Se cae el plan original del Gobierno: YPF Agro no podrá absorber Vicentín SAIC y estudian otras salidas

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El gobierno de Alberto Fernández asegura que avanzará con la expropiación de Vicentin SAIC contra viento y marea. Pero el esquema que anunció el lunes 8 de junio por el cual YPF Agro absorbería a la cerealera quedó descartado. La empresa petrolera no puede ser administrador fiduciario de ese gigante agroexportador; no tiene el estatus jurídico ni el volumen de negocios para hacerse cargo de esa deuda, por lo cual ahora el Presidente ordenó estudiar otras salidas posibles.

Hacia adentro de la Casa Rosada no se sabe a ciencia cierta si finalmente habrá expropiación u otra forma de participación estatal. En realidad, el futuro del plan quedará en manos del interventor Gabriel Delgado, que deberá hacer un diagnóstico en 60 días y evaluar las distintas alternativas.

La imposibilidad de participar de YPF Agro la informó el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, a las autoridades nacionales luego del anuncio. También lo conversó con el CEO de Vicentín, Sergio Nardelli, que el día anterior había estado con el Presidente, que le adelantó su voluntad de expropiarla bajo el paraguas de YPF.

La petrolera estatal tiene una valuación de 2000 millones de dólares y sólo la deuda de Vicentín es de 1350 millones de dólares.

El anuncio no tuvo la consulta previa, necesaria, con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, ni con el presidente de YPF, Nielsen, ni con su CEO, Sergio Affronti. Cada vez son más las fuentes oficiales que por lo bajo confían que la idea fue un arrebato de la vicepresidenta Cristina Kirchner para evitar el cambio de manos por el Grupo Glencore y le ordenó un plan de expropiación a Ricardo Echegaray.

El aún vigente Echegaray escribió el proyecto con el esquema de la expropiación de Ciccone y ese mismo plan fue derivado a la senadora Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de la vicepresidenta y de su hijo Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos. En el albertismo, ahora, hay un pase de facturas por la improvisación y la falta de estudio previo del anuncio.

“Hoy por hoy creo que nadie sabe cómo quedará finalmente. No entiendo qué se hizo. Es de locos… Y obviamente no lo podemos decir”, dijo a La Nueva República un funcionario del Gobierno. El Presidente les pidió a sus colaboradores que aporten ideas y salidas posibles a esta delicada encerrona; deben ordenar el desgaste en el que se incurrió, mientras el Presidente se enfoca otra vez en la pandemia, más redituable.

Lo cierto es que YPF Agro no será parte de la solución. “Eso en la semana fue encauzándose y el Gobierno comenzó a bajarle el tono a la participación de YPF Agro, porque no se podrá hacer cargo. El que definirá todo con el tiempo será el nuevo interventor, Gabriel Delgado”, dijo otro alto funcionario, en medio del hermetismo general. El Gobierno nunca informó públicamente esta deserción de YPF en el proyecto.

En la reunión que Nielsen y Affronti tuvieron con el CEO de Vicentín, Sergio Nardelli, quedó claro que YPF no se puede hacer cargo de la empresa concursada, en convocatoria de acreedores y a punto de la quiebra. Se ignora entonces completamente cuál será el formato de la expropiación.

Algo de esto comenzó a vislumbrarse el sábado último, cuando el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo a La Capital de Rosario que “el modelo YPF se piensa para la privatización”. El modelo sería YPF, pero sin YPF como fiduciario. YPF es una empresa mixta público privada, con managment profesional, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y con más de cien fondos de inversión como inversionistas.

Si será una empresa mixta independiente no podría quedar como sociedad absorbida por YPF Agro. Esta empresa se dedica a venderle gasoil mayorista a los productores que le pagan con granos y soja, de manera que la petrolera se dedica a exportar esos productos agropecuarios.

“YPF no puede ser fiduciario administrativo porque Vicentin es demasiado grande y no tiene la capacidad jurídica de hacerlo”, ratificó un funcionario conocedor de la petrolera estatal. Por ahora, entonces, el único que podrá analizar los instrumentos para definir el rumbo de la empresa será el designado interventor Gabriel Delgado.

“Ahora viene el tiempo de Delgado, que decidirá en base al diagnóstico cuál será la clave del futuro de Vicentin y cómo será la expropiación o si habrá expropiación u otra forma de rescate”, dijo un directivo de YPF. ¿Pero lo que aconseje Delgado será aceptado por el Presidente o la vicepresidenta si se escapa de la decisión política original de expropiar la empresa? En eso, los funcionarios hacen silencio. Nadie sabe.

Entre las vías de acción, Kulfas y Delgado entablaron un diálogo con las cooperativas agropecuarias nucleadas en Coninagro y otras entidades. La principal acreedora de Vicentín es la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que espera que la cerealera le pague 100 millones de dólares.

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, y el ex titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, intentan convencer al Gobierno de que las cooperativas podrían capitalizar parte de la deuda: es decir, hacerse de las acciones equivalentes al monto que les debe la empresa. Una salida similar estaría proponiendo el diputado santafecino socialista Luis Cotigiani, conocedor del sistema agroexportador.

El Estado también podría intervenir y en ese sentido se llegaría a una empresa mixta, de capitales estatales y privados, en donde no se sabe muy bien qué papel tendrían los actuales accionistas de Vicentín, las familias Padoan y Nardelli. Si estás fueran desplazadas de la sociedad, el Estado debería pagarles por la expropiación según lo que dictamine el Tribunal de Tasación o lo que luego reclamen judicialmente.

Así las cosas, podría ocurrir que Vicentin pase de ser deudora del Estado a ser acreedora por sumas multimillonarias, un contrasentido con el objetivo original de castigar a una empresa vinculada, como dicen en el kirchnerismo, a Mauricio Macri. Por ahora, nadie tiene claro cómo será la expropiación que más golpeó en su imagen al presidente Alberto Fernández y que más costos políticos le deparó hasta el momento. La provincia de Santa Fe y la oposición están en pie de guerra contra una medida apresurada e improvisada que lleva el sello del “vamos por todo”.

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