Alberto y Cristina apuran la reforma judicial, porque necesitan liquidar el trámite antes del año electoral

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En lo peor de la pandemia, la crisis económica y la inseguridad, el presidente Alberto Fernández lanzó una reforma judicial que desató cacerolazos, protestas y rompió el frágil diálogo con la principal fuerza de la oposición, Juntos por el Cambio. La oportunidad no parecía la mejor, porque necesita de consensos básicos para cambiar las expectativas. La única explicación es que debe liquidar el trámite parlamentario este año porque cualquier demora llevaría al año próximo, que por haber elecciones de medio término el debate se podría complicar.

Además, esta reforma es parte del acuerdo político que hizo con la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando conformaron el Frente de Todos y su candidatura presidencial, según confían fuentes cercanas a ambos. La idea de diluir el poder de la Justicia Federal de Cómodoro Py es perentoria. La ex presidenta la necesita para sus planes políticos, para garantizarse inmunidad en las causas que se le siguen, para iniciar causas contra el macrismo, y para avanzar en muchos casilleros en el Estado.

Veamos la cuestión de los tiempos políticos, esos que marcan el reloj de la agenda de cualquier gobierno para sus objetivos. La «Comisión de Notables» tendrá 90 días para dictaminar su proyecto de reforma de la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y el juicio por jurados. La propuesta estaría terminada recién en noviembre próximo para llevar al Congreso. Quedarían sólo dos meses para apurar el debate en el Senado y en Diputados.

El resto de la reforma judicial podría comenzar a tratarse la semana próxima si hubiera voluntad política. Sin embargo, sólo quedan cinco meses: no es demasiado el tiempo hasta finalizar el año parlamentario para aprobar las dos patas centrales del proyecto que debería requerir, en teoría, un profundo debate.

Por otro lado, es necesario evitar que el debate se desarrolle en un contexto de mayor hartazgo social por la crisis económica, algo que podría ocurrir en pocos meses con los efectos reales de la pandemia. Con el marco de una crisis profunda, el debate por la cantidad de jueces de un fuero y las formas de su nombramiento serían altamente rechazadas por una gran mayoría social, incluso entre quienes apoyan al peronismo.

El 20 de diciembre suele terminar el año parlamentario, llegan las fiestas, y los legisladores se retiran hacia sus provincias. Enero y febrero son meses inactivos en el Congreso. Y en marzo los diputados y senadores estarán planificando sus reelecciones, más concentrados en las campañas inminentes que en las reformas institucionales.

Además, Alberto Fernández conserva por ahora un alto capital político, pese a que las encuestas de imagen le muestran una progresiva caída en la imagen pública. Todavía tiene resto como para encarar las «grandes reformas» que prometió en la campaña. Si pudiera asumir el costo este año, ya en la campaña electoral habría dejado atrás el recuerdo del trago amargo en los electores y apuntaría a aprovechar un repunte económico sin temas conflictivos en la campaña. En cambio, una campaña teñida de una discusión judicial, sórdida y tediosa, sería la peor manera de seducir a los votantes.

En ese contexto, era necesario, a los ojos del Presidente y la vicepresidenta, comenzar a recorrer el camino parlamentario de la reforma judicial, aunque la agenda de la gente de a pie se concentra en las penurias económicas, sanitarias y en la inseguridad.

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A continuación, el programa de hoy de Unas Cuantas Verdades en FM 95.5 Concepto.

UNAS CUANTAS VERDADES

Primera hora

Segunda hora

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LOS MEJORES MOMENTOS

MARIANO OBARRIO, APERTURA

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RICARDO SAENZ, FISCAL GENERAL DE LA CAMARA DEL CRIMEN

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FERNANDO «CHINO» NAVARRO, SECRETARIO DE RELACIONES PARLAMENTARIAS

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LUIS JUEZ, DIPUTADO DE JUNTOS POR EL CAMBIO

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MARTIN CIPRES, PILAR PRODUCTIVO

 

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