OTRA MENTIRA: JUSTIFICAN EL ABORTO POR SALUD PÚBLICA, PERO NO CIERRAN CLÍNICAS CLANDESTINAS NI ATIENDEN LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE

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Por Mariano Obarrio.-

Las mentiras abortistas son evidentes. El gobierno de Alberto Fernández asegura que la legalización del aborto es una “prioridad por una cuestión de salud pública”: se siguen muriendo miles de mujeres en los abortos clandestinos. Sin embargo, luego de 80 días de gobierno el ministro de Salud, Ginés González García, no presentó ningún plan para combatir a las clínicas clandestinas, no hizo ni una sola investigación, denuncia, ni menos aún cerró ninguna.

Si realmente le preocuparan las muertes de miles de mujeres en los abortos clandestinos, tanto González García como la ministra de Seguridad, Sabina Friederíc, y la ministra de Algunas Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, deberían haber presentado un plan para combatir ese   flagelo del cual somos responsables todos los supuestos “antiderechos”.

No habría más que preguntarles a los familiares de las víctimas dónde fueron atendidas por inescrupulosos médicos que les causaron la muerte. La Dirección de Inteligencia Criminal podría detectar en una semana todos los centros clandestinos de abortos y en diversos operativos policiales se los podría allanar y detener por la violación del artículo 86 del Código Penal que pena a todos los médicos que causaren abortos sin mediar las causales de violación, salud o riesgo de vida para la mujer.

Pero Ginés González García no lo hace, ni tampoco lo hizo cuando fue ministro de Salud de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. Nunca combatió el aborto clandestino. Se lo pregunté especialmente en un debate en el programa A Dos Voces por TN el año 2018. Pero el ex ministro y ahora ministro no pudo responder cuántas clínicas clandestinas había clausurado, investigado o denunciado. Nunca lo hizo.

En materia de salud pública, existen otras prioridades infinitamente más urgentes que el aborto legal. No hay gasas en hospitales, hay demoras en cirugías, no hay quirófanos, no hay anestesias, no hay especialistas, no hay medicamentos, prolifera el dengue y otras enfermedades.

Por otra parte, los números no acompañan a quienes dicen que las muertes de mujeres son una epidemia imparable: en 2017, últimas cifras disponibles del Ministerio de Salud, hubo 19 muertes por abortos totales (no especifica si clandestinos o bajo el protocolo ILE) y 10.000 muertes por cáncer de mama en mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años. ¿Cuál es la urgencia, donde poner los recursos? Las muertes por abortos son el 0,5% del total de muertes en mujeres en edad fértil. Una mala noticia para las feminazis y las sororas. Sólo quieren el aborto por egoísmo, algunas, y porque es un gran negocio, otras. Y otros…

Por otra parte, el proyecto de legalización chocaría contra las necesidades de ajuste fiscal que requiere el Estado. Para instrumentar el aborto legal en todos los hospitales públicos del país, hasta en los rincones más alejados, hay que entrenar especialistas, disponer quirófanos, salas de urgencias, medicamentos, más personal. Y todo bajo un sistema de salud pública que no puede garantizar ni los turnos para los resfríos.

Es todo un gran disparate y un conjunto de falsedades. En un país con emergencia alimentaria y sanitaria, financiar el aborto sería equivalente al abandono de persona, un delito económico, una malversación de los recursos públicos. Los diputados y senadores del interior conocen cómo están sus hospitales y no están en condiciones de financiar el aborto. ¿Se aplicarán nuevas partidas en el presupuesto 2020 que ya está en déficit?

No hay recursos públicos para salvar vidas y quieren agregar más presupuesto en eliminar vidas no deseadas. Por otra parte, el gobierno reconoce el derecho a la vida de los bebés “deseados” y les otorga a sus madres alimento, vestimenta, tarjetas Alimentar. Y en cambio para los “no deseados” no les reconoce ni la justicia. Son descartables, no sirven, salieron fallados y hay que eliminarlos, gratis y en forma segura.

Por otra parte, seguro no es. El 31% de los abortos farmacológicos, muchos bajo el sistema ILE (no punible), con el suministro de Misoprostol, terminan en internaciones hospitalarias, infecciones y hemorragias que en algunos casos llegan a la muerte. ¿Cuál es la seguridad? La salud pública consiste en garantizarle a las mujeres que no lleguen al aborto.

Además, no es necesario seguir debatiendo algo que ya fue cerrado en 2018, cuando se paralizó el país y el Congreso por un debate entre verdes y celestes y se profundizó la grieta. ¡Quieren debatir el aborto antes que el Presupuesto 2020! El Poder Legislativo debe debatir los problemas reales de la gente: el hambre, el empleo, la pobreza, la seguridad, los impuestos, la productividad, la competitividad, el desarrollo productivo, la educación del futuro, la capacitación laboral para jóvenes…

Pero meten el aborto antes que todo eso. ¿No es sospechoso? Detrás del aborto se mueven miles de millones de dólares de fundaciones poderosas, grandes magnates, financistas y organismos internacionales. Cabe preguntarse cuál es el interés internacional por el cual tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández sacrifican lo importante por el aborto. En ello no hay grieta y son casi como hermanos.

Es muy claro: como el sistema público no podrá asumir el compromiso de cumplir con abortos por falta de financiamiento, las clínicas privadas multinacionales se encargarán de prestar el servicio. Y si sus clientes no pueden afrontar el costo, allí estará el Estado para sumar un nuevo gasto y un nuevo derecho, al igual que se sumaron 8 millones de planes sociales. Y la falta de responsabilidad sexual de nuestros jóvenes se transformará en otro gasto. Mientras tanto, el Gobierno no tendrá necesidad de buscar clínicas clandestinas para tapar su mentira.

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