El Gobierno denunció a Macri por “espionaje ilegal” y el macrismo se prepara para la batalla judicial

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El gobierno de Alberto Fernández denunció al ex presidente Mauricio Macri y a la conducción de la inteligencia macrista por supuesto espionaje ilegal a 500 periodistas, empresarios, políticos, dirigentes sociales y académicos. Es la segunda denuncia de espionaje al macrismo en dos semanas. Las dos presentaciones recayeron en el juzgado federal 11, de Marcelo Martínez de Giorgi, que además investiga desde hace dos años a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el mismo delito de supuesto espionaje ilegal en intervenciones telefónicas.

Las dos denuncias fueron hechas por la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ex fiscal y funcionaria incondicional de Cristina Kirchner. Y en ambas, Caamaño pidió la declaración indagatoria de Macri, del ex director de la AFI Gustavo Arribas y de la ex subdirectora Silvia Majdalani.

En cambio, la causa en contra de Cristina Kirchner se inició en 2017 por el secuestro en el domicilio de El Calafate de la ex presidenta de siete carpetas con escuchas telefónicas a dirigentes opositores y al ex espía Antonio Stiuso. Ese material se encontró durante un allanamiento dispuesto en la causa de los “cuadernos de la corrupción” por el fallecido juez federal Claudio Bonadío.

Así las cosas, entre el peronismo y el macrismo parece haberse desatado una guerra de carpetas de supuesto espionaje ilegal. Esto contrasta con las señales que Alberto Fernández suele dar de diálogo con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el contexto de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

La interventora de la AFI, Caamaño, denunció la “producción de inteligencia ilegal” sobre la base de documentos que encontró a fines de enero último en una caja fuerte de la sede de la AFI de 25 de Mayo 11, dentro de tres sobres con las leyendas “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”.

Según informó la Casa Rosada, había allí 403 fichas de periodistas, quienes habían solicitado su acreditación para cubrir la Cumbre del G-20 de diciembre de 2018. En tanto, fuentes del entonces gobierno macrista aseguraron a La Nueva República que el organismo intervino de acuerdo a protocolos internacionales de seguridad para ese tipo de cumbres con el fin de verificar la identidad de los medios que pedían cubrir esa cumbre.

La interventora Caamaño pidió en su presentación judicial que se cite a declaración indagatoria a Arribas, Majdalani y Macri “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520)”.

En medio de estas dos denuncias al macrismo, el Frente de Todos en el Senado anuló por 42 votos a 0 (sin el quórum de Juntos por el Cambio) el decreto de necesidad y urgencia que Macri había firmado en 2015 para traspasar la Dirección de Comunicación que ejecutaba las escuchas telefónicas judiciales desde la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema.

Ahora, deberá completar el trámite la Cámara de Diputados para que el DNU quede sin efecto y la dirección de escuchas judiciales volvería a la Procuración, donde Alberto y Cristina quieren designar al juez federal Daniel Rafecas. Como parece, la producción de inteligencia y de información volvió al centro de la contienda política.

En el sorteo, la Cámara Federal asignó la causa impulsada por Caamaño al juzgado de Martínez de Giorgi e intervendrá la fiscal federal Paloma Ochoa. Consultados los voceros actuales de Macri aseguraron que el ex presidente “no va a emitir opinión sobre el tema” al cual calificaron como “disparate”.

En tanto, Arribas informó mediante sus allegados que “no conoce la causa y que sólo va a contestar por la vía judicial cuando esté al tanto del expediente”, aunque advirtieron que “igualmente aclara que no se hizo nunca inteligencia ilegal”.

Majdalani no quiso responder a la denuncia y dejó trascender que, al igual que Arribas, sólo se presentará en el expediente. Otras fuentes del gobierno anterior señalaron que desde el Gobierno “hacen estas denuncias para que se hable de esto en lugar de lo que pasa en el país y es una operación mediática para perseguir a Macri”. En la actualidad, Majdalani está alejada de la política y se encuentra ocupada en la actividad privada.

Las fuentes del gobierno macrista aseguraron que “las solicitudes de acreditación de los periodistas para el G-20 se tramitaron en la Presidencia y la AFI actuó de acuerdo a los protocolos internacionales para esos pedidos porque se tiene que identificar si el medio ya sea local o extranjero existe en la realidad”.

El operativo de seguridad de la Cumbre del G-20 fue el más intenso y riguroso de la historia de nuestro país, incluso coordinado con otros países, porque había 30 líderes de todo el mundo, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto de conflicto global de terrorismo fundamentalista.

Según el ex jefe de la SIDE Miguel Angel Toma, las “denuncias de Caamaño son irregulares, porque no se dio intervención judicial para producir la prueba, ya que son los peritos judiciales quienes tienen que revisar los discos y determinar que los elementos informáticos no sean adulterados”.

El propio Toma no descartó pedir la declaración indagatoria de Cristina Kirchner en la causa del allanamiento de Bonadío. El ex jefe de la SIDE de Eduardo Duhalde es querellante en la causa que también investiga Martínez De Giorgi por las carpetas encontradas en aquel allanamiento a la casa de la vicepresidenta en El Calafate. En esas carpetas había supuestas escuchas telefónicas transcriptas de Toma, Stiuso, Carlos Reutemann, y de altos directivos del Grupo Clarin, entre otras.

Por otra parte, el juez federal Sebastian Casanello instruye una causa generada en una denuncia de 2015 de las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, luego funcionarias de Macri, que presentaron un documento que supuestamente demostraba espionaje ilegal del entones gobierno kirchnerista, porque se pedía a la AFI investigar a periodistas, empresarios y opositores, además de Stiuso.

En el caso de la nueva denuncia de Caamaño contra la AFI macrista, las planillas presentadas contienen una fotografía de cada periodista solicitante de la acreditación al G-20 y, en muchos casos, incluyen referencias a las preferencias políticas y actividades culturales y sociales. En una denuncia anterior, Caamaño presentó ante el juzgado de Martínez De Giorgi supuestas pruebas de un disco rígido de una computadora de la AFI en la que había registros de correos electrónicos de políticos, periodistas y empresarios.

En esta nueva denuncia el listado de víctimas de espionaje incluye a cronistas, reporteros gráficos, técnicos y camarógrafos de medios gráficos, electrónicos y audiovisuales de Argentina y el exterior y se atribuyen en cada una de las fichas, al lado del nombre, referencias como:

*“Siempre con posturas contra el Gobierno”;

*“Se opone fuertemente al kirchnerismo”;

*“Hay una foto con Estela de Carlotto”;

*“Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista”;

*“Se destaca que en FB la única pagina de políticos a la que le dio ‘Me Gusta’ es a la de Laura Alonso”,

*“En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos”.

Además, la interventora en la AFI aportó 28 fichas de adémicos y 59 adicionales producidas para la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC del año 2017. Todas contienen fotografías de los supuestos investigdos y detallan información privada, datos bancarios, vínculos familiares, propiedades y automóviles, participación en sociedades y salario de empleadas domésticas, entre otras referencias.

La documentación presentada por Caamaño también incluye un informe de inteligencia sobre organizaciones sociales y políticas que se oponían a los eventos, como el Transnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio”, y otro informe de “fuentes propias” sobre una reunión política convocada contra estos eventos.

En el escrito entregado el viernes 5 de junio, Caamaño subrayó que “si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”.

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