La reforma judicial obligará a elevar aún más el gasto en un año cuyo déficit será de 3 billones de pesos

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El presidente Alberto Fernández anunció una reforma judicial que podría implicar un gasto adicional de unos cuantos miles millones de pesos, según los expertos, mientras que deberá lidiar en 2020 con un déficit primario de 2,2 billones (no millones) de pesos y un déficit financiero de 3 billones, en el peor año de la historia económica argentina, en un equivalente al 10% del PBI nacional.

Para tener una idea del déficit, porque no todo el mundo está acostumbrado a esos números astronómicos, cuando se dice “billón” hay que imaginarse a 1 millón multiplicado por 1 millón. Es decir 1.000.000 x 1.000.000. Y si hablamos de 3 billones, hay que multiplicarlo por tres (3).

La reforma judicial y de la Corte Suprema, que propuso Alberto Fernández, requerirá de incurrir en infinidad de gastos adicionales, que solamente le interesan a la política. Porque nada de ese gasto irá a mejorar la justicia para resolver la inseguridad y la impunidad de los delincuentes, ni el sistema carcelario para garantizar que los ciudadanos vivan mejor.

En la Ciudad de Buenos Aires, se crearán 23 nuevos juzgados federales nuevos, cada uno con sus secretarios y empleados, 23 fiscalías nuevas, con todo su personal, y 8 defensorías con toda su estructura. En el interior del país, se crearán 94 juzgados federales nuevos, cada uno con sus respectivos secretarios y funcionarios, y sus respectivas fiscalías.

Si se concreta la reforma de la Corte Suprema y se aumentan los miembros a 13 jueces, como dijo Anabel Fernández Sagasti, se triplicará el actual gasto de la Corte Suprema de cinco miembros. Nuevamente, cada nuevo juez tendrá su propia estructura.

Además, cada nuevo juzgado que es creará tendrá que tener su estructura edilicia, ya sea mediante nuevas obras o mediante compras o alquileres de nuevos edificios.

En la Argentina, donde la pandemia dejará 60% de pobreza y un desempleo hoy incalculable, solo disimulado por la entrega de planes sociales, ATP e IFE, se transitará en estos próximos meses una de las peores situaciones económicas. El aumento del gasto disparó la emisión monetaria por encima de los 2 billones de pesos.

Cálculo presupuestario de 2020 presentado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el miércoles último por el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

Mediante un nuevo proyecto de ley, el Gobierno expandirá el gasto presupuestario en 1,8 billones de pesos para 2020. Con ese incremento, el déficit primario será de 2,2 billones de pesos al finalizar el año, y el déficit financiero (con todos los pagos de la deuda) será de más de 3 billones. Esto equivale a 43.000 millones de dólares al cambio oficial y 23.000 millones al cambio blue.

Estos números fueron presentados el miércoles último por el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

El presupuesto inicial (prorrogado de 2019) tenía un déficit primario de 307,000 millones de pesos y un rojo financiero de 1 billón de pesos. Ese era el cálculo que hacía Alberto Fernández cuando recién arrancaba su gestión y logró sancionar la ley de emergencia económica bajando el gasto previsional y aumentando algunos impuestos. Luego de los primeros meses de la pandemia, el Gobierno debió replantear su idea original e incrementó el gasto mediante DNU y superpoderes, por lo cual el déficit primario pasó a 1 billón y el financiero a 1,8 billones.

De ese modo, se registró un aumento del gasto de 3,8 billones de pesos a 4,7 billones. Pero eso no fue suficiente por la magnitud de la crisis por el coronavirus.

El nuevo proyecto de ampliación del gasto de 1,8 billones de pesos más hasta finalizar el año, reacomodará la ecuación de recursos y gastos: se prevén recursos (ingresos) totales por 4,4 billones de pesos, un gasto primario por 6,6 billones y un consecuente déficit primario de 2,2 billones.

En tanto, el gasto neto (con pago de deuda) se elevará a 7,4 billones de pesos, por lo cual el rojo financiero es de 3 billones. Y el Gobierno pretende gastar en una reforma judicial.

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