitución, y al sentido común. Es una discriminación por sexo en la cual no se privilegian los méritos para conformar una sociedad comercial o civil, o para integrar una delegación de visita al Presidente, sino que sólo cuenta el sexo de cada uno. El constitucionalista Daniel Sabsay fue muy claro respecto de esto, dijo que se trata de una “sobreactuación grotesca”, como se puede apreciar en este audio de esta nota.

DANIEL SABSAY-AUDIO

Por otra parte, el Banco Central (BCRA​) impuso reconocer el lenguaje inclusivo para sus comunicaciones, expedientes, formularios, documentación y producciones de la institución. La nueva”Guía del Banco Central de la República Argentina para una comunicación inclusiva”, aprobada por resolución del directorio que preside Miguel Pesce, se propuso “promover una comunicación que evite sesgos de género y expresiones sexistas, que no reproduzca estereotipos o situaciones de discriminación y que visibilice todas las identidades de género”. Se propuso “paulatinamente migrar de la masculinización del lenguaje a la interpelación de todos los géneros”.

Del otro lado de la pirámide social, fuera de los despachos oficiales, la discriminación a las mujeres humildes embarazadas es atroz. María Rosa Lencina, de 27 años, era vecina del Barrio Mugica (Villa 31) y estaba embarazada de 38 semanas.

Hace dos viernes fue al Hospital Fernández con fuerte dolor abdominal, pero le recomendaron volver a la casa con el argumento de que “exagera el dolor”. Pero no exageraba: falleció al día siguiente junto a su bebé. Intentó atenderse de urgencia en el Rivadavia. Pero no se pudo hacer nada porque era demasiado tarde. Quienes se rasgan las vestiduras al denunciar falsamente que el aborto clandestino mata a mujeres no levantaron la voz para denunciar este abandono de persona.

La legisladora porteña Maru Bielli, del Frente de Todos (FDT), acusó al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Pero ella y otros 47 legisladores porteños sancionaron en esos días la ley de adhesión al Protocolo nacional de aborto no punible que obliga a los médicos y hospitales a privilegiar los abortos -la eliminación de los bebés en el vientre materno- sobre los embarazos como el de María Rosa.

Ese protocolo permite el aborto a libre demanda, por causales no previstas en el Código Penal, violando la ley penal, civil, y las Constituciones de la Nación y de la Ciudad. Además, impide suministrar información a la madre sobre el estado del bebe, las ecografías y el latido de su corazón. Y elimina la objeción de conciencia tanto para médicos como para sanatorios.

La Ciudad, con un aumento de abortos exponencial en los ultimos años -100 en 2012 y 8388 en 2019-, también privilegia los abortos antes que atender en el Fernández a una mujer embarazada. Tanto la Nación como la Ciudad y todas las provincias deberían incluir más a las mujeres desde la salud y la educación y menos desde un lenguaje inclusivo o los cupos de paridad.

La legisladora del Frente de Todos que denunció a la Ciudad no se imaginaba que la misma responsabilidad de la Ciudad le iba a caber a la gobernación de Santa Cruz que dirige Alicia Kirchner. Mateo y Santino, dos mellizos no nacidos, fallecieron el miércoles último luego de que Carolina debiera darlos a luz en el baño del Hospital Distrital Las Heras.

Carolina contó que en la guardia del sanatorio no quisieron atenderla. “Se me fueron mis dos angelitos. La verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos… Es inexplicable todo lo que pasé en este día, lo que sufrimos en este hospital de mierda, porque desgraciadamente el hospital de Las Heras es una mierda”, se descargó el padre destrozado.

“Tuvo el primer bebé mientras yo gritaba para que alguien me ayude y nadie me hacía caso. Vinieron los enfermeros con su gran paciencia a querer hablarle tranquilos cuando ella los estaba pariendo en un inodoro de un hospital público. El segundo bebé estaba de cola y ellos la hicieron parir lo mismo cuando tendrían que haberle hecho una cesárea, ella se terminó desgarrando toda por culpa de estos animales”, dijo el padre.

Gobernar es asignar prioridades y por lo visto los gobiernos que hacen alarde de una lucha por la igualdad de género y la diversidad no las tienen bien ordenadas.

 

 

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