La Legislatura de la Ciudad sancionó como ley un Protocolo ILE que contradice y viola el Código Penal

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La Legislatura porteña sancionó la semana última una ley de adhesión al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que había decretado el presidente Alberto Fernández apenas asumió en diciembre último. Ese protocolo no reglamenta el Código Penal, sino que lo tergiversa, lo contradice y lo viola abiertamente, porque promueve el aborto a libre demanda, para cualquier mujer, y en cualquier momento del embarazo, pese a que el Congreso rechazó su legalización en agosto de 2018.

Además, también el Protocolo viola el Código Civil y Comercial, que en su artículo 19 defiende la existencia de la vida humana desde la concepción. Y más profundamente también vulnera la Constitución Nacional: el artículo 75, inciso 22 establece que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional por lo cual la ley 23.849 estableció que es niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad.

En tiempos de pandemia del coronavirus, cuando la sociedad descubrió que la lucha por la defensa de la vida humana amerita la restricción de libertades tan amplias como la de trabajar, circular por el territorio nacional o visitar a nuestros familiares cercanos, resulta una contradicción aberrante invocar supuestas libertades de género para eliminar las vidas humanas más indefensas de manera indiscriminada y sin causa.

Y eso es lo que reglamenta este Protocolo de Ginés González García. “Para gozar de la libertad, es necesario estar vivo”, dijo Alberto Fernández, al defender la cuarentena en su última conferencia de prensa. Según esa línea de pensamiento, a los niños que se les niega la vida, también se les niega la libertad de ser.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, podría vetar la ley y asumir un liderazgo de centro político, que se diferencie del gobierno de Alberto Fernández, pero no lo hará. El Presidente promovió la legalización del aborto en contra de la opinión de una mayoría de argentinos y la mayoría del propio peronismo, que se expresó desde 2018 en todas las provincias del país.

“El aborto es una cuestión de los porteños, que tienen una cultura progesista centralista propia de los porteños. En el interior no queremos el aborto y lo vamos a rechazar en el Senado”, dijo esta semana a La Nueva República un gobernador del Frente de Todos, kirchnerista, que responde al gobierno de Alberto Fernández.

El aborto es una política de eliminación de vidas humanas indefensas, nacida al calor de doctrinas postmarxistas, de la izquierda materialista. En ellas el valor de la utilidad material prevalece sobre los valores humanos más profundos como la vida. Se invisibiliza al niño por nacer, para de ese modo deshumanizarlo, cosificarlo y convertirlo en material desechable y eliminarlo. Todo en nombre de supuestas libertades sobre el propio cuerpo que justifican cualquier descarte.

Para determinar las implicancias reales del Protocolo ILE es ilustrativo el informe del Centro de Bioética Persona y Familia y de Prodeci, elaborado en conjunto por expertos juristas especializados en bioética y familia.

El Protocolo que la Legislatura convirtió en ley porteña arremete contra el Código Penal que aún tiene vigencia porque el 9 de agosto de 2018 el Congreso de la Nación rechazó su modificación en el artículo 86 que dice:

ARTICULO 86. – Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.

El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

El protocolo tergiversa, contradice y viola el Código Penal en la causal “de peligro para la vida o la salud” previsto en el inciso 1: en todas las menciones a esa causal omite decir que es válida siempre que “no pueda ser evitado por otros medios”. El Código Penal dice que el aborto es el último recurso. Es decir, ordena extremar todos los medios para salvar la vida del bebe. El protocolo ofrece el aborto como primera opción. Por lo tanto, el Protocolo “modifica” el Código Penal y esto no puede ser hecho sino es mediante una ley del Congreso, la que precisamente se rechazó el 9 de agosto de 2018.

El Protocolo dice que la causal salud: “No requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. Bastará con la potencialidad de afectación de la salud para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto. El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia” (p. 16).

Es decir, que con la sola “posibilidad” de un riesgo para la salud cualquier mujer podrá solicitar un aborto a libre demanda. Además, el concepto “salud”, según la nueva filosofía de la OMS, concierne a la salud física, social o psíquica. Vale decir que cualquier mujer puede invocar una posible depresión o un posible perjuicio económico o familiar para eliminar a un niño indefenso y en cualquier etapa de su formación.

Por eso el Protocolo promueve también el aborto a simple demanda y viola el Código Penal. Se amplia enormemente la causal “salud” que no se mide objetivamente en causas objetivas y tangibles de salud, sino desde la subjetividad de la salud “social”: cualquier situación de adversidad daría lugar a la posibilidad de invocar la causal de “no punibilidad”. En la p. 15 se incluyen casos de “inequidades en las condiciones de vida, limitaciones a la autonomía, etc.”. Se ignora el requisito de que el peligro de vida o salud “no puede ser evitado por otros medios” (art. 86 inciso 1). El Ministerio de Salud carece de atribuciones para legislar y ampliar supuestos de no punibilidad.

Además, el Protocolo promueve el aborto hasta el final del embarazo: el capítulo dedicado a los procedimientos para hacer el aborto incluye referencias a cómo hacer un aborto incluso luego de la semana 28 (p. 45, nota al pie).

Además, el protocolo invoca como fundamento una ley que excluye el aborto: se trata de la ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable (p. 10), que expresamente excluye como métodos anticonceptivos los “métodos abortivos” (art. 6.b Ley 25673). Ordena textualmente:  “Prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán ser de carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios”. Segunda violación, entonces, del ordenamiento jurídico vigente en la Argentina.

Por otro lado, el Protocolo obliga a ofrecer el aborto a toda embarazada y al médico a que se limite a proponer y realizar el aborto como una simple elección. O sea, no se limita a regular 3 casos excepcionales de no punibilidad (riesgo de vida, salud o violación), sino de convertir al aborto en un procedimiento rutinario ofrecido sistemáticamente en la primera entrevista. En la p. 30 dice: “Si bien es posible que sea la mujer la que se acerque para solicitar la ILE, en muchos casos es el equipo de salud el que detecta que la persona que está atendiendo presenta alguna de las causales que le dan derecho a solicitar la práctica. En estos casos, el/la profesional interviniente debe ofrecer a la persona que consulta una consejería o derivarla donde pueda realizarla, para que ella pueda decidir, informada y autónomamente, si desea continuar o no con el embarazo. Asimismo, si ella lo decide, se debe disponer la realización de la ILE lo antes posible”. Luego enumera una serie tan amplia de situaciones posibles, entre otras, que en los hechos siempre se ofrecerá el aborto a las embarazadas.

El protocolo, además, coarta la libertad de los médicos y los responsabiliza por mayores daños: la obligación de ofrecer el aborto a toda embarazada se refuerza porque el Protocolo amenaza a los médicos con juicios de responsabilidad civil, penal o administrativa (p. 24 y 25). Si el médico no ofrece el aborto, podría llegar a ser pasible de un reclamo por haber perdido la chance de abortar, como si se tratara de un pretendido derecho. Todo ello configura una coerción sobre la libertad de los profesionales de la salud, que no solo viola sus deberes deontológicos y el juramento hipocrático, sino que además atenta contra las libertades más básicas. No se puede ejercer una profesión bajo amenaza.

Además, la provisión de misoprostol para uso domiciliario crea nuevos y mayores peligros para la salud de la mujer, con la consecuente responsabilidad del profesional que prescribió tal tratamiento o medicamento. Y esto se traducirá en mayor cantidad de juicios por responsabilidad civil y penal, aumento de las primas de las pólizas de seguro de mala praxis, amén de los mayores costos al sistema de salud que la promoción de estas prácticas conllevan, con su consecuente impacto fiscal.

Por otro lado, el Protocolo limita la objeción de conciencia, discrimina a los trabajadores y restringe su carrera profesional: reconoce la objeción de conciencia solo individual y de forma muy restrictiva para las libertades de los médicos. Los profesionales están obligados a informar sobre la existencia del pretendido derecho a abortar (p. 26) y además dispone que “no podrá ejercerse la objeción de conciencia si no existiera un/a profesional disponible para realizar la práctica de forma oportuna, tal y como lo establecen las leyes de derechos del paciente y de ejercicio de la medicina (Ley 26.529, artículo 2.a; Ley 17.132, artículo 19.2)” (p. 26). “Tampoco podrá ejercerse objeción en los casos de emergencia, cuando la práctica deba realizarse de forma urgente, pues pondría en riesgo la vida o salud de la paciente” (p. 26). En los hechos, esta obligación que se pretende imponer a todos los hospitales para que realicen abortos es contraria a la libertad de asociación y a la libertad 5 de conciencia, de pensamiento y de religión. Pretender que un protocolo sea obligatorio para las instituciones de salud contradice la regla del art. 19 de la Constitución Nacional.

Desde la perspectiva de la mujer, el Protocolo retacea información para el consentimiento e incumple de la ley de derechos del paciente y las normas vigentes sobre consentimiento informado. Según el art. 5 inciso e) de la ley 26.529 de Derechos del Paciente, el consentimiento se brinda luego de recibir información respecto a “la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto”. También se deben informar “Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados” (art. 5.f). Pues bien, en el modelo de consentimiento informado incluido en el Anexo del Protocolo (p. 74) no se hace mención a esos “procedimientos alternativos”.

El único contenido que informa el médico es el referido a la realización del aborto y no se ofrece ninguna alternativa. Así, estamos ante una manipulación de la información que se brinda a la mujer y que condiciona su decisión.

Por otra parte, el Protocolo induce al aborto y ello conducirá a problemas legales derivados de vicios en el consentimiento e  incumplimiento de la normativa vigente. Además, en p. 19 al hablar del consentimiento, el Protocolo afirma que la firma del consentimiento “podrá emitirse en cualquier formato (braille, manuscrito, digital, audio, etc.)”. Ello contradice la ley de derechos del paciente que establece que para intervenciones invasivas se requiere consentimiento escrito (art. 7 ley 26529).

Por otra parte este nuevo Protocolo, manipula los resultados de la ecografía: retacea información y direcciona a la mujer para que solo pueda decidir el aborto, dispone sobre la ecografía que: “se deberá explicar a la usuaria su derecho a solicitar no ver las imágenes ni escuchar los sonidos. En caso de realizarse la ecografía, solo se compartirán con la persona la imagen o el sonido de los latidos si ella lo solicita expresamente. Si no lo hace, es de suma importancia tomar los recaudos necesarios para que aquello no suceda. A su vez, si es posible, facilitar distintas áreas donde se puedan evaluar separadas aquellas mujeres que buscan una interrupción de aquellas que reciben cuidados prenatales” (p. 38).

Esto se inscribe en una clara estrategia de invisibilizar al bebe que las mujeres llevan dentro del vientre y retacearles información de las implicancias del aborto.

El Protocolo promueve el aborto medicamentoso por dos procedimientos: a) por misoprostol solo; b) por mifepristona y misoprostol. Sin embargo, la mifepristona no ha sido aprobada ni registrada por ANMAT (p. 43). En el mismo sentido, se brindan confusas referencias al misoprostol y su autorización por ANMAT (p. 42), desconociendo los problemas que ha generado el abuso de esa droga para causar abortos.

El Protocolo interpreta la causal “violación” del Código Penal sin denuncia al violador: sin embargo en los casos de violación contra niñas menores de edad “debe realizarse la comunicación de la situación de abuso o violación a los organismos de protección de derechos de cada jurisdicción (art. 9, ley 26.061)” (p. 18). En consecuencia, queda en evidencia que ya no es aplicable lo que recomienda la Corte Suprema en el caso FAL sobre la posibilidad de prescindir de la denuncia policial, ya que se trata de un delito de acción pública (art. 72 Código Penal, según ley 27455 del 2018). La denuncia del delito permitiría investigar al violador para terminar con la impunidad de los violadores y para evitar que esos delincuentes puedan reiterar sus ataques a otras mujeres. Y además podrían servir para certificar que la eliminación de la vida al interrumpir el embarazo está debidamente justificada por esa violación. Esto para cumplir acabadamente con lo que dispuso el fallo FAL en referencia a que el inciso 2 del artículo 86 alcanza a todas las violaciones en cualquier mujer y no solo a las “mujeres idiotas o dementes”.

Respecto a las niñas entre 13 y 16 años, el Protocolo pretende facultarlas para decidir por sí mismas invocando una resolución ministerial, cuando en realidad el aborto es un procedimiento invasivo y en tal supuesto el Código Civil y Comercial exige que la decisión sea tomada por la persona menor de edad y también por sus progenitores. Es decir, intenta romper el vínculo entre los padres y las niñas en situación de embarazo, una aberración humana que atenta contra la unidad familiar.

Nuevamente en este punto el Protocolo altera las disposiciones del Código Civil, que tienen rango legal (y han de prevalecer, por tanto, sobre una mera resolución ministerial), y pretende legitimar “personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas “allegadas” o referentes afectivos” (p. 20).

Igualmente, el Protocolo violenta el Código Civil y Comercial cuando afirma que ““Si existiera una negativa de progenitores, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña, podrá ser acompañada para brindar su consentimiento por otro/a referente afectivo” (p. 21). Este texto desconoce lo dispuesto por el art. 26 CCC en tanto establece que el conflicto entre la niña y sus padres “se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico” (art. 26 CCC).

Y también ignora las claras disposiciones de los artículos 638 y 639 del Código Civil y Comercial sobre la responsabilidad parental y los derechos y obligaciones que ella implica, que a su vez tienen raigambre constitucional en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Impone una premura por abortar: según el Protocolo, “el plazo entre la solicitud de la práctica y su realización, no debería ser mayor de 10 (diez) días corridos” (p. 25). Esa premura por abortar conspira contra otras disposiciones que, por ejemplo, permiten que el médico pueda hacer una interconsulta en los casos de salud psicosocial (p. 24). 14) Invisibiliza a la persona por nacer: a pesar de que según el Código Civil y Comercial la existencia de la persona comienza con la concepción (art. 19 del Codigo Civil y Comercial), el Protocolo se ocupa especialmente de evitar nombrar a la persona por nacer.

Así, se usan eufemismos como “evacuación uterina” (p. 41, 44, 51, 52, 56, 58), “contenido uterino” (p. 51 y 55) u otros para designar al bebé. Es particularmente ofensiva la forma en que se refiere a los procedimientos de aborto (p. 39 y siguientes) y a las formas de disponer de los restos mortales de las personas en gestación.

El Protocolo violenta el derecho a la vida: la resolución promueve acciones que violan los distintos Tratados que consagran el derecho a la vida que nuestro país reconoce desde la concepción. En especial, la Convención sobre los Derechos del Niño, tal como se encuentra vigente por nuestro país a través de su aprobación por ley 23849, reconoce que el niño tiene derecho a la vida desde la concepción.

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