El Gobierno y Río Negro conforman una mesa de diálogo para detener la violencia mapuche, pero sigue el malestar en la zona

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El gobierno de Alberto Fernández y la provincia de Río Negro acordaron ayer conformar en un plazo de 30 días una mesa de resolución de conflictos en Villa Mascardi para detener la violencia de la comunidad autodenominada mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, que ocupa ilegalmente el Parque Nacional Nahuel Huapí, y a la que se le atribuyen hechos de violencia, saqueos, robos, incendios y usurpaciones de tierras nacionales y de propiedades privadas.

Esa comunidad, conformada por apenas decenas de activistas de izquierda, reclama supuestas tierras ancestrales de las cuales no tiene ningún título de dominio ni siquiera pruebas de que hayan pertenecido a sus antepasados. Sin embargo, la mesa de diálogo comenzará un relevamiento de tierras de la zona para determinar si se llega a algún acuerdo para concederle a los activistas de la Lof.

El acuerdo busca alcanzar la «paz social» y fue firmado ayer entre los ministros de Seguridad, Sabina Frederic; de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y los funcionarios del gobierno de Río Negro que encabeza la gobernadora Arabella Carreras.

Sabina Frederic, Rodrigo Buteler y Marcela Losardo

De parte del gobierno rionegrino estaban los ministros provinciales de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler y de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Estevan. También participaron la directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Ordarda; el presidente de Parques Nacionales, Daniel Somma; el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks, y la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa.

El acuerdo para conformar una mesa específica de resolución de conflictos en Villa Mascardi contempla una primera reunión con todos los actores intervinientes, en especial la comunidad Winkul, dentro de un plazo máximo de 30 días.

Los damnificados por la violencia mapuche no se mostraron conformes en un principio con los resultados de la reunión. «Claramente esto es un disparate, no es lo que pretendemos y están aplicando un mecanismo que está previsto para conflictos de tierra con comunidades indígenas y este no lo es», dijo a La Nueva República John Grehan, propietario de la cabaña La Escondida, que está usurpada desde hace dos años con un letrero que dice «Tierra mapuche recuperada».

John Grehan

Su propiedad es contigua al sector del Parque Nacional Nahuel Huapí, que también está usurpada por la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu desde noviembre de 2017.

Villa Mascardi: denuncias y relatos desgarradores de violencia, usurpaciones y terror mapuche en bosques de Bariloche

El gobierno nacional y el de Río Negro, según un comunicado oficial, acordaron «trabajar conjuntamente y a través de los canales pertinentes, con el fin de que todas las partes involucradas garanticen la paz social y mitiguen las tensiones que se viven hoy en día».

El objetivo de estas condiciones es «garantizar un espacio de diálogo continuo y evitar situaciones conflictivas y de violencia». Sin embargo, el Gobierno no informó si parte del acuerdo es impulsar la investigación y esclarecer los hechos de violencia, robos e incendios registrados en los últimos cuatro años y especialmente durante 2020, a partir de la cuarentena, cuando se registraron sucesivos hechos de vandalismo.

También está pendiente el desalojo de las usurpaciones a tierras nacionales y a la propiedad a John Grehan.

Mientras se realizaba la reunión en el Ministerio de Ambiente, ayer, una delegación de la Policía Federal realizó peritajes en el predio de la cabaña incendiada en la noche del miércoles 20 de mayo último, una propiedad que perteneció a Gas del Estado y que luego pasó a ser propiedad de la Dirección de Parques Nacionales.

Ese ataque fue atribuido a la comunidad mapuche y fue uno más de tantos. Una semana antes, se registró un incendio en la cabaña Los Radales, de Luis Dates. Previamente, se registraron robos incendios y saqueos en un predio del Obispado de San Isidro, que estaba a cargo de Alejo Dasso, y en un camping del Colegio San José, que administraba Julián Cunha Ferré.

«La Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales conformada el 13 de febrero en el Consejo de Seguridad Interior realizado en Tucumán, está integrada por las agencias nacionales arriba mencionadas y, debido a la solicitud recibida desde Río Negro, se decidió conformar la mesa específica por Villa Mascardi», señaló el comunicado difundido por el Ministerio de Seguridad.

Desde febrero de este año, agregó, «el Gobierno y los organismos convocantes a la mesa de resolución trabajan para lograr acuerdos que reduzcan los conflictos territoriales a través de instancias de diálogo y entendimiento pacíficos». Y señaló que «esas convocatorias posibilitan promover intercambios fructíferos entre los distintos actores y promover soluciones entre ellos».

«Lo que se negociará antes que nada es terminar con la violencia. Mediar las diferencias. Dejar actuar a la Justicia. Y todo lo que contribuya a estos objetivos. Y un tiempo razonable de resolución», dijo una fuente del Ministerio de Seguridad, que agregó que se va a acordar una reunión presencial dentro de los próximos 30 días.

También el funcionario admitió en forma reservada que se va a disponer un relevamiento de tierras en conjunto con la Dirección de Parques Nacionales y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

«Hoy hubo un peritaje de la justicia federal sobre el último incendio, hecho por la PFA. Se hizo sin problemas y en presencia de delegados mapuches. Eso es parte de bajar el conflicto. Se logró con dialogo. Está actuando por fin la justicia. Ese es el objetivo», dijo un funcionario cercano a los ministros que intervienen.

El ministro de Gobierno rionegrion, Buteler, celebró el acuerdo alcanzado anoche con el Gobierno para conformar una mesa de diálogo.

Sin embargo, el más duro de los pobladores de la zona, John Grehan, fue muy crítico de ese diálogo. «El ministro Buteler traicionó nuestra confianza porque dijo que iba a lograr una solución de fondo a la cuestión y resulta que sale avalando por Twitter anoche un ´acuerdo´ que solo protege a los delincuentes», dijo Grehan.

«No sólo traicionó la confianza de los propietarios y pobladores de Villa Mascardi sino de todos los rionegrinos que circulan por la Ruta Nacional 40 y el Parque Nacional Nahuel Huapi, y en especial de los trabajadores del estado (policías, bomberos, ministerio público…) que son constantemente atacados por estos delincuentes que Buteler anuncia alegremente que seguirán libres e impunes», aseguró el propietario que tiene su cabaña usurpada hace dos años.

 

 

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