Con un ojo en China, Alberto y Cristina activan la licitación de la Hidrovía, de la que desalojarían a Romero

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El gobierno de Alberto Fernández prepara con el máximo sigilo una licitación que puede traer polémica. Se trata de la licitación de la Hidrovía, que implica un negocio de 200 millones de dólares por año y de obras de ampliación de puertos y de ensanchamientos de canales que podrían llegar a los 600 millones de dólares. El tema está en la carpeta del Presidente y es de máximo interés de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Todavía no está terminado el pliego de licitación, un trabajo que viene desde el gobierno de Mauricio Macri, pero que la actual gestión reformará íntegramante. La ex presidenta no quiere definitivamente que en el consorcio permanezca la empresa Emepa SA, del empresario Gabriel Romero, que tenía previsto competir.

Gabriel Romero, de Emepa SA

Romero confesó como arrepentido durante el gobierno macrista que le había pagado coimas al ex secretario de Transportes Ricardo Jaime por 600 mil dólares. Y por el mismo motivo no se sabe nada oficialmente acerca de si la vicepresidenta aceptaría la permanencia de Jan De Nul, socio Belga de Emepa.

Peter Jan de Nul, empresario belga

Entre Romero y Jan De Nul conforman el consorcio UTE Hidrovía SA, pero tras el escándalo de la confesión judicial de Romero, que fue investigado por el fallecido juez Claudio Bonadío, mantienen una relación muy tirante entre ellos. Los belgas aseguran que ellos aportan el know how del dragado y balizamiento, mientras que Romero era un jugador con contactos políticos.

La concesión de dragado y balizamiento de la hidrovía es el negocio del mayor peaje del país. En este caso se trata de una autopista fluvial, que recauda un privado que le paga un canon al Estado, es mirado de cerca por media docena de empresas holandesas, chinas y norteamericanas. Entre ellas, el holding chino Shanghai Dredging Company (SDC) y las holandesas Boskalis, Dredging y Van Hool.

Las coimas que Romero confesó en la Justicia se pagaban, según dijo, para mantener vigente la concesión con sucesivas prórrogas desde 1995, cuando fue adjudicado el negocio por el gobierno de Carlos Menem. Las malas lenguas señalan que en aquel momento ese trato fue parte del Pacto de Olivos, porque el radicalismo de entonces estaba interesado en que Romero fuera el adjudicatario.

Según pudo saber La Nueva República, el gobierno de Alberto Fernández considera ahora que es una buena oportunidad para cambiar el caballo y dejar afuera a los antiguos contratistas que están desde los años 90. Tendría posibilidades de competir con buenas expectativas una empresa china y en el mercado se especula que podría asociarse con una o más prestatarias las europeas.

Es uno de los temas que se lleva en su portafolio el nuevo embajador ante China Luis Kreckler y su segundo, Sabino Vaca Narvaja, un incondicional de Cristina y de Máximo Kirchner. Si bien el asunto no está entre los primeros puntos de la agenda del gobierno de Xi Jinping, para la Argentina es un asunto importante.

El conflicto interno en la UTE Hidrovía SA se agudizó desde el escándalo de la causa de los cuadernos. La estratégica concesión del dragado y balizamiento del río Paraná comenzó a tambalear con sucesivas peleas entre Romero y el empresario belga. Jan De Nul confirmó que se separará de la local Emepa SA, porque considera que es un «problema político» pese a que antaño era la llave para entrar en la política por lo que era una buena llegada al operador radical Enrique «Coti» Nosiglia.

Todo se enrareció dentro del consorcio cuando Romero declaró ante el juez Claudio Bonadio que le pagó al ex secretario de Coordinación Roberto Baratta, colaborador del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Jan De Nul asegura que nunca acordó esa coima con su socio. La concesión vencerá el 30 de abril de 2021 y asumirá un nuevo operador. Pero para llegar a esa fecha con un nuevo adjudicatario debe comenzar cuanto antes el proceso licitatorio, que ya está demorado.

La concesión de la UTE Hidrovía funciona desde 1995, cobra peaje de US$3,06 por tonelada a todos los barcos que entran y salen del río Paraná. Por esa vía navegable se transporta el 70% del comercio exterior del país. Tanto Jan De Nul como Romero confirmaron por separado que quieren continuar al frente de ese negocio, pero los nuevos vientos kirchneristas complican la continuidad de ambos.

 

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