LUEGO DE FUERTES PELEAS INTERNAS POR LOS SOBREPRECIOS, ECHARON A 14 FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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Por Mariano Obarrio

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El escándalo de los sobreprecios por los alimentos para los pobres en la cuarentena provocó un huracán en el Ministerio de Desarrollo Social. El ministro Daniel Arroyo le aceptó ayer jueves 9 de abril la renuncia a 14 funcionarios de segunda línea de su cartera luego de que el miércoles último le había pedido la renuncia a Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de Política Social. De ese modo, se resolvió una dura batalla interna en la cual La Campora y los movimientos sociales le dieron un golpe político a los intendentes más cercanos al presidente Alberto Fernández.

Calvo representa a ese núcleo duro de intendentes albertistas del conurbano. Luego de una nota del diario La Nacion que consignó que el Ministerio había comprado alimentos para distribuir entre los sectores de más bajos recursos en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus, con precios por encima de los precios testigos de la Sigen, Arroyo comenzó una investigación interna en la cartera.

El primer paso fue pedirle la renuncia a Calvo, hombre cercano al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. En pocas horas, los 14 funcionarios de la Secretaría de Calvo presentaron su renuncia, que fue puesta a consideración de Arroyo, que lo consultó con el presidente Alberto Fernández en una reunión en Olivos. El jefe del Estado había ordenado apartar a todos los funcionarios que pudieran estar involucrados.

En el día de ayer, luego de un minucioso análisis del ministro, la cartera de Desarrollo Social comunicó a La Nueva República que le aceptó la renuncia a todos los que la habían presentado. Ellos son:

*subsecretario de Asistencia Crítica, Carlos Montaña;

* coordinador de abordaje territorial, Fabio Frega;

*coordinador de Depósito Metropolitano, Pedro Procopio;

*directora de Emergencia, Ana Barchetta;

*coordinadora de asistencia técnica directa, Carolina D`Ambrossio;

*directora de Asistencia Crítica, Florencia Plano;

*directora de Asistencia Institucional, Agustina Brea;

*director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle;

*director de Ayudas emergentes, Christian Escudero;

*coordinador de Asistencias a Instituciones No gubernamentales, Victor Oviedo;

*coordinador de Gestión de ayudas urgentes, Ignacio Sabaini;

*director de Talleres familiares, Gabriel Giurliddo;

*director nacional de Articulación Social, Federico Ludueña;

*director de Asistencia para Situaciones especiales Gustavo Cassieri.

Todavía no fue confirmado el reemplazante de Calvo, según confiaron las fuentes oficiales. Lo cierto es que la irrupción del escándalo desató todo tipo de peleas internas en el Ministerio. El sector de La Campora, que responde a Máximo Kirchner, respaldó a Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social, que originalmente había sido apuntada. Alonso es una ex novia del diputado Andrés “Cuervo” Larroque, secretario general de La Campora, que en los últimos tiempos volvió a estrechar filas con Máximo.

Otros sectores le apuntaron a Cecilia Lavot, la secretaria de Gestión Administrativa, que preparó la licitación. En la cartera que dirige Arroyo confiaron que Lavot elevó el pliego a Calvo con la advertencia de que había dos precios que superaban los valores máximos que fija la Sigen. Estos eran los precios del aceite y del azúcar.

En los demás precios se respetaban, según Desarrollo Social, los precios testigo de la Sigen, que suelen ser más altos que los precios de mercado y que los precios máximos de la Casa Rosada. La Sigen toma en cuenta que los proveedores del Estado fijan precios mayores porque contemplan la demora que suele tener el Estado para hacer sus pagos.

Sin embargo, la licitación fue estimada en 700 millones de pesos, mientras que algunas versiones periodísticas consignaron que el valor a precio de góndola de los mismos productos apenas superaba los 300 millones. “Pero los precios testigo de la Sigen son mucho más altos que en la góndola. Es por eso que los fabricantes de alimentos no le venden al Estado, porque no cobran en tiempo y forma, y ese negocio lo hacen los intermediarios”, señalaron en la Casa Rosada.

Calvo había sido ministro de Seguridad del municipio de Almirante Brown que conduce Mariano Cascallares y hace un año debió renunciar por una denuncia de corrupción, en un supuesto pedido de coima a una empresa de seguridad, que pese a que fue difundida en una cámara oculta, luego nunca avanzó en la fiscalía de Lomas de Zamora.

Calvo responde políticamente a Cascallares. Laura Alonso milita en La Campora y es muy cercana a Máximo y a Cristina Kirchner. En tanto, Lavot es cercana a Carlos Castagnetto, actual director de Recaudacion Previsional de la AFIP, que actualmente tiene línea directa con Máximo.

Algunas versiones dicen que la renuncia de Calvo obedece a una presión de La Cámpora para proteger a Laura Alonso. En tanto, otras indican que fue una movida de los movimientos sociales, que en Desarrollo Social tienen referentes de peso como Emilio Pérsico y Daniel Menendez.

Tanto La Campora como los movimientos sociales tienen un viejo enfrentamiento político con el grupo de los intendentes que integran Cascallares, Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; Juan Zavaleta, de Hurlingham, Juan Pablo de Jesus, del Partido de la Costa, y Gabriel Katopodis, ex intendente de San Martín y actual ministro de Obras Públicas. Todos ellos son el núcleo duro de los intendentes que rodean políticamente a Alberto Fernández.

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