El Gobierno destinará $ 850 mil millones a empresas para pagar sueldos, pero hay problemas de instrumentación

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En lo que prevé que será una cuarentena larga por la pandemia del Covid-19, el gobierno de Alberto Fernández amplió el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para que todas las empresas, sin importar la cantidad de trabajadores, puedan pagar los sueldos de abril con beneficios del 50 por ciento de los salarios. Sin embargo, entre los empresarios crece la incertidumbre porque todavía no está lista la instrumentación y el dinero no llega a las cuentas para poder satisfacer las urgencias de sus trabajadores.

La asistencia será a todas las empresas, sin importar el tamaño. Originalmente, el decreto 332 dispuso que se ayudaría a las empresas de hasta 100 trabajadores con el pago de un salario mínimo o parte del mismo, según la cantidad de empleados tuviera en su planta. Las de más de 100 trabajadores podrían solicitar un Repro especial.

Pero el decreto 376 del domingo 19 de abril dispuso ampliar el beneficio a todas las empresas, sin importar la cantidad de trabajadores de su planta. Y otra nueva resolución de la AFIP dispuso ampliar el plazo de inscripción en el organismo recaudador desde el 21 hasta el 23 de abril, pese a que el cierre de inscripción había sido el viernes último y se inscribieron unas 420.000 empresas, el 82% de los empleadores del país.

La nueva norma ordenó que se les pagará hasta el 50% de los sueldos, por un valor que oscilará entre un salario mínimo y no más de dos salarios mínimos, o sea entre 17.500 y 37.000 pesos, por trabajador. La inversión se estima en 850.000 millones de pesos, el 2,9% del PBI.

Sin embargo, según un relevamiento entre varios empresarios, todavía hay dificultades en la tramitación de los recursos y éstos no llegan a tiempo para pagar la primera quincena de abril a sus trabajadores. Muchas Pymes tienen además vencimientos en estos días de diverso tipo, tanto del impuesto del IVA, como de cargas patronales y pago de servicios de luz, agua o gas, cuyos intereses son excesivos.

También el decreto 376 ordenó otras asistencias a monotributistas y autónomos afectados en sus actividades como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus COVID-19.

“Hemos evaluado la necesidad de ampliar el paquete de ayuda y de hacerlo más sencillo”, expresó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una conferencia de prensa junto a su par de Trabajo, Claudio Moroni.

“Este paquete tiene como objetivo principal preservar el trabajo, preservar la economía nacional, dejar lo más fortalecido posible el entramado productivo para que después de esta pandemia esté lo más fuerte posible el aparato productivo”, señaló el ministro de la Producción.

Como parte de la ampliación del Programa, establecida por medio de una modificación al decreto 332, “el Estado Nacional va a pagar a través de la Anses al comienzo de mayo hasta el 50 por ciento del salario de todos los trabajadores del sector privado de empresas que se han visto afectadas por la pandemia”, indicó Kulfas.

“El 80 por ciento de los trabajadores del sector privado van a estar cobrando una suma que es la mitad del salario que cobraron en el mes de febrero completamente abonado por la ANSES”, sostuvo.

Además, el seguro de desempleo pasará de 6000 pesos a 10.000 y se brindarán créditos a tasa cero, sin costo financiero y con garantía estatal para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos. Los créditos tendrán un tope de 150.000 pesos y se comenzarán a pagar en octubre.

Esos préstamos se otorgarán mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), de 11 mil millones de pesos, mientras que el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) contará con 26.000 millones de pesos para respaldar el financiamiento.

Para obtener los beneficios del programa ATP, las empresas deberán pertenecer a actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan, tener una cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras con COVID 19, en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar, o haber sufrido una sustancial reducción de sus ventas con posterioridad al 12 de marzo.

También se estableció simplificar las condiciones para acceder a la reducción de hasta un 95% en el pago de contribuciones patronales; el beneficio no será exclusivo para empresas de hasta 60 empleados y las que tengan una mayor dotación de personal no tendrán la condición de entrar en un Procedimiento Preventivo de Crisis como primera instancia.

 

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