Las balas, que comienzan a entrar, y los errores no forzados, que pueden instalar el “cacerolazo” como una costumbre

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Por Mariano Obarrio.-

Si el peronismo quiere que los cacerolazos no se conviertan en una costumbre, a cinco meses de su gobierno, el presidente Alberto Fernández tendrá que girar drásticamente el rumbo de su gestión. El extraordinario consenso que logró por anticiparse con la cuarentena y evitar miles de contagios y cientos de fallecimientos, también gracias a la oposición y a la gente que cumplió el sacrificio, se le podría escurrir en poco tiempo si sigue cometiendo o permitiendo errores profundos de su Gobierno y de los cuales se convierte casi en el único vocero.

Está claro que a Alberto Fernández, tanto como al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, comenzaron a sufrir las balas, que ahora les entran, y en el caso del Presidente lleva muy poco tiempo de gestión.

El caos en los bancos aquel 3 de abril de los jubilados, el abrazo a Hugo Moyano, y el avance de Cristina Kirchner y su hijo Máximo sobre su gestión nacional comenzaron a sembrar desconfianza en sectores que lo habían comenzado a visualizar como un líder moderado y eficiente. La confusión que causó con el anuncio de paseos recreativos para niños también lo enfrentó con buena parte de la sociedad y con los principales gobernadores propios y extraños, como el de jefe de gobierno de la Ciudad.

Rodríguez Larreta tuvo tropiezos y no fueron menores. La causa por sobreprecios de barbijos golpeó de lleno en la imagen de transparencia de su gobierno. La prohibición a los adultos mayores de 70 años de salir a la calle sin permiso de la Ciudad lo enfrentó con el sector de votantes más fieles que tiene. Y el descuido de los geriátricos, donde podría haber culpas compartidas, también lo desgastó. Ahora intenta maximizar el cuidado, sin margen de error, sobre esos hogares y sobre las frágiles villas de emergencia que son muy proclives a contagiarse el coronavirus.

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Pero el Presidente también padeció sospechas de corrupción. Los sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social y en el PAMI todavía se investigan. En Desarrollo tuvo que generar una purga de 15 funcionarios de segunda línea, pese a que La Cámpora quería la cabeza de Daniel Arroyo -que Alberto pudo finalmente salvar- y Andrés Larroque se postulaba al cargo. Graciela Ocaña todavía investiga el alcohol en gel de Luana Volnovich, la camporista directora del PAMI.

Otros golpes fuertes fueron de orden económico. El Gobierno no pudo instrumentar en tiempo y forma los prestamos al 24% que anunció para que las Pymes paguen parte de los sueldos de marzo; se demoró más de la cuenta en el pago del IFE para 8 millones de beneficiarios, y todavía está remando para aplicar los pagos del programa de Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP) para ayudar a las empresas con los sueldos de abril. El malestar gana terreno en los pequeños y medianos empresarios.

Pero bala que le ingresó de lleno al Presidente, y la más inoportuna, fue la ola de excarcelaciones de presos peligrosos con el pretexto del Covid 19 impulsada por funcionarios, jueces y abogados abolicionistas. Se instaló en la sociedad que el peronismo –impulsado por el ala de Cristina Kirchner- querían aprovechar la pandemia del coronavirus para liberar a los presos por corrupción, pero también a los delincuentes comunes y entre ellos muchos homicidas, narcos, femicidas y violadores.

El presidente de la Comisión de la Memoria, Roberto Cipriano García, un militante K, lo dijo con todas las letras en un audio viralizado en el que los exhortó a “todos los compañeros detenidos” a presentar habeas corpus aprovechando esta oportunidad. El peligro que comienza a visualizar la sociedad es el Covid termine infectando y matando al Estado de Derecho.

Para colmo de males, Cipriano involucró al gobierno bonaerense de Axel Kicillof en la iniciativa, porque dijo que desde La Plata existía la “voluntad política” de vaciar las cárceles, aunque dijo “descomprimir”. Comenzaron a conocerse fallos y acordadas de la Cámara de Casación bonaerense (Victor Violini), de la Cámara Federal de Casación Penal (Angela Ledesma) que aconsejaban la excarcelación y prisión domiciliaria de los reclusos y les abría las puertas de las cárceles a delincuentes peligrosísimos.

Muchos funcionarios K, incluso Fernández, justificaron los fallos en virtud de aquellas sentencias de Casación, que invocan a la CIDH, y que ahora la propia justicia intenta revertir dando volteretas en el aire.

Luego de las encuestas preocupantes y del cacerolazo, Alberto Fernández y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, volvieron sobre sus pasos, se despegaron de esa ofensiva abolicionista, y aseguraron que nunca dictarán indultos ni conmutación de penas. Y que las liberaciones son responsabilidad de los jueces. La Corte provincial desactivó a los jueces más garantistas pidiendo que sean dos, y no uno, los que resuelvan.

Nunca nadie les había preguntado por indultos. Lo dijeron como un mensaje cifrado a un sector del kirchnerismo que reclama indultos internamente para los llamados “presos políticos” perseguidos supuestamente por la “justicia macrista”. Dicho sea de paso, Alberto Fernández debe comenzar a entrenar voceros idóneos de su gobierno, porque si todos los conflictos los va a comunicar él mismo en persona terminará en un mayor desgaste: todas las malas noticias le impactarán de lleno casi sin un equipo de fusibles que lo protejan.

La sociedad ya venía aguantando estoicamente las salidas de presos procesados y condenados por corrupción, como Amado Boudou, Julio De Vido, Luis D’Elía o Milagro Sala. El hartazgo fue total cuando un funcionario kirchnerista, Horacio Pietragalla, secretario de Algunos Derechos Humanos, pidió la libertad de Ricardo Jaime, que fue rechazada. La Casa Rosada lo desautorizó primero, haciendo trascender un enojo del Presidente y de Losardo, pero luego Alberto lo justificó en un reportaje radial.

Cuando la crisis de los presos parecía comenzar a ceder, el Honorable Congreso de la Nación dio a conocer la Resolución 6/2020 firmada por Cristina Kirchner y por Sergio Massa, presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, que otorgaron un plus a empleados legislativos, mientras que todos los sindicatos nucleados en la CGT negocian el recorte de salarios a cambio de evitar despidos.

Resulta irritativo por donde se lo mire. Mientras la enorme mayoría de monotributistas, cuentapropistas y autónimos, no cobra un peso desde hace 40 días por la parálisis, los trabajadores de la política ganarán más.

En la semana, Cristina Kirchner avanzó sobre las mayores cajas del Gobierno. Colocó a la camporista Fernanda Raverta en la Anses, que será la principal viga (financista) de la gestión; a Sergio Affronti como gerente general en YPF, y al camporista Larroque en Desarrollo Social de la provincia para compensarle su frustración de no remplazar a Arroyo.

Luego de semanas negras, y la última lo fue más aún, Alberto Fernández debe tomar una decisión política. No puede ceder tantos espacios al kirchnerismo como si aún fuera el jefe del Gabinete de la Señora.

Tiene serias amenazas latentes: la pandemia y la economía. No puede darse el lujo de agigantarlas con decisiones desatinadas. Quizás no pueda prescindir de apoyos políticos como los de Cristina o Moyano. Pero está urgido a encontrar un equilibrio para evitar que los cacerolazos se instalen como una rutina de sectores indignados que sospechan que a cada paso se los quiere avasallar mientras él sufre el desgaste de la furia de los mansos, en plena cuarentena.

 

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