El Gobierno analiza la compra de acciones por deuda como salida intermedia a la expropiación total

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Luego de las malas repercusiones políticas y económicas que tuvo el anuncio del lunes último, el presidente Alberto Fernández analizará un camino intermedio a la expropiación total del Grupo Vicentín. Si bien ninguna salida está confirmada por el momento, una hipótesis que se maneja en el Gobierno es que el Estado nacional sólo tomaría una cuota proporcional de las acciones de la megacerealera, equivalente al valor de la deuda que la empresa tiene con la banca pública, pero no expropiaría toda la empresa.

En cambio, se mantendrá la intervención de la empresa dispuesta por el decreto DNU 522, pero el nuevo interventor Gabriel Delgado actuaría en conjunto con el juez civil y comercial de la Segunda Denominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, para llevar adelante el proceso. De hecho, existe comunicación entre el juzgado y la intervención para comenzar a dialogar con los acreedores de Vicentín.

“Se seguiría un camino intermedio, el Estado pasaría a tomar parte de la empresa según la compra de acciones correspondientes al monto que la empresa le debe al Banco Nacion y a otros bancos públicos”, confiaron fuentes del oficialismo a La Nueva República. “Hay muchas versiones. Creo que no tienen claro nada”, dijo otra fuente oficial. Consultados altos funcionarios cercanos a Alberto Fernández no confirmaron ni descartaron esa posibilidad.

El subinterventor Zarich se hizo cargo este mediodía de la intervención de la empresa

En tanto, el Estado nacional concretó este mediodía la intervención de Vicentín. El subinterventor Luciano Zarich ingresó a la sede administrativa de la empresa en la localidad de Avellaneda junto al escribano oficial Carlos Gaitán y directivos de la cerealera, con quienes elaboraron el acta acuerdo de traspaso formal de la empresa, que en diciembre pasado entró en cesación de pagos.

Según trascendió, hubo voces que le recomendaron al Presidente que el Estado no expropie el total de la empresa, porque el primer beneficiario sería Vicentin: de ser deudor por 1350 millones de dólares, de los cuales 300 millones le debe al Banco Nación, pasaría a ser beneficiario o acreedor de una expropiación por la cual el Estado debería pagarle un resarcimiento por el total y, en caso de no estar de acuerdo, tendría posibilidad de reclamar un valor mayor ante los tribunales, un negocio pésimo para el Estado.

Por otra parte, Alberto Fernández conversó ayer con el ex presidente Eduardo Duhalde, a quien escucha, y le desaconsejó avanzar en la expropiación. Duhalde le dijo que la expropiación total era agregar un problema político y económico a los muchos problemas que tiene el Gobierno. En declaraciones televisivas a El Noticiero de A24, el expresidente negó haber hablado con Alberto pero dio por seguro que hoy el Presidente comenzará a solucionar el problema y a subsanar el error.

Manifestaciones y cacerolazos en Avellaneda, Santa Fe, frente a la sede de Vicentin

La expropiación desató la condena, el rechazo y la preocupación de todas las cámaras empresariales, incluida Vicentin, del sector agropecuario, de la oposición política y un ruidoso cacerolazo anoche en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, que se sumó a las protestas en la localidad santafecina de Avellaneda, donde está la cerealera. La perspectiva del malestar empresarial hizo temer al Presidente de que las empresas retrotrajeran proyectos de inversión justo en un momento de salida de la pandemia del coronavirus cuando la economía necesita reactivación para generar empleo.

El jefe del Estado recibirá hoy a las 18 a al CEO de la empresa, Sergio Nardelli, al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, mediador entre la idea de expropiación, y al intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, que impulsó las manifestaciones de los ciudadanos de su municipio. “No nos pueden robar 90 años de historia”, dijo Scarpín al frente de la primera movilización el martes a la noche.

La idea original fue de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, de La Campora, muy cercana en estos tiempos al diputado Máximo Kirchner y a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En el oficialismo dicen que fue Cristina quien, maravillada por el proyecto, le indicó a “m’hija” –así la llama- que se la propusiera formalmente hace varias semanas al Presidente. En aquel momento, Alberto le dijo que la trabajara con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En la redacción del proyecto también intervino ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

El nombre del interventor, Gabriel Delgado, fue propuesto por Kulfas, lo cual tuvo la fuerte aprobación de Alberto Fernández, de Cristina (que lo entrevistó previamente) y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Otra opinión que pesó mucho en Alberto Fernández fue el rechazo del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, que es un asesor en las sombras del Gobierno. “Hace algunos años se habló de SOBERANÍA ENERGÉTICA y las cosas no salieron bien: baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas, y finalmente estancamiento económico-social”, dijo Lavagna mediane un Twitter. “Ayer se habló de #SOBERANÍAALIMENTARIA… Esperemos que se haya aprendido la lección: no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien. Esperemos…, pero haciéndonos oír y actuando”.

El gobernador de Santa Fe, Perotti, intercedió para que Alberto hablara con Sergio Nardelli. El mandatario santafecino siempre quiso que la empresa siguiera funcionando en Santa Fe y preferentemente en manos de argentinos, pero nunca quiso una expropiación, sino en un esquema de funcionamiento con los dueños adentro.

Perotti apoya la idea de que YPF Agro esté dentro del proyecto porque de hecho de eso se venía hablando con los dueños de Vicentin. “Pero nunca de expropiación”, dicen cerca de Perotti.

En medio del conflicto Alberto quedó expuesto a una decisión del kirchnerismo más radicalizado y le quitó la imagen de moderación que él representaba en comparación con la ex presidenta. Le generó un costo de dividir a la sociedad en un momento en que la pandemia había logrado generarle consenso popular. Además, rompió muchos puentes con empresarios y le quitó margen para articular con sectores con los que Cristina estaba enfrentada.

Por otro lado, el momento elegido, en plena negociación con acreedores de la deuda externa, le generó un impacto negativo a nivel internacional porque el Gobierno plantea expropiar una empresa para la que debe inyectar recursos cuando el principal argumento en la renegociación es que no cuenta con capacidad de pago y menos aún de hacerse cargo de las deudas ajenas.

Además, el proyecto fue presentado sin la participación del Ministerio de Agricultura, ni de la provincia de Santa Fe, con la sola presencia de Delgado, de Kulfas y de la senadora Fernández Sagasti, de Mendoza.

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