Finalmente, 730 instituciones y 48.000 firmas pidieron a la Ciudad el veto de la adhesión al Protocolo de aborto

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Un grupo de referentes provida le entregaron hoy lunes 27 al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, un petitorio de 730 organizaciones de diversas actividades y 48.000 firmas de ciudadanos para que ejerza su facultad de veto a la ley de adhesión de la Legislatura porteña al Protocolo Nacional de aborto no punible. El reclamo está fundamentado en que el Protocolo viola el Código Penal, el Código Civil, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al ampliar las causales y establecer mecanismos que contradicen la legislación argentina para interrumpir los embarazos en forma indiscriminada.

El petitorio fue recibido con mucha amabilidad en la sede de gobierno de la Ciudad por el jefe del gabinete porteño, Felipe Miguel, y por el secretario general, Fernando Straface, dos funcionarios de la intimidad de Rodríguez Larreta. El acto de entrega estuvo a cargo de dirigentes de organizaciones provida, Silvina Spataro, Josefina Castellano, Connie Pallitto, Alejandra Mouchart y Agustín Caulo, que presentaron un voluminoso petitorio con 48 mil firmas de ciudadanos particulares, reunidas en muy pocos días, y la adhesión de 730 organizaciones.

Alejandra Mouchart, Agustin Caulo, Connie Pallito, Silvina Spataro y Josefina Castellano

El Protocolo dispuesto por DNU por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre último, establece causales que exceden abiertamente las que dispone en el Código Penal en su artículo 86, para permitir la no punibilidad del aborto: ellas son “la violación y el peligro de vida o de salud de la mujer, siempre -subraya- que no pueda ser evitado por otros medios”.

El nuevo instrumento permite el aborto a cualquier mujer que invoque una violación, sin necesidad de denunciar al violador y con una simple declaración jurada, con lo cual éste queda impune. Además, puede invocar motivos de salud física, social o psíquica no contempladas en el Código Penal como por ejemplo aducir mínimos contratiempos por el embarazo que sí podrían ser perfectamente “evitados por otros medios” que no sean una eliminación de la vida humana indefensa.

https://www.lanuevarepublica.com.ar/2020/07/18/rodriguez-larreta-tiene-oportunidad-de-vetar-el-protocolo-ile-que-contradice-y-viola-el-codigo-penal/

De ese modo, el Protocolo soslaya la condición que impone la ley penal argentina: que ese “peligro pueda ser evitado por otros medios”. Por lo tanto, un simple protocolo termina modificando una ley nacional y las Constituciones de la Nación y de la CABA. Y es bien sabido que una norma de ese tipo, que sólo se debe circunscribir a una aplicación práctica de la ley, no tiene jerarquía para modificar leyes nacionales.

Además, en su instrumentación, el Protocolo incita a la mujer al aborto como primera opción posible y no como último recurso; le impide el acceso a una contención para llevar adelante el embarazo; la desalienta a proseguir con la gestación; les prohíbe acceder a la ecografía o a escuchar el sonido del latido del corazón del bebe, y obliga a los médicos e instituciones objetoras de conciencia a ofrecer el aborto para cualquier mujer y en cualquier etapa gestacional. De ese modo, podrían ver vulnerados los derechos de conciencia de muchos médicos, sanatorios y centros de salud que rechazan el aborto y ser sometidos a una persecución penal.

https://www.lanuevarepublica.com.ar/2020/07/18/rodriguez-larreta-tiene-oportunidad-de-vetar-el-protocolo-ile-que-contradice-y-viola-el-codigo-penal/

Además, de su letra surge claramente que la interrupción del embarazo, un eufemismo para denominar la eliminación de una vida, o su asesinato, puede ser ejecutada hasta el último mes de la gestación del bebe.

RESUMEN DE LO HABLADO

Los funcionarios porteños transmitieron a los referentes provida algunos conceptos:

  • Están trabajando para implementar un programa para salvar todas las vidas
    Pidieron trabajar desde las organizaciones sociales en la implementación.
  • Ven muy difícil el veto dada la contundencia del legislativo.
  • Los dirigentes provida alertaron que CABA ya tenía un protocolo que posibilitó 8388 muertes en 2019 y de la terrible situación que este protocolo establece para las instituciones médicas y la desprotección a las mujeres violadas.
  • Recibieron todo y agradecieron la presencia de los dirigentes. Manifestaron su empatía por el trabajo que hacen y pidieron comprensión porque tienen muchos frentes.
  • Los visitantes contaron lo que ellos ven en las villas y lo que pasa con las niñas violadas que sin obligadas a abortar.

“El protocolo no se limita a la legalización o la no penalización del aborto, sino a facilitarlo, casi promoverlo, impidiendo de diversas formas que la madre pueda recapacitar sobre la decisión de practicarlo”, señalan las instituciones firmantes.

“Se prohíbe prestar consejos a quienes solicitan que se les realice un aborto. Tampoco se les pide justificar el motivo alegado. Se permite el aborto cualquiera que sea el tiempo de gestación”, agregan en sus comunicados previos a la presentación unificada.

Entre otras instituciones se manifestaron en contra del Protocolo las academias nacionales de Medicina, de Derecho, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Corporación de Abogados Católicos, la Academia del Plata, la Acción Católica Argentina, la Universidad Católica de La Plata, la Corporación de Abogados Católicos, Fleni, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Sanatorio San Camilo, el Hospital Austral, la Clínica del Sol, la Clínica Bazterrica, el Sanatorio Mater Dei, la Fundación Libertad y Progreso, Omint, La Nueva República, Entre Tiempo, y varias entidades de medicina prepaga, el Sanatorio San José, Misiones Rurales Argentinas, entre otras.

La Arquidiócesis de Buenos Aires, encabezada por el cardenal Mario Poli, cuestionó la adhesión al protocolo en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus.

En la petición se señala que “las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes ejerciendo el derecho de peticionar ante las autoridades, solicitan al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en uso de las facultades que le otorga el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad, vete la referida ley haciendo prevalecer el respeto a la Constitución Nacional y a los Convenios Internacionales”.

El comunicado sigue de esta manera:
“En más de 230 declaraciones públicas -instituciones religiosas, científicas, jurídicas, académicas y del tercer sector han manifestado su rechazo público- y las casi 1.216.000 firmas presentadas en ambas Cámaras del Congreso- en oportunidad del debate sobre el Proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo que no logró aprobación legislativa en el Congreso Nacional en el año 2018- los firmantes hemos anticipado nuestra opinión respecto a la necesidad de respetar el derecho a la vida desde el momento de la concepción, derecho que se encuentra protegido en el artículo 33 de la Constitución Nacional y ha sido consagrado expresamente en 13 constituciones provinciales, así como, a todo evento, a la necesidad de preservar el derecho a la libertad de conciencia, tanto individual como institucional. Este protocolo, es peor aún que el proyecto de ley que se debatió en 2018, por el cual se realizaron más de 800 marchas en el país, 40 en el exterior; saliendo más de 10.600.000 argentinos a manifestarse en su contra. Esto sin olvidar la movilización que se hizo en CABA a la que fueron más de 500.000 personas.

“La norma cuyo veto solicitamos vulnera diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, el art. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

“Además, contradice normas de jerarquía constitucional como los artículos 1 y 6.1 de la Convención sobre Derechos del Niño, con la reserva interpretativa que declaró el artículo 2 de la ley 23.849 que al incorporar el referido tratado al marco jurídico argentino dispuso que su artículo 1° “debe interpretarse en el sentido que se entiende niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad”, fijando de esta forma las “condiciones para la vigencia” de la Convención (artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).

“También es inconstitucional, porque la propia Constitución garantiza el derecho a la vida desde el embarazo (artículo 75, inc. 23) al promover medidas de acción positiva a favor del niño y de la madre por parte del Congreso de la Nación, evitando su “desamparo”. En concordancia con ese criterio constitucional, el Código Civil y Comercial, recientemente sancionado, declara que la existencia de la persona humana comienza con la concepción (artículos 19, 21, 22 y 2279).

“Asimismo, esta ley va contra el Código Penal que consagra el aborto como un delito y contra la constitución de la propia de Ciudad de Bs As. –ver anexo-
“El Protocolo Nacional 2019 no contempla otras opciones más allá del “aborto”, ni un programa para las mujeres que decidan seguir adelante con el proceso gestacional tal como lo prevé el art. 21 de la CCA: en el que dice que debe garantizar “la atención integral del embarazo, parto, puerperio y de la niñez hasta el primer año de vida (…)”; tampoco se “(…)asegura su protección y asistencia integral, social y nutricional, promoviendo la lactancia materna, propendiendo a su normal crecimiento y con especial dedicación hacia los núcleos poblacionales carenciados y desprotegidos”.

“Adicionalmente, el Protocolo Nacional 2019 de aborto no reconoce la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, ni individual ni institucional, cuando es indiscutible que los gobiernos democráticos tienen el compromiso político y jurídico de tratar a todos los individuos como agentes morales y de respetar el valor de su conciencia y su juramento hipocrático.

“Para el Protocolo Nacional 2019, la decisión de la mujer de abortar es “incuestionable” (p. 13). Así, “garantiza” un amplio e irrestricto acceso al aborto, obliga a todo profesional de la salud, incluyendo establecimiento sanitarios privados – incluso confesionales-, a la realización de prácticas de interrupción voluntaria del embarazo.

“El proyecto no tiene en cuenta a la mujer en situación de vulnerabilidad. Los estudios científicos acreditan que una mujer en estado de shock emocional –y así está la mujer cuando toma conocimiento de su embarazo atravesando una crisis- demora 5 días para salir de su estado emocional y conectarse con su capacidad racional que le permitiría buscar otras alternativas. Tampoco, prevé brindarle acompañamiento psicológico, social y/o económico ni plantearle la opción de delegar su función materna a través de la adopción. Bien sabido es que en los países que se utilizan estas prácticas, las mujeres eligen en más del 70% continuar con su embarazo. Todo esto, sin mencionar los daños psíquicos y físicos con los que quedarán las mujeres que aborten –ver estudio de Coleman el más grande realizado-

“Este proyecto invisibiliza al hombre, quitándole el derecho a ejercer su paternidad creando categorías de personas y, lo deja en una situación de total injusticia y vulnerabilidad ante la ley.

“Además, atenta contra el derecho de los padres a educar a sus hijos, generando una ruptura en el seno de las familias. Desprotege a los adolescentes que tienen una mirada cortoplacista y no están en condiciones de evaluar el daño que esto traerá a sus vidas dado que aún no son maduros.

“Otro aspecto a considerar es que, la población para mantenerse en equilibrio, necesita una tasa de recambio de 2.2% y la ciudad tiene el 1,85%. Bien es sabido que al entrar la ley del aborto en las naciones, los nacimientos caen y se disparan los abortos. Por tanto, si no veta la ley, la ciudad tendrá en pocos años un grave problema previsional y de recesión tal como sucede en los estados en los que entra este mal. Es decir, la ciudad tendrá serios problemas económicos.

“La omisión de la denuncia policial en caso de violación – respecto a las mujeres mayores de edad- elimina la prueba, impide la persecución del delito y protege la impunidad del violador.

Por último, el texto omite decir nada sobre el destino de los cuerpos de los niños abortados lo que convertirá a su gobierno en cómplice, si se promulga esta ley, del aberrante y delictivo negocio clandestino de tráfico de tejido y órganos humanos.

“Por todo lo expuesto, solicitamos al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en uso de las (sus) facultades vete la referida ley, derogue toda otra norma o protocolo que atente contra la vida humana y preserve la correcta interpretación de la Constitución Nacional y de los Convenios Internacionales firmados por la República Argentina”.

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