Tras el «Banderazo», Alberto y Delgado exploraron mecanismos para no aferrarse a la conflictiva expropiación

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El plan de expropiación del Grupo Vicentín está quedando atrás en forma progresiva y por capítulos. El presidente Alberto Fernández se reunió este mediodía con el interventor Gabriel Delgado en la residencia presidencial de Olivos para avanzar en alternativas superadoras a la estatización que tendrían como eje la conformación de una intervención judicial, con aval del juez del concurso, y que desembocaría en una sociedad anónima con participación estatal y de cientos de cooperativas acreedoras.

El Presidente había dicho en sus últimas apariciones que la «expropiación no es un fin en si mismo, sino un instrumento para salvar la empresa». En un tuit autorizado por la Casa Rosada, Delgado afirmó: «No nos aferramos a los instrumentos». Todo un mensaje político dirigido a disipar los fantasmas de la radicalización.

Esa futura sociedad anónima, que se dedicaría como ahora a la exportación de granos y biodiesel, podría contar, tal como se analiza, con la participación del gobierno de Santa Fe, que actúa en esta instancia mediante la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia. También podrían quedarse con una cuota accionaria los actuales socios propietarios de Vicentín, pero ya sin el manejo del management.

Se barajan varias alternativas. Lo cierto es que Alberto Fernández hizo difundir hoy una foto de su reunión con Delgado en la que éste expresó en su cuenta de Twitter el mensaje que querían dar: “Con @alferdez analizamos la situación de Vicentin. Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar”. Eliminó del conflicto la palabra «expropiación».

Se trata de un mensaje conciliador hacia los productores y hacia Vicentín, justo 24 horas después del “Banderazo” nacional en contra de la estatización compulsiva y a los ponchazos mediante una ley del Congreso, que abriría heridas en el oficialismo y una fenomenal grieta en la sociedad para gobernar en el futuro.

Para que avance el proyecto tienen que pasar algunas cosas. El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, firmó el viernes una resolución mediante la cual desplazó al interventor Delgado y a su segundo, Luciano Zarich, del control efectivo de la empresa agroexportadora. Restituyó en su lugar al directorio de Vicentín y dejó a los interventores como meros veedores.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, trabajaba en forma paralela una solución alternativa y el nuevo escenario le ofreció en bandeja la posibilidad de consensuarla con Alberto Fernández en la propia quinta de Olivos, el viernes último.

Perotti le propuso al Presidente que la IGPJ de su provincia que pidiera al juez conformar una nueva intervención dentro del concurso -esta es la clave- y constituida por Delgado, Zarich y un representante de la IGPJ provinical, que sería Alejandro Bento. Esa nueva intervención tendría una duración mayor a los 60 días, que era el plazo que preveía la que se dispuso mediante el DNU 522.

Durante el transcurso de la nueva intervención tripartida, hasta el final del proceso del concurso de acreedores, se podría avanzar en un proyecto alternativo de sociedad mixta, con participación de cooperativas acreedoras, sin expropiación.

“No va a haber expropiación”, dijeron en Santa Fe. “Si el juez permite esta salida, no hay expropiación”, dijeron muy cerca de Alberto Fernández. En círculos muy bien informados del peronismo aseguran que esta no es una derrota del Gobierno como se interpretó en un principio ante el desplazamiento de Delgado a la condición de veedor. Quizás con esta salida, el juez le permita a Alberto y a Cristina Kirchner evitar una derrota en el Congreso como lo fue la resolución 125 en 2008.

En el peronismo se sabe que Lorenzini no tiene interés poner en aprietos al Gobierno. Su resolución de desplazar a Delgado le permitió al Gobierno avanzar con un “Plan B” mediante el cual “salvar la empresa”: la intervención acordada con el juez del concurso para evitar la expropiación. En este sentido, hay altas posibilidades de que el juez avale el pedido de la IGPJ y vuelva a una intervención acordada.

La empresa Vicentin se opone a la salida de la IGPJ porque el juez le restituyó el control de la compañía este viernes, pero en algunos círculos políticos advierten que la compañía tiene que contemplar una solución integral y acordada porque, por otros medios, podría encontrar lo que quería desde diciembre: una salida para la empresa sin expropiación. Todo está por verse. La solución les conviene a todos.

Una expropiación podría comprometer al Gobierno en el Congreso. El Frente de Todos tiene 119 votos seguros y le faltan diez para llegar al quórum necesario para sesionar y sostener la mayoría simple en una votación.

Juntos por el Cambio, que tiene 116, se opone tajantemente a la expropiación. Los aliados al peronismo del Interbloque Federal, que dirige Eduardo Bucca, con 11 bancas, se pronuniciaron en contra de la expropiación. No lo hicieron aún los de Equidad Federal, de José Luis Ramón, que tiene 8 diputados, pero se estima que son contrarios. Quedarían dos diputados de izquierda y una del MPN. Esos 3 podrían ser favorables a la expropiación. La llave la tiene Ramón.

Sin embargo, la presión social podría operar en contra sobre algunos diputados de Ramón y del peronista Frente de Todos.

Por ahora, los diputados del Interbloque Federal consensúan un proyecto alternativo de conformación de una empresa mixta y la están conversando con los diputados de Juntos por el Cambio, que están liderados en este tema por el frigerista Sebastían García De Luca. Por ese motivo, cualquier aventura expropiadora podría naufragar si el Presidente avanza contra viento y marea.

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