La expropiación de Vicentin divide al país y deja en letra muerta la «búsqueda de consensos» económicos

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La decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir y expropiar el Grupo Vicentín profundizó una grieta en la sociedad, que se había comenzado cerrar en marzo pasado con una gestión moderada y en equipo con la oposición de la lucha contra el coronavirus, que logró desde un origen consenso en todos los sectores. Esa unidad se comenzó a dividir con el debate por la duración de la cuarentena luego de que el propio jefe de Estado adoptó un discurso confrontativo.

Según dijo el propio Fernández en la conferencia de prensa del lunes 8 de junio, la expropiación fue inspirada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, de Mendoza, a quien le agradeció varias veces en la conferencia de prensa.

Se trata de la senadora más cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, que participó desde una silla del público. En el oficialismo comentan por lo bajo que la idea de expropiar Vicentin fue del entorno de Cristina.

El Presidente negó tajantemente que la ex presidenta haya intervenido en la gestacíon de la idea. Pero luego se supo que en la redacción participó activamente el ex director de la AFIP Ricardo Echegaray, del riñón del kirchnerismo.

Un día antes de del anuncio de Alberto, el ex ministro de Economía, Amado Boudou, con prisión domiciliaria por la expropiación fraudulenta de Ciccone Calcográfica, la anticipó con pelos y señales en el portal kirchnerista www.eldestape.web

Luego de ese ataque a la propiedad privada, a la seguridad jurídica y a las reglas de juego, que dejó desguarnecidos a los empresarios, Alberto Fernández recibió ayer en Olivos a una delegación de las Naciones Unidas para mostrarles el proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social CES que enviará al Congreso para lograr un ámbito de diálogo y consensos de políticas de largo plazo productivas, entre los empresarios, los sindicatos y el Gobierno.

Primera protesta en Avellaneda, Santa Fe

Los empresarios se preguntan ahora, luego de haber salido optimistas de Olivos el miércoles de la semana anterior, cuál es exactamente el espíritu de diálogo que puede tener el Presidente con ellos si, luego de decirles que no iba a quedarse con las empresas más complicadas económicamente, el lunes anunció en forma sorpresiva e inconsulta la intervención y expropiación de Vicentin. Y lo hizo sin consultar al gigante cerealero concursado ni al juez civil y comercial de Reconquista que tramita el proceso de quiebra. La Casa Rosada asegura que no habrá más expropiaciones, pero ahora todos los empresarios se permiten dudar de la palabra del Gobierno.

El propio inspirador del CES, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, que había estado conversando con el Presidente en Olivos, se opuso tajantemente a la intervención y expropiación de la cerealera con declaraciones que luego reiteraron sus diputados, en rechazo de la soberanía alimentaria. El ex ministro puede sentirse defraudado por no haber sido informado de la medida en ese almuerzo privado.

Lavagna recordó que cuando se habló de soberanía energética, en la estatización de YPF, las cosas no salieron bien. El Estado pasó de tener superávit energético a padecer un déficit por años que sólo se revirtió con un acuerdo entre empresarios y sindicatos durante el gobierno de Mauricio Macri y con la incipiente reactivación de Vaca Muerta, ahora paralizada. Fue uno de los pocos aciertos del macrismo en la economía.

Al haberse comprado este conflicto, Alberto puede haber perdido aliados clave: Lavagna había almorzado en Olivos el miércoles último y luego los empresarios tomaron el café. Alberto les dijo que nunca cambiaría las reglas de juego. Les repitió que no pensaran en «locuras» de que él quería quedarse con empresas, como había propuesto la diputada ultrakirchnerista Fernanda Vellejos. Lavagna y los empresarios quedaron defraudados.

El bloque de diputados de Juntos por el Cambio denunció penalmente ayer a Alberto por abuso de autoridad en Comodoro Py. El ex candidato presidencial por Despertar, José Luis Espert, dijo que la medida es un desastre para la economía. El senador Alfredo De Angelis prometió movilizar a los pueblos del interior hacia la Capital para oponerse a esto y vaticinó que hasta los peronistas no lo van a apoyar.

Frente a la sede de Vicentín, en Avellaneda, Santa Fé, se organizó una pueblada en resistencia contra la intervención y expropiación encabezada por el intendente de la ciudad, Dionisio Scarpín, para levantar las banderas del «No a la expropiación». La Sociedad Rural Argentina y Coninagro se habían pronunciado en contra anteayer y sólo el ex presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi respaldó la expropiación.

El propio directorio del Grupo Vicentin salió a condenar la expropiación y anticipó que iniciará acciones judiciales contra el DNU de intervención. Si bien el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, respaldó la medida de Alberto Fernández, el ministro de la Producción santafesino, Daniel Costamagna, se pronunció en contra de la estatización, tal como había sostenido públicamente meses atrás.

Otra vez el país dividido y en pie de guerra entre los dos lados de la grieta. Los empresarios expresaron unánimemente su rechazo. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industria Argentina (UIA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) rechazaron como “grave” esa intervención mientras la Justicia tramita el concurso de acreedores y advirtieron a Fernández que puede afectar el desarrollo del sector privado, las futuras inversiones y el empleo. Señalaron que es un ataque a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.

«Esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores», dijo AEA. Hay una sensación de que Alberto rompió los puentes con los empresarios.

«Este hecho es grave puesto que la seguridad jurídica es un atributo central que proporciona la confianza imprescindible para las inversiones productivas”, señaló.
La UIA manifestó “la necesidad la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad». La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) también manifestó su «desacuerdo» y señaló que «en momentos en que los argentinos debemos estar unidos para lograr superar la crisis que estamos viviendo, consideramos que la presente iniciativa solo tiende a dividir a la sociedad”.

Señaló que se están “pasando por alto todos los mecanismos legales e institucionales que existen en nuestro país para administrar situaciones como la que afronta la empresa en cuestión».

En medio de ese conflicto que se fabricó el presidente Fernández, en Olivos recibió a una delegación de las Naciones Unidas que trabaja en el país, que comprometió su apoyo al Consejo Económico y Social. “Estamos en condiciones de poner en marcha próximamente este Consejo Económico y Social. Su opinión es bienvenida y va a ser un gran aporte para su constitución”, les expresó el mandatario. El espíritu del diálogo y del acuerdo, en sus medidas de fondo, parece ya letra muerta.

Frente a la sede de Vicentín, en Avellaneda, Santa Fé, se organizó una pueblada en resistencia contra la intervención y expropiación encabezada por el intendente de la ciudad, Dionisio Scarpín, para levantar las banderas del «No a la expropiación». La Sociedad Rural Argentina y Coninagro se habían pronunciado en contra anteayer y sólo el ex presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi respaldó la expropiación.

Los empresarios expresaron unánimemente su rechazo. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industria Argentina (UIA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) rechazaron como “grave” esa intervención mientras la Justicia tramita el concurso de acreedores y advirtieron a Fernández que puede afectar el desarrollo del sector privado, las futuras inversiones y el empleo. Señalaron que es un ataque a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.

«Esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores», dijo AEA. Hay una sensación de que Alberto rompió los puentes con los empresarios. «Este hecho es grave puesto que la seguridad jurídica es un atributo central que proporciona la confianza imprescindible para las inversiones productivas”, señaló la entidad.

La UIA manifestó “la necesidad la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad». La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) también manifestó su «desacuerdo» y señaló que «en momentos en que los argentinos debemos estar unidos para lograr superar la crisis que estamos viviendo, consideramos que la presente iniciativa solo tiende a dividir a la sociedad”.

Señaló que se están “pasando por alto todos los mecanismos legales e institucionales que existen en nuestro país para administrar situaciones como la que afronta la empresa en cuestión».

En medio de ese conflicto que se fabricó el presidente Fernández, en Olivos recibió a una delegación de las Naciones Unidas que trabaja en el país, que comprometió su apoyo al Consejo Económico y Social. “Estamos en condiciones de poner en marcha próximamente este Consejo Económico y Social. Su opinión es bienvenida y va a ser un gran aporte para su constitución”, les expresó el mandatario. El espíritu del diálogo y del acuerdo, en sus medidas de fondo, parece ya letra muerta.

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