Juntos por el Cambio denuncia al Presidente por abuso de autoridad en la intervención y expropiación de la cerealera

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Un grupo de 20 diputados nacionales de Juntos por el Cambio encabezados por el santafecino Federico Angelini presentará en estas horas una denuncia penal por la supuesta inconstitucionalidad y por el delito de abuso de autoridad contra el presidente Alberto Fernández debido a su decisión de intervenir por decreto al Grupo Vicentin y enviar un proyecto de ley de expropiación al Congreso para evitar que esa cerealera entre en quiebra judicial. El delito de abuso de autoridad está previsto en el artículo 248 del Código Penal.

“La denuncia será directamente contra el Presidente por incumplimiento de la Constitución nacional. El Poder Ejecutivo no tiene competencias para intervenir en un concurso judicial”, dijo a La Nueva República uno de los legisladores que prepara la presentación en la justicia federal en en los tribunales de Comodoro Py.

El escrito, en principio, estaría fundado en el artículo 109 de la Constitución que dice que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. En las filas de Juntos por el Cambio perciben que el gobierno de Alberto Fernández apostó fuerte a la expropiación de Vicentin como una de sus principales banderas del “plan postpandemia” y están dispuestos a dar batalla.

La presentación fue formulada por los diputados de Juntos por el Cambio Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisela Scaglia, Pablo Torello, Alvaro de la Madrid, Luis Petri, Marcela Campagnoli, Jorge Enriquez, José Nuñez, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Dina Rezinovsky, Carolina Casttets, Luis Pastori, Lucila Leheman, Fernando Iglesias, Lidia Ascarate, Alejandro Garcia, David Shleret, Graciela Ocaña y Mónica Frade.

“El artículo 109 de la Constitución establece que el Presidente no puede entrometerse en asuntos judiciales y que todas las intervenciones a una empresa privada tiene que ser por la vía judicial”, dijo una alta fuente de la coalición opositora.

En ese sentido señaló que en el caso de YPF la estatización pudo sostenerse porque era una sociedad del Estado, pero que en el caso de Vicentin, al ser privada, esta figura constituiría un abuso de autoridad por parte del Presidente. La denuncia la encabezó el diputado Angelini, porque es oriundo de Santa Fe, provincia donde está radicada la gran empresa cerealera, uno de los gigantes del complejo agroexportador.

El directorio de Vicentín dijo hoy mediante un comunicado que también se presentará ante la Justicia por la expropiación luego de un concurso judicial por una deuda que tenía de 1350 millones de dólares, en parte con el Banco Nación. Los accionistas, las familias Padoan y Nardelli, podrían transformarse rápidamente en empresarios multimillonariamente endeudados con el Estado a ser acreedores del Estado en una causa por expropiación.

TEXTO COMPLETO DE LA DENUNCIA

FORMULAN DENUNCIA

 

SEÑOR JUEZ FEDERAL:

 

Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisela Scaglia, Pablo Torello, Alvaro de la Madrid, Luis Petri, Marcela Campagnoli, Jorge Enriquez, José Nuñez, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Dina Rezinovsky, Carolina Casttets, Luis Pastori, Lucila Leheman, Fernando Iglesias, Lidia Ascarate, Alejandro Garcia, David Shleret, Graciela Ocaña y Mónica Frade. Diputados y Diputadas Nacionales, con domicilio constituido en Riobamba 71 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetuosamente nos presentamos a V.S. y decimos:

 

I.- OBJETO:

 

En legal tiempo y forma, venimos por el presente a formular denuncia por el delito de abuso de autoridad, conforme el hecho que se relatará más adelante, contra el señor Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, domiciliado en Balcarce 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y demás funcionarios firmantes del Decreto 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.

 

II.- HECHO:

 

El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 522/2020, dispuso la intervención de la empresa VICENTIN S.A.I.C., que se encuentra bajo procedimiento de concurso de acreedores ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Denominación Reconquista, de la Provincia de Santa Fé (autos “Vicentin S.A.I.C. s/ concurso preventivo” 21-25023953-7), violando con ello lo establecido en los arts. 17, 18, 29, 75 inc. 12, 75 inc.  , 76, 109 y concordantes de la Constitución Nacional.

 

         III.- FUNDAMENTOS:

 

Conforme la Constitución Nacional y la ley de quiebras ( 24.522) dictada en consecuencia, el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley (art. 17). Y la norma que pretenda otorgarle tales facultades está vedada por el texto constitucional, que prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a mercede de persona o gobierno alguno. Las normas de esa naturaleza son insanablemente nulas y quienes las emitan serán considerados infames traidores a la patria (art. 29).

En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia, dado que no puede ir más allá de las atribuciones del Poder Legislativo y se estaría otorgando directamente las facultades prohibidas.

Por otra parte, el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso Nacional dictar los códigos de fondo y la ley de bancarrotas – quiebras -, de manera que no puede modificarse el procedimiento pertinente por un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, aún dentro de los denominados de necesidad y urgencia (art. 76 C.N.).

Por otra parte, no existen circunstancias que, en los términos del art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, justifiquen la intromisión del Poder Ejecutivo en un procedimiento concursal, más que como parte, si tuviera un interés legítimo.

Al substanciarse el proceso de concurso en sede judicial, por respeto al debido proceso legal, conforme el art. 109 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo tiene vedada toda posibilidad de intervención en el proceso de saneamiento o liquidación de la empresa, que está en manos del Juez del concurso. El tribunal del concurso debe velar por los derechos de los acreedores y el patrimonio de la empresa, de modo que una decisión política de intervenirla, al margen de las decisiones del Juez, además de violar el límite establecido en el art. 109 mencionado, viola el debido proceso legal (art. 18 C.N.).

Por otra parte, en caso de existir algún tipo de actividad delictiva, en mérito a la causa nro. 560/2020 en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos del Banco de la Nación Argentina, al Juez a cargo de ese tribunal le que compete garantizar la prueba y hacer cesar la comisión del delito. Tampoco en esta área, el Poder Ejecutivo puede interesarse, salvo a través de los órganos pertinentes, en caso de corrupción.

La causa de utilidad pública que justifica el proceso de expropiación, en caso de ser considerada, corresponde que sea declarada por ley del Congreso Nacional (art. 17 de la Constitución Nacional) y no puede ser en consecuencia considerado por el Poder Ejecutivo Nacional como justificación para la designación de un interventor, sin violarse, como se dijo, el art. 29 de la Carta Fundamental.

Finalmente, la decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de Gobierno (art. 1 de la Constitución Nacional), pues invade potestades propias de la competencia judicial de la Provincia de Santa Fé, donde está radicado el proceso concursal mencionado.

Por lo expuesto, la lisa y llana decisión de intervenir la gestión de la empresa en cuestión resulta violatoria del proceso concursal y de las normas constitucionales mencionadas.

 

         III.- CALIFICACIÓN LEGAL:

 

Consecuentemente, en mérito a los fundamentos precedentes, la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de designar interventor en la empresa VICENTIN S.A.I.C. importa la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto en el art. 248 del Código Penal.

Por todo lo expuesto

 

 

IV.- SOLICITAMOS:

 

  • Tenga por formulada la presente denuncia.
  • Previa intervención del Ministerio Público Fiscal a los fines previstos en el art. 180 del Código Procesal Penal, se disponga la instrucción del sumario.
  • Oportunamente, se cite a prestar declaración indagatoria a los denunciados.

SERA JUSTICIA.-

 

 

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